¿Votar o no votar?, dilema ciudadano

En el contexto latinoamericano, el chavismo surge dentro de la tendencia general de los años 90 del siglo XX, denominada neopopulismo o neo-autoritarismo. Sus antecedentes pueden rastrearse hasta el peronismo, el velasquismo y el fujimorismo. Fundamentados en el discurso antipolítico, que invoca el desplazamiento de los partidos políticos en funciones de “gobierno” y “poder”, no implica, necesariamente, su extinción para salvaguardar las apariencias democráticas liberales hacia la coyuntura internacional, pero trae como consecuencia el menoscabo de la pluralidad política e institucionalidad liberal para ser sustituida por el estamento militar.

En definitiva, se caracteriza por la emergencia de outsiders antisistema, por el colapso del sistema de partidos políticos y por la construcción de regímenes autoritarios.

No se ignora la incapacidad de la dirigencia partidista tradicional –conservadora– y renovadora –liberal o socialista– para satisfacer las demandas sociales propias de las “grandes mayorías”, que son el producto de políticas populistas, esencialmente demagógicas. Se agravan por los populismos militaristas alternativos, más aún cuando buscan legitimarse a través del discurso de izquierda –peronismo, velasquismo, chavismo– y antiimperialista reactivo.

En última instancia: se fortalecen los privilegios del sector militar –hegemónico – convirtiéndose este en la nueva oligarquía, desplazando o conviviendo con los tradicionales o conservadores que se “cuadran”, “adaptan” o “negocian” con la élite emergente, legitimados por grupos de izquierda.

Autoritario desde el inicio

El “sistema político chavista” se caracteriza por un liderazgo que disminuye el papel de los grupos organizados y que, desde las altas esferas del poder, promueve la antipolítica. Esta es asumida como una fuerza personalista y mesiánica: Hugo Chávez se ubicaba por encima del resto de los actores políticos y desplazó a los partidos que ocuparon ese puesto durante la IV República. Desarrolló una “dinámica autoritaria”, modificando las condiciones de funcionamiento de la democracia liberal con acentuada arbitrariedad. Eliminó la prohibición de reelección presidencial inmediata, el control civil sobre el militar y la distribución institucional del poder, entre otros elementos.

Las expectativas creadas por su popularidad, la legitimidad electoral, la retórica populista y revolucionaria, la promesa antisistema y “de cambio”, el empoderamiento de sectores excluidos, los intentos de redistribución de la riqueza, el discurso antiimperialista, el apoyo cómplice de grupos izquierda y militares descontentos, hacen subestimar los rasgos autoritarios, sin advertir la pérdida del equilibrio de poder y la extrema concentración de este. Incluso, resultaba un planteamiento irónico argumentar un presunto espíritu democrático con manifestaciones autoritarias.

Destrucción de la democracia representativa

Chávez, legitimado popular y electoralmente al obtener una mayoría relevante, promovió un discurso sobre la democracia participativa, coartada que sostuvo y justificó su liderazgo personalista, antipolítico y autoritario, en ausencia de instituciones políticas sólidas de contrapeso y de una sociedad civil fuerte. Los equilibrios constitucionales mínimos no se respetaban.

La invocación a la “participación” se hace deliberadamente para debilitar y desnaturalizar el funcionamiento de la democracia representativa. Así también, se usa para enfrentar a las instituciones representativas, a sus actores y partidos políticos, con la finalidad de avasallarlos en nombre del protagonismo popular. Emergen los líderes fuertes con discursos alternativos, antisistema, que responsabilizan al neoliberalismo, a las instituciones representativas y a los partidos tradicionales de ser culpables de las crisis y no llegar a concretarse la alternativa de un gobierno participativo popular.

Dentro de este esquema, la oferta sobre “democracia participativa” terminó siendo sectaria, al tener por condición identificarse con las necesidades del “sistema político chavista”. En consecuencia, no necesariamente se “empoderó” ni se fomentó la autonomía de la sociedad civil y de las organizaciones populares de base.

Autoritarismo competitivo 

Se comenzó a hablar de autoritarismo competitivo, electoral o plebiscitario. Un régimen con legitimidad política, social y electoral, pero que no deja de manifestar rasgos autoritarios en lo político. No se respetan los derechos de las minorías. Se modifica el régimen legal, a través de manipulaciones judiciales. No existe equilibrio de poderes y se adoptan decisiones arbitrarias.

Su entrada al poder la logra a través de fórmulas democráticas. A pesar de reivindicar sus antecedentes golpistas, gana elecciones. Pasa por encima de la Constitución vigente, convoca la Asamblea Constituyente, disuelve el Congreso elegido y reconfigura todos los poderes del Estado bajo su hegemonía política. Chávez sería una manifestación temprana en el continente, con el antecedente de Alberto Fujimori. Pero vendrían otros, en distinto grado, como Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Daniel Ortega.

Tesis participacionistas

Fue para las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 que la oposición no presentó candidato presidencial. Denunció la falta de garantías electorales y de acuerdos, particularmente en la mesa de negociación que tuvo lugar en Santo Domingo. Fue único candidato el ex gobernador Henry Falcón, fuera de la Mesa de Unidad Democrática, órgano de negociación con el gobierno y la comunidad internacional. Desde ese momento, se señaló que el sistema político chavista y el presidente Maduro pasaron de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo hegemónico.

