Aunque la justicia británica decidió extraditarlo, el fundador de WikiLeaks aún tiene chance de evitarlo pues la última palabra la tiene la ministra del Interior, ante quien podrá exponer sus alegatos hasta mediados de mayo
La justicia británica emitió este miércoles la orden formal para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Ese país lo reclama para juzgarlo por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.
La orden será ahora enviada a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición. Como último recurso, la defensa de Assange podrá evitar la extradición exponiendo sus alegatos hasta el 18 de mayo.
La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano, 50 años, por la difusión en WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses.
De declararlo culpable, Julian Assange se expone hasta a 175 años de cárcel. Sus defensores, entre ellos organizaciones de Derechos Humanos, consideran que es un ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma por su parte que el australiano no es periodista sino pirata informático. Lo acusa de arriesgar la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
El 14 de marzo la Corte Suprema británica desestimó un recurso de Julian Assange para apelar contra su extradición.
"El tribunal admite el recurso", se limitó a decir el juez Timothy Holroyde ante una sala abarrotada por la fuerte expectación mediática del caso. La extradición fue rechazada en enero porque la jueza del caso consideró que podía suicidarse
Del aura que envolvía al juez que combatía a los tiranos queda sencillamente el recuerdo. De aquel magistrado que se ganó las simpatías del movimiento de derechos humanos ahora es un abierto defensor del chavismo
Comienza un nuevo capítulo en la historia de Alex Saab: el Tribunal de Apelaciones decidió que sea extraditado a Estados Unidos, donde tiene un grueso expediente de irregularidades y delitos vinculados a sus negocios con el gobierno venezolano. La defensa del empresario colombiano asegura que acudirán a la Corte Suprema de Cabo Verde
