Rodrigo Diamanti: “El gobierno no podrá hacer nada para detener el mecanismo de la CPI”

Tres ONG establecieron la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad con equipos en varios países a objeto de identificar y documentar delitos cometidos por órganos del Estado y que podrían sustentar el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional

Rodrigo Diamanti: “El gobierno no podrá hacer nada para detener el mecanismo de la CPI”

A pesar del temor a las represalias que puedan sufrir familiares que se encuentren en Venezuela, cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han tenido que emigrar a otros países están ofreciendo sus testimonios y vivencias padecidas en Venezuela para ser procesadas por expertos y que sirvan de soporte a las denuncias que formarán parte de las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) una vez que el Caso Venezuela, pase de la fase de exámenes preliminares.

Para apoyar esta compleja tarea se creó la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad, una alianza entre las ONG Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, que conecta a equipos de voluntarios en Venezuela y en los países donde hay mayor presencia de venezolanos migrantes.

Rodrigo Diamanti, director de Un Mundo sin Mordaza, explica que el reto que va a tener la Corte Penal Internacional (CPI) cuando el caso Venezuela pase a la fase de investigación es cómo tener los testimonios de esa cantidad de venezolanos que se fueron del país y sufrieron persecución, tortura, tratos crueles e inhumanos, asesinatos de algún familiar, especialmente en el marco de las protestas de 2014 y 2017.

Esos testimonios son fundamentales y ya no es tan sencillo rastrear a las personas con esta emigración tan desorganizada y masiva que ha ocurrido, indica Diamanti.

“Esta red lo que hace es buscar hasta debajo de las piedras a todas esas personas que han sufrido estos delitos y hacer que sus casos lleguen a la Corte. Buscamos que ningún caso marcado como delito de lesa humanidad quede sin que sea documentado correctamente y que pueda ser utilizado para sustentar la investigación que lleva la Corte Penal, porque ha sido secuestrada la justicia en Venezuela y ya no es posible esperar justicia en el país”.

-¿Cuántos voluntarios están trabajando en esa tarea de identificar y documentar sus historias?

-A través de campañas en redes sociales y en medios informativos hemos puesto en marcha esa tarea de localizar a las víctimas. Esta actividad la están llevando unos 60 documentadores en Venezuela y en siete países, pero esperamos que el reto sea aun mayor para llegar a todos esos destinos adonde han ido venezolanos. Este es un proceso que toma su tiempo, en el que la Corte Penal, para tener resultados, se puede tardar de tres a cinco años y esperamos que ese tiempo sea suficiente para poder conseguir los testimonios de todas esas víctimas.

-¿Cómo ha sido la experiencia para contactar a estas víctimas y cuáles han sido los mecanismos para localizarlas y documentar sus testimonios?

-Una de las fórmulas más frecuentes ha sido a través de las redes sociales, pero además en organizaciones de refugiados, en zonas de fronteras, a través de organizaciones de derechos humanos que trabajan en otros países y que apoyan a estas personas que han pedido asilo, ya que la mayoría de ellas han sido perseguidos políticos por disentir, protestar y oponerse al gobierno.

Los documentadores están entrenados para hacer este trabajo de localización de víctimas y documentación de los testimonios con el debido tratamiento. Cuando se trabaja con las víctimas, al prestar su testimonio, vuelven a vivir episodios dolorosos como las torturas, persecución, pérdida de un familiar y por lo tanto tienen que ser documentadores entrenados para abordar esto de la manera menos dolorosa posible para la persona que accede a ofrecer su testimonio. Esa es la única manera de obtener la data necesaria para documentar el delito.

-¿Sigue habiendo temor en las víctimas a la hora de confesar y declarar el drama sufrido y que han tratado de dejar atrás al emigrar, incluso para acceder a asistir como testigo en un proceso jurídico internacional que puede llevar muchos años?

-Hay miedo y temor de que pueda haber represalias contra algún familiar que siga viviendo en Venezuela, pero también hay frustración por que luego de tantos años no se pueda conseguir justicia. La experiencia es que las víctimas se sienten bien al ser escuchados y narrar sus historias con expertos. Luego de dar los testimonios se les hace llegar el caso por escrito para que lo puedan revisar y ajustar lo que sea necesario y poder enviarlo a la Corte Penal Internacional. Cuando se cumple todo ese proceso ellos sienten que su esfuerzo de denunciar no ha sido en vano, que su testimonio va a ser estudiado. El hecho de que pueda servir para hacer justicia es un alivio para ellos. ¡Por fin pude ser escuchado! Es una expresión común en los declarantes.

Aunque hay casos en que sienten gran frustración por no obtener justicia, lo que hemos observado de cómo ha funcionado esta tarea -y a propósito de la visita a Venezuela del Fiscal de la CPI- se piensa que finalmente es un mecanismo que sí ha avanzado y que el gobierno no podrá hacer nada para detenerlo. Todo lo que vamos documentando se maneja de manera confidencial, lo cual le da mucha tranquilidad a la víctima.

