Policías y militares ejecutaron a 73 presuntos delincuentes en noviembre

Según la ONG Control Ciudadano, el estado Sucre tiene la mayor incidencia con 23 abatidos, 22 de ellos "presuntos integrantes de la banda Tren del Llano"

Policías y militares ejecutaron a 73 presuntos delincuentes en noviembre

La ONG venezolana Control Ciudadano informó este lunes 6 de diciembre que 73 ciudadanos fueron “abatidos” por policías y militares en noviembre.

Los responsables de estos ajusticiamientos fueron funcionarios de órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Solo en noviembre de 2021, Control Ciudadano contabilizó 73 abatidos en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB. Esto en operaciones en 13 entidades regionales del país”, dijo la ONG.

Según la organización, Sucre, en el oriente del país, es la región de mayor incidencia con 23 “abatidos”. De ellos, 22 eran  “presuntos integrantes de la banda Tren del Llano”. Murieron en un operativo efectuado el 7 de noviembre, en acción conjunta de cuerpos policiales y militares.

En la lista siguen los estados Zulia con 12 “abatidos”; Monagas, con 7; Miranda, Portuguesa y Caracas, con 6 cada uno; Aragua y Bolívar, con 3 en cada región; Carabobo y Barinas, con 2 cada uno, y Falcón, Guárico y Táchira, con 1 registro en cada estado.

FAES la vega

Ejecuciones extrajudiciales

Control Ciudadano aseguró que “la mayoría” de estas muertes pueden ser calificadas como “ejecuciones extrajudiciales”. Presumen violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Además, destacó que “ninguna mujer aparece en el registro”

presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, aseguró que “la práctica de ejecutar presuntos delincuentes es una política de Estado” en Venezuela.

Indicó que “la regla de empeñamiento de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB en procedimientos de seguridad parece ser ‘disparen a matar’, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”.

La ONG hizo un llamado al Ministerio Público para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de fuerzas militares “se adelanten las investigaciones correspondientes que permitan determinar responsabilidades de ser el caso”. Pidieron un fondo financiero que permita reparar a las familias de las víctimas.

En octubre, Control Ciudadano recordó que “es importante” que “se determine la responsabilidad de los superiores”. Esto incluye a civiles y militares y los crímenes y violaciones de derechos humanos previstos por el Estatuto de Roma.

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