Está por saberse si Cabo Verde acata el fallo del Tribunal de la Comunidad de Estados de Africa Occidental, el cual se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab y pide no extraditar a Estados Unidos al supuesto socio colombiano de Nicolás Maduro en el negocio de la importación masiva de alimentos racionados para Venezuela.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) falló este lunes contra la extradición del colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde a Estados Unidos, informaron fuentes de su equipo legal.
En una vista celebrada en su sede de Abuya, capital de Nigeria, el Tribunal de la CEDEAO, se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab. Pero está por ver si las autoridades caboverdianas van a acatar esa decisión.
El empresario colombiano fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal. Sobre él pesa una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
La corte africana además ordenó a Cabo Verde, país insular de África Occidental, el pago de unas costas que ascienden a unos 200.000 euros.
La Embajada de Venezuela en Senegal, encargada de Cabo Verde, también confirmó en su cuenta de la red social Twitter que el Tribunal de la CEDEAO «ordenó la liberación inmediata del embajador Alex Saab».
La corte «declaró que la captura y detención del embajador Saab fue ilegal, arbitraria y reconoce la violación de sus derechos humanos. La decisión involucra la suspensión de la extradición», indicó la legación venezolana en Dakar.
El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro. Saab alega problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas acabaron cumpliendo la orden.
Esa corte estimó entonces que la Justicia caboverdiana «actuó fuera de su jurisdicción», cuando lo detuvo el pasado 12 de junio para responder a la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.
El abogado nigeriano Femi Falana, quien ha dirigido el equipo legal ante la CEDEAO, dijo a Efe que el veredicto de la corte africana emitió este lunes «no puede ser ignorado» por Cabo Verde, que no tiene ya «otra vía» para mantener detenido a Saab.
El Gobierno caboverdiano, que debe responder al fallo, alegó varias veces en el pasado que las resoluciones de la corte africana no son vinculantes para el país. Pero los abogados de Saab refutan este argumento.
El exjuez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa internacional, exigió hoy a Cabo Verde que «cumpla sin dilación todos y cada uno de los puntos de esta sentencia».
Saab «no puede seguir sufriendo las consecuencias de esta detención ilegal y de un proceso de extradición que ahora se desvela como falto de sustento jurídico», agregó Garzón en un comunicado.
El Gobierno caboverdiano y una corte del país han aprobado la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Maduro «enviado especial» y «representante permanente adjunto» ante la Unión Africana.
La defensa del caso también apela ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
El pasado día 5, el gobierno de Venezuela exigió a Cabo Verde la «liberación inmediata» del empresario colombiano. Considera ilegal esa detención con el argumento de que las autoridades de ese país violaron su inmunidad diplomática.
«Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU», declaró a Efe el propio Saab, de 49 años, en una entrevista a comienzos de este mes.
Tras la detención de Saab, el régime n venezolano afirmó que él es ciudadano venezolano. También un agente del Gobierno que estaba «en tránsito» en Cabo Verde. Por todo eso sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL).
Esta firma es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido. Acusa a ambos de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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