Con la boleta de excarcelación de un pariente en la mano, Mónica Oviedo reclama a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal, que el joven aún continúa detenido en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO).
El familiar de Oviedo paga una condena de siete años y seis meses, cumple seis años y tiene la boleta de libertad emitida desde el 5 de marzo por el Juez Cuarto de Ejecución, pero aun nada que le dan la libertad. “La respuesta que me dan es que la excarcelación debe venir autorizada desde Caracas”, dice.
La situación no es exclusiva de Oviedo, se repite y se hace consecutiva en el poder judicial y es por eso que familiares de reclusos decidieron protestar frente a la sede de los tribunales del Táchira. Cada uno expuso su caso y pidieron a las autoridades que imparten justicia no hacerse sordos a la solicitud de libertad.
Yoiner Ruiz es un joven de apenas 19 años de edad. Su madre fue condenada por narcotráfico a 12 años de prisión de los cuales ha cumplido seis años y ocho meses. Desde el primer momento de la reclusión la madre de Yoiner se dedicó a trabajar y a estudiar dentro del penal, acción que la hace optar a un beneficio para saldar parte de la condena.
“Nos dejó a mí y a mis dos hermanas de 16 y 11 años, solos. El papá de mis hermanas está fuera del país y no está pendiente de ellas. Mi papá también está fuera del país y el ultimo apoyo que habíamos tenido era nuestra abuela, pero ella falleció por lo que me ha tocado a mi dar la cara por mis hermanas”, relató el introvertido joven.
Con la madre en la cárcel, la situación de la familia se complica porque lo poco que gana Yoiner como ayudante de refrigeración, no alcanza para mantener a sus hermanas menores y cubrir los gastos que acarrea la prisión de la mamá.
“Desde que cumplí la mayoría de edad me he encargado de venir al tribunal para averiguar por mi mamá y conocer los beneficios que se puedan solicitar para lograr su libertad. La respuesta que me dan es que no se pueden procesar causas de ningún tipo por la pandemia lo que aleja las esperanzas que mi mamá salga por algún beneficio”.
La madre de Yoiner tiene una hernia en los discos lumbares por lo que amerita un tratamiento médico que no está recibiendo a lo que se suma la mala alimentación que recibe.
Piden cumplir redenciones
Múltiples sacrificios deben enfrentar los familiares de los reclusos que viajan desde estados del centro y oriente del país hasta el Táchira, y a pesar de haber cumplido el periodo que los hace acreedores de beneficios, la redención no se otorga.
María Figuera es madre de un recluso del Centro Penitenciario del Occidente (CPO), que cumplió ocho años de condena y se le otorgó el beneficio de mínima favorable, sin embargo, la progenitora lleva dos meses esperando la ansiada libertad de su hijo.
“Mi hijo ya cumplió cinco años de los ocho a los que fue sentenciado, cumplió todas las redenciones y no lo han soltado. No me puedo ir de aquí (Táchira) sin llevarme a mi hijo porque aquí todo se paga en dólares y uno no los tiene, no aceptan bolívares y yo soy profesora jubilada y no gano dólares”, explicó Figuera.
Las respuestas que dice haber recibido Figuera, es similar a la de Mónica Oviedo: esperan la orden de Caracas para otorgar el beneficio. “La misma respuesta me la ha dado en tres oportunidades que he venido a hablar con él, yo pienso que el juez, debería tener potestad de decidir”.
Comentó que la situación de los reclusos del CPO es deplorable. Por ejemplo, su hijo ha perdido peso. Se quejó de la ex ministra Iris Varela por no haber atendido durante su gestión a los reclusos del Táchira, aún cuando ella es del estado andino.
Denunció que existen retrasos en la entrega de los cómputos o simplemente no los entregan. Tampoco se están realizando los traslados a quienes requieren presentarse a las audiencias preliminares porque no existen transporte para hacerlo.
Figuera ha viajado desde Anaco, estado Anzoátegui, hasta Barinas, luego para entrar al Táchira por la Pedrera, después a Abejales y otros múltiples trasbordos, para llegar a San Cristóbal y realizar los trámites pertinentes a la redención que corresponde a su hijo.
“Un angelito que encontré me dio hospedaje todo este tiempo en Ureña. Anoche dormí en San Cristóbal en casa de una señora que me ofreció hospedaje. Tengo que andar así de casa en casa porque no soy de aquí”, explica.
La madre del recluso comentó que para llegar al Táchira gastó 100 dólares que tardó varios meses en reunir: “Duré más de un año sin venir porque tuve que reunir y cambiar bolívares a dólares hasta que pude juntar lo del pasaje y poderme regresar con mi hijo”.
La justicia es de Dios
A propósito de los anuncios que vaticinan una reforma del sistema judicial, Laidy Dayana Jurado, hermana de otro de los penados recluidos en el CPO, dice que solo confía en Dios, el único que tiene misericordia de los familiares de los reos.
“Mi hermano no ha recibido el beneficio de poder salir, sé que él cometió un error, pero creo que ya es justo de ayudarlo para que salga”. Exigió respeto a los derechos humanos y dijo que haber cometido un error no es motivo a que los olviden y no les presten la debida atención.
Pidió colaboración para lograr la libertad de su hermano que se encuentra detenido desde hace nueve años y seis meses, actualmente tiene tres redenciones.
Cada vez que Dayana visita a su hermano, aseguró salir desmoralizada del lugar de reclusión debido a las condiciones en las que se encuentra. A pesar de que hace todos los intentos por visitarlo regularmente y llevarle comida, la situación se vuelve difícil porque la realidad económica de la familia resiente lo que sucede en el país.
“Nadie sabe por lo que uno tiene que pasar cuando tiene un familiar preso. Ellos sufren por las precarias situaciones en las que se encuentran, no hay alimentos, tuve que llevarle unas medicinas porque se puso muy enfermo del estómago porque no comen buenos alimentos. Lo que uno pide es que le echen la mano para liberarlo”, dice Dayana.
Al pariente de Jurado le restan dos años y nueve meses para terminar la pena, prácticamente con el tiempo que ha cumplido en el reclusorio ya purgó la condena, se encuentra en lo que se conoce como la plena.
Ordenan no dar redenciones
La abogada Raíza Ramírez, representante del Observatorio Venezolano de Prisiones en el estado Táchira, acompañaba a los familiares de los reclusos. La jurista aclaró que no forma parte de la protesta que fue convocada por iniciativa de las propias familias que reclaman la libertad de sus parientes.
“Ellos protestan porque sus familiares tienen las tres cuartas partes de la condena cumplida que es lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal para optar por la medida de confinamiento que es el último beneficio que establece la ley”.
En la mayoría los casos se han cumplido las tres cuartas partes de la pena y no se les otorga la libertad.
La abogada explicó cómo se computa la pena de un recluso: “La pena que llevan en físico más cuatro meses anuales que se suman por trabajo y estudio que es lo que se otorga por redención. Los jueces verbalmente manifiestan que no tienen ordenes de dar la redención y ellos no deberían esperar ordenes porque para eso está el Código Procesal Penal que establece cómo es el proceso que se debe llevar por un tribunal de ejecución”.
El presidente de la república ordenó que en un lapso de 60 días se debe otorgar la libertad, admisión de hechos y traslados a las cárceles de los que no puedan salir en libertad. La acción pudiera verse como un beneficio y ojalá así fuera, pero también representa un peligro porque existen más de 43.000 privados de libertad en centros policiales y si no se realizan bien los procesos de estas personas, serán trasladadas a las cárceles venezolanas y van a producir un hacinamiento mayor, además de no tener comida.
“Los presos veces comen solo tres arepas con hambre al día. Digo con hambre porque no tienen relleno de ningún tipo”.
Los familiares de los presos piden beneficios de ley, no piden impunidad, ya sus familiares tienen la pena cumplida, los jueces deben sacar los cómputos
