Los acusados enfrentan cargos por «concusión, corrupción propia, abuso de autoridad y tráfico de influencias», principalmente, dijo Saab a la prensa.
Esta «depuración» se inició en agosto de 2017 cuando Saab fue designado fiscal general por la oficialista asamblea constituyente en reemplazo de Luisa Ortega, destituida por dicho organismo tras romper con Nicolás Maduro.
«Casi 90% pertenecen a la administración anterior», aseguró el funcionario, indicando que estas personas convirtieron su credencial del Ministerio Público en un «arma» para extorsionar a cambio de archivar investigaciones, liberar detenidos o entregar bienes confiscados.
Saab mencionó casos de fiscales que exigían hasta cientos de miles de dólares por liberar de culpa a personas presuntamente involucradas en homicidios, robos o lesiones, e incluso por ocultar expedientes.
Es «una cifra alarmante, pero al mismo tiempo revela la depuración que hemos ordenado cueste lo que cueste», sostuvo.
Maduro dijo que la pena de cadena perpetua sería para corruptos y traidores de la patria. Para ello, buscará impulsar la reforma de la Constitución, que hasta ahora solo admite una pena máxima de 30 años
El traslado de El Aissami se hizo con la máxima seguridad disponible. El Ministerio Público consideró que la trama de corrupción era una manera de "destruir la economía y generar el alza astronómica del dólar paralelo"
Petro, considerado un aliado de Maduro, calificó la semana pasada de "golpe antidemocrático" la sanción contra Machado en un inédito pronunciamiento
