Mi solidaridad con la familia Chamorro en Nicaragua

La solidaridad cobra sentido en los momentos difíciles. Dar una palabra de aliento o hacerse eco de una denuncia, en aras de apoyar a personas o causas, resulta crucial en los tiempos que corren. Vivir en Venezuela, con todo lo que de por sí preocupante o amenazante que ocurre en nuestro país, no debe ser excusa para dejar de preocuparnos y manifestarnos por otros, en otros países.

Hoy mi palabra de aliento, hoy mi expresión de solidaridad es con la familia Chamorro, en Nicaragua. Sólo he tratado en persona a dos de ellos, pero me consta que su apellido, su compromiso con este país centroamericano, es todo un símbolo de la democracia que más temprano que tarde podrán disfrutar de nuevo los nicaragüenses.

El régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo no parece tener límites. No satisfecho con dictarle cárcel a los hermanos Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, también disolvió la fundación que llevaba el nombre de la ex mandataria.

En una seguidilla de decisiones de otros poderes, en teoría autónomos, pero en la práctica controlados desde el ejecutivo, la justicia actuó sobre los hermanos Chamorro, quienes ejercían como presidenta y vicepresidente de la fundación dedicada a la promoción de la libertad de expresión en Nicaragua; y acto seguido la Asamblea Nacional le quitó la personería jurídica a la ONG, en un acto que involucró a otras dos docenas de entidades de la sociedad civil en el país centroamericano.

El 11 de marzo Cristiana Chamorro fue declarada culpable de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, en un juicio express que se desarrolló a puertas cerradas durante una semana. Con detención domiciliaria desde junio del año pasado, cuando encabezaba las encuestas como candidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro fue condenada a 8 años de privación de libertad. Asimismo, fue condenado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex diputado y vicepresidente de la fundación.

Una semana después, el 17 de marzo la Asamblea Nacional canceló el estatus legal de la fundación que lleva el nombre de la primera mujer electa como presidenta democráticamente, quien en 1990 derrotó en las urnas precisamente a Daniel Ortega, cuando éste aún tenía el aura de líder guerrillero con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, tras derrocar a la dictadura somocista en 1979.

Además de la fundación que encabezaba la periodista Cristiana Chamorro, el parlamento con los votos del FSLN dejó sin personería a la histórica Asociación de Periodistas Pedro Joaquín Chamorro, así como organismos de observación electoral, defensores de derechos humanos y un centro ambientalista.

Sin duda el régimen se ensaña con la familia Chamorro, ya que ésta es un símbolo de las luchas pro-democracia en Nicaragua.

Cristiana y Pedro Joaquín, junto a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa encarcelado desde el 14 de agosto de 2021, integran el directorio del periódico. Desde agosto pasado, cuando fue allanado este medio, desapareció su edición en papel.

La Prensa fue símbolo de la lucha anti somocista en Nicaragua. El esposo de Violeta Barrios de Chamorro, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado en 1978 cuando era su director, y este hecho catalizó la insurrección contra la dictadura de entonces.

Además de los dos Chamorro Barrios encarcelados, el otro hijo de la pareja, Carlos Fernando Chamorro, debió salir a un segundo exilio en Costa Rica para evitar su aprehensión el año pasado. Con diversos reconocimientos internacionales Carlos Fernando también presenció como el régimen de Ortega y Murillo incautó las sedes de las organizaciones periodísticas que dirigía en Managua. Afincado en plataformas digitales está al frente del portal Confidencial.

El régimen a través del aparato de justicia, en el caso de la Fundación Violeta Chamorro, vertió acusaciones en dos direcciones. Por un lado, señaló que Cristiana