A nivel académico, se suscitó el debate sobre la participación electoral de la ciudadanía. Algunos sostenían que todo régimen no democrático formula dilemas estratégicos, para confundir y ganar espacios. Conforme a esta interpretación, el dilema consistiría en que la participación en las elecciones desplegaría todas las fuerzas para perder, y la no participación le facilitaba la legitimación social al oficialismo, porque no tiene contención, lo que le entrega cada vez más espacios y permite el avance del totalitarismo. Habría que evaluar cuál de estas decisiones tendría mayor capacidad y posibilidad de dar paso a la democracia.

Se asegura que el estudio de la literatura y la teoría política, construidas con base en experiencias y hechos históricos reales, llevan a concluir que muchas dictaduras han salido con votos. Algunas transiciones han empezado por procesos electorales, aun cuando se participa con las reglas fijadas por los regímenes autoritarios. Pero ello exige claridad en la estrategia. Esto, como vía para precipitar una crisis política mayor y sumarla a los otros elementos que son esenciales para “fracturar” la coalición dominante e impulsar la transición.

Tableros de ajedrez

Se asume que hay que jugar al mismo tiempo en distintos tableros. Entre ellos están la opinión pública nacional e internacional, la activación de los sectores sociales, la actuación de los organismos multilaterales. También, el accionar de los presidentes y parlamentos internacionales, conversaciones con y entre empresarios, así como la interlocución con el “chavismo moderado”.

Es igualmente necesaria la participación de la Iglesia, con sus valores espirituales; el comportamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, las negociaciones con el gobierno y otros factores de la coalición dominante. El último tablero es el de las elecciones. Teniendo  que participar, dar la pelea, documentar, reclamar, hacer campaña. Todo al mismo tiempo, siendo la base de legitimación social. No solo es el voto. Se trata del conjunto: es la gente, son los partidos. Siempre habría que dejar abierta la puerta de la negociación y hacerlo con acciones simultáneas.

Transición a la democracia

La tesis reconoce el paulatino autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro, calificado de hegemónico. En este particular, se advierten dos únicos caminos: o se procura el quiebre o colapso del régimen caracterizado por el autoritarismo, o bien se produce una transición negociada. No hay otras opciones.

Un trabajo de Adam Przeworski: “Algunos Problemas en el Estudio de las Transiciones a la Democracia”, señala que las protestas sociales, la movilización callejera continua, no derrumba ningún régimen en ninguna parte, porque finalmente la “fuerza bruta” es la que se termina imponiendo. A no ser que se dé una fractura en el núcleo del poder.

Mientras las Fuerzas Armadas no muestren más abiertamente sus fracturas internas, no queda más que presionar para que el régimen cumpla con la propia legalidad que proclama. El objetivo es sacar provecho de todas las oportunidades y espacios que se generen. Todo dependerá de qué tan electoralmente competitivo y dispuesto esté el régimen a compartir o, en el mejor de los casos, perder el poder.

En ese momento, se le debe presentar al ciudadano, como célula de la democracia, una alternativa creíble y vías que lo convenzan de que «el momento del cambio llegó”. Una opción que persuada a los “miembros sanos” del régimen de que no es posible continuar aferrándose al poder, porque el país podría ser llevado al caos y coetáneamente ponga “en ascuas” la viabilidad y supervivencia del régimen. Habría que efectuar un diagnóstico sobre si los sectores gobernantes tendrían incentivos o no para defeccionar o mantenerse leales al régimen.

Elecciones no competitivas 

Przeworski asevera que las elecciones, al menos las que son competitivas, hay que defenderlas, porque tienen muchas virtudes. Entre estas destaca que hacen que los políticos pongan atención a los ciudadanos, provocan que las decisiones colectivas reflejen la distribución de las preferencias individuales y permiten lograr la hazaña emocional de “echar a los bribones” y a los malos gobiernos.

En razonamiento en contrario, si en lo mínimo estas “virtudes” no se dan, no es necesario defenderlas. De hecho, no favorecen a la democracia sino al autoritarismo.

Otros aspectos

La extrema gravedad de la crisis no necesariamente juega en contra del régimen. Porque mientras sea más larga, complicada y profunda, la capacidad de protesta y de movilización se debilita. Si bien una profunda crisis social –económica, hiperinflación, carencia de servicios básicos y bienes– se expresa en el rechazo al gobierno y en la caída de su popularidad, esta no se traduce necesariamente en un debilitamiento del poder, porque esa es una característica propia de la legitimación de la democracia y no del autoritarismo.

Los regímenes cuya estabilidad se fundamenta en el sector pretoriano-militar, por lo general, están muy poco dispuestos a negociar posiciones tomadas. A menos que se plantee una situación que comprometa seriamente su sostenimiento o estabilidad.

La participación o no en un evento electoral dependería de la estrategia para lograr el objetivo. Para el gobierno, el objetivo es la conservación del poder “cueste lo que cueste”, estableciéndose un acuerdo mínimo común entre los factores oficialistas, que los hace adoptar una estrategia. En el caso de la oposición, no resulta cierto el haberse llegado a un acuerdo sobre lo que es necesario hacer.

Abg. UCAB – Lic. Estudios Internacionales UCV