Un negocio millonario prospera con la reventa de gasolina para uso en las minas del estado Bolívar, mientras los ciudadanos comunes están obligados a hacer colas de largos días en las bombas de Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y el pueblo de El Callao.
El estado Bolívar, rico en recursos naturales y mineros de todo tipo, representó hasta hace dos décadas la alternativa no petrolera de Venezuela. Pero la vida les cambió por completo a los habitantes de esta entidad que ocupa la cuarta parte del territorio de este país en crisis perpetua, bajo el régimen socialista del chavismo. Allí hoy falta de todo: desde la gasolina y el agua, hasta la justicia y la seguridad.
Todas las empresas básicas procesadoras de hierro, aluminio y energía eléctrica están quebradas. Los hospitales públicos están en condiciones deplorables, como los de todo el país, sin las más mínimas condiciones para atender dignamente a la población.
Bolívar es una de las cinco entidades más violentas de Venezuela según su tasa de homicidios, 62 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Guayana (12) y Ciudad Bolívar (18) están entre las 20 ciudades más violentas del mundo por el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el último estudio anual de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
México es el epicentro de esta violencia, con 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo.
El estado Bolívar, -fronterizo con Brasil y Guyana- y sus principales ciudades fueron polos de atracción para migrantes de toda Venezuela y del resto del mundo, gracias a las cuantiosas inversiones en industrias pesadas y mineras en las riberas del río Orinoco con las que el país pretendía diversificar sus exportaciones.
Todas esas empresas públicas y las que fueron expropiadas como la siderúrgica Sidor, están paralizadas, arrojan enormes pérdidas y sus trabajadores más calificados tiene salarios de hambre.
Ese colapso económico y social explica en buena parte el auge de la violencia criminal que hace tiempo escapó del control del Estado.
Hoy, Ciudad Guayana es una ciudad inmóvil: desde hace un año y medio aproximadamente no hay combustible para vender al parque automotor de los particulares manera normal y fluida.
Hay una gran explicación predominante: ¿para qué venderla al precio internacional de $0,50 por litro en una estación de servicio legal en Puerto Ordaz, San Félix o Ciudad Bolívar, si en las minas al sur del estado la pueden vender a cambio de oro y obtener miles de dólares en cada envío?
En las minas, el combustible es usado para mover bombas y compresores de alta presión que derriban taludes a las orillas de ríos y arroyos, dejando una enorme destrucción por cada kilo de oro procesado.
También se usa para mover los vehículos livianos de las mafias que controlan el territorio y para mantener activa la red de suministro de comida, materiales, herramientas y mujeres en las minas.
Esas zonas en conflicto, disputadas por militares, guerrilleros, narcotraficantes y mineros ilegales, son a menudo escenario de crímenes horrendos.
En Venezuela rigen dos sistemas de venta de combustible: al precio internacional, cada vez más frecuente.
También están las de precio subsidiado, donde es prácticamente gratis en dinero, pues después de horas y hasta días y semanas en cola, es posible llenar un tanque con un dólar al precio oficial. Pero que dejar de propina unos $20 a militares y policías que cuidan las estaciones de servicio, según evidencias recabadas por periodistas y conductores comunes.
Habitantes de la población minera de El Callao, cerca de la frontera con Guyana, denuncian a baja voz que una corporación militar es la gran beneficiaria de esta millonaria maquinaria de hacer dinero con la venta de gasolina a mineros y pranes (jefes de bandas criminales con conexión en los presidios) que son los únicos que pueden pagar el combustible.
En Venezuela los militares ocupan posiciones de predominio en todas las empresas publicas, en los ministerios más importantes y controlan territorios por encima de las autoridades civiles electas por sufragio.
Adalberto Romero cuenta desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, que allí cada persona puede recargar combustible solo una vez al mes.
“Venden gasolina una o dos a la semana por número de placa, al que no le tocó debe esperar hasta la otra semana y si tiene suerte. En las semanas radicales (de cuarentena total) no venden». explica.
Los uniformados no dejan hacer la cola cerca de las bombas, «no sé qué quieren tapar», dice.
«Te ponen a hacer las colas en otras zonas lejos de las bombas, ahí te marcan el carro, pero puedes pasar hasta cuatro días para eso. Lo más terrible es que pasamos hasta tres y cuatro días en la cola, dormimos en la cola, comemos en la cola bajo el sol, hay que estar pendiente de los malandros. Todo, sólo para que te marquen y vayas a tu casa y vuelvas cuando toque tu número de placa. Sólo te venden 30 litros. Es una verdadera desgracia”, dijo Romero, un vecino de la zona.
Toda esa situación se da en una estación de servicio que vende el combustible en dólares a precio internacional.
En las bombas subsidiadas las colas pueden durar más de una semana, con el añadido que de los clientes tienen que lidiar con los “pranes de las colas” que venden los puestos, en complicidad con la policía local, explica Romero.
El teatro socialista
Jhonatan Peralta vive en las Colinas de Unare, una zona popular de Puerto Ordaz. En la entrada de esta zona hay una estación de servicio.
Los antisociales que dominan este lugar son los “dueños” de las colas para surtir gasolina. Dirigen quien echa gasolina en su vehículo y quien no, con la mirada complaciente de los militares que está apostados en dichas bombas, relató este testigo.
“Una vez estaba en una cola desde las 4 de la mañana. Pasaron seis horas, eran las 9 de la mañana y nada que abrían la bomba para surtir. Según dijo un guardia estaban esperando que llegara la gandola de Pdvsa» (el camión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con capacidad para 36.000 litros.
«Cerca de la una de la tarde apareció la gandola, pero, no entró en la bomba, se paró afuera. Detrás venían dos motos con cuatro guardias nacionales y se pararon a un costado, frente a la gandola y la bomba, tomaron una foto a la gandola y se fueron, con la gandola. Seguidamente, los guardias abrieron la bomba y comenzaron a vender gasolina”, que sí tenían ya guardada, comentó Peralta.
Los jefes de estas mafias mandan el camión a la bomba, hacen tomar la foto en el lugar para que se crea que están surtiendo a los conductores comunes. Pero de inmediato se la llevan llena de gasolina a las minas. Porqué ahí es donde está el verdadero negocio redondo.
En teoría, al precio de venta internacional al consumidor final en las estaciones de servicio, una camión de esos vale unos 18.000 dólares.
Pero en las minas ese valor comercial sube más de tres veces.
La población de El Callao, donde hay habitantes venidos de las Antillas, tiene una historia de 150 años de minería legal e ilegal, artesanal e industrial. Sus pobladores hoy denuncian que están en manos de militares, de la llamada Corporación Minera de Venezuela (CVM) y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas.
El llamado «Arco Minero», una enorme zona de explotación en Guayana es la principal apuesta del régimen socialista de Maduro para sortear la enorme escasez de recursos traída por la quiebra de la industria petrolera. Los desarrollos de minas, con socios privados extranjeros y venezolanos están en manos de militares de alto rango, que a su vez son el principal soporte armado estratégico del chavismo en el poder.
«Mi compadre, vea esta cuentica: esto es una sinvergüenzura inmensa, unos se hacen ricos y el pueblo pasando trabajo”, dijo Carlos Hamilton, un viejo habitante del municipio El Callao.
Hamilton tenía sobre la mesa una hoja blanca de papel sobre la cual comenzó a explicar su vivencia. Escribía, sumaba, multiplicaba y así describió la situación para El Estímulo.
“Una gandola full de gasolina lleva aproximadamente 36.000 litros. Esos son 171 tambores de 210 litros cada uno», expone.
«En el Complejo Domingo Sifontes y en Minerven en El Callao, un tambor de gasolina que se los venden a los mineros afiliados a la CVM, cuesta nueve gramos de oro”, explicó Hamilton.
Este complejo ubicado en el sector minero de Nacupai estuvo tomado por delincuentes y pagaban la gandola con un kilo de oro. Un kilo del metal precioso actualmente en El Callao se paga a 53.000 dólares. Ese negocio ahora es del régimen, aseguró.
“El valor de ese tambor es de 9 gramos de oro, si multiplicamos 171 tambores de gasolina por el valor de nueve gramos de oro, nos da un total de 1.542 gramos de oro de la mina, sin procesar. Cuando uno le calcula una merma o pérdida de 13% después del proceso de fundición y análisis, quedan 1.342 gramos de oro puro.
«Si multiplicas esos gramos por 53 dólares el gramo, que es como lo pagan aquí en El Callao, eso es igual a 71.129 dólares por gandola”, afirmó el viejo minero.
“Mijo eso es un negoción, son seis gandolas semanales, saca la cuenta, rapidito: 426.778 dólares semanales, lo que es igual a 1.707.113 dólares al mes, ni Donald Trump vendiendo apartamentos en Miami en un año se gana eso”, exclamó Hamilton.
Explica que tuvo que pagar un recipiente de 70 litros esta semana por tres gramos de oro para poder mover su vehículo.
“Todos caemos en ese sistema tarde o temprano”, aseveró.
Indicó que las autoridades apoderadas de esa estructura corrupta, se compadecieron la semana pasada y vendieron algo de gasolina al pueblo del Callao. Un solo día. Pero ahí también hay corrupción, te venden un litro de gasolina en 2.500.000 bolívares (cerca de $1,30 por litro).
Pero antes de eso no hubo combustible en El Callao desde noviembre de 2020. Fue la última vez que vendieron.
Camiones transporten mineral aurífero hacia las moliendas de plantas industriales de Guayana. Ese constante flujo supone la mayor demanda de diésel y gasolina, dejando sin combustibles a los ciudadanos comunes. Foto: Cortesía/El Estímulo
La premura del Gobierno de Venezuela por conseguir ingresos a través de la explotación del "Arco Minero del Orinoco" no respeta la Constitución e implica graves violaciones a los derechos humanos, en especial de 16 pueblos indígenas.
Este miércoles el ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, aseguró que el Banco Central de Venezuela (BCV) comenzó a refinar en 2018 en Turquía una porción del oro que en el último año ha comprado a mineros venezolanos.