La única manera de detener este proceso sería que el régimen realmente investigara desde a Nicolás Maduro hacia abajo, los altos funcionarios del SEBIN y la Digecim, autoridades de la GNB, es decir a los responsables de ese control absoluto sobre la población que se ha traducido en detenciones, asesinatos y torturas y que esos máximos responsables sean llevados a la justicia. Solo de esa manera la Corte Penal Internacional no tendría necesidad de investigar y actuar para aplicar justicia. Pero es evidente que eso no es posible en Venezuela.

CPI

-¿Al pasar a la etapa de investigación algunas personas, exfuncionarios y funcionarios activos podrán ser llamados a declarar?

-Nosotros tenemos mucha esperanza y eso se lo trasmitimos a las víctimas. Al abrirse la investigación, la CPI comenzará incluso a llamar a altos funcionarios del Estado, jueces, fiscales, policías, lo que significa que se comenzará a sentir la presión de la investigación. Muchas de esas personas y víctimas serán contactadas desde la Corte.

-¿En qué países han localizado víctimas de violación a derechos humanos?

-Los principales países en los que hemos trabajado hasta ahora son Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, Perú y España, pero esperamos seguir ampliando este trabajo. Ya comenzamos a contactar casos en Panamá y evidentemente también estamos documentando casos en Venezuela, no solo los que emigran.

-¿Son jóvenes las mayoría de las víctimas?

-Sí, en su mayoría, pero hemos documentado a personas de diferentes edades.

-¿Quiénes son y qué exigencias se tienen para hacer esa tarea tan delicada de documentadores de estos casos?

-La mayoría son abogados, pero hay de otras profesiones como sicólogos, y formados en otras áreas técnicas que son entrenados y pasan por cursos que hacemos en línea para prepararlos para esas tareas. Lo importante es que son personas que tienen inquietudes por ayudar en este trabajo y son sensibles a todo lo que ha ocurrido que con estas violaciones a los derechos humanos.

-Hay muchos emigrados que en algún momento estuvieron en cargos públicos y formaron parte de la estructura gubernamental pero se han apartado del gobierno y manejan mucha información. ¿Ese tipo de exfuncionarios pueden ser útiles en estas investigaciones? ¿Cómo deben ser tratados esos casos?

-Esta es una investigación de muchísimos crímenes que se han cometido durante muchos años. Toda la data, toda la información que pueda ayudar a sustanciar estos crímenes, no solo es útil sino necesaria. Así que para nosotros, para la CPI es sumamente importante que todo exfuncionario pueda hacer llegar sus denuncias al Fiscal de la CPI, sobre todo en esos casos en los que recibieron órdenes de tortura, o de persecución por razones políticas. Esos funcionarios, que por una razón o por otra, o por miedo, prefirieron no llevar la contraria y doblegarse al poder, ahora tienen una gran oportunidad para resarcir su conducta y denunciar ante la CPI. Su testimonio vale tanto como el de una víctima, especialmente si tienen pruebas pueden ir a denunciar estas políticas de Estado de persecución, tortura y asesinato. En casos que yo mismo conocí, jueces tomaron decisiones contrarias a la víctima para no perder su jubilación y por temor a las represalias.

-Hay varias ONG muy reconocidas haciendo trabajos similares. De pasar el caso Venezuela a la etapa de investigación, ¿existe contacto entre ustedes para intercambiar información y hacer más efectivo el trabajo de documentar los casos?

-Nosotros cuando atendemos a una misma víctima llevamos el caso en conjunto coordinadamente, en eso estamos organizados. Son muchos casos y hay pocos recursos. Una vez que comience la investigación, los abogados de las víctimas serán contactados por la Corte Penal, en la que también está la defensa pública de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Corte. Pero también pueden escoger un abogado de su confianza. No todas las víctimas van a ser contactadas por la CPI, porque ellos van a ir dando prioridad a los casos que tengan más solidez y sean esclarecedores de los delitos investigados de manera de avalar sus testimonios ante la Corte.

Desde nuestras organizaciones estamos abiertos a cualquiera que haya sido víctima de esta violaciones de derechos humanos desee contactarnos. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico unmundo@sinmordaza.org para que nos hagan llegar su caso y así su denuncia llegue ante la CPI.

-¿Cual es su opinión sobre esta visita a Venezuela del Fiscal Karim Khan de la CPI?

-Vemos en la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional el gran interés en la situación de Venezuela, aunque el gobierno intente venderlo como que tienen un trato con la Corte no hay que olvidar que la razón principal de que el Fiscal esté de visita en Venezuela es porque es prioridad para él, de los contrario no estaría aquí. Hay que verla con buenos ojos así intente el gobierno mostrar que tiene una relación cordial con la CPI. Al final, no hay nada que puedan hacer porque los crímenes que se están investigando ya ocurrieron. No tiene relevancia que ahora pinten las cárceles o ubiquen a los presos en condiciones más humanas, y saquen a los prisioneros de La Tumba, porque son delitos que ya ocurrieron y han sido documentados por distintas ONG y organismos internacionales como la ONU y la OEA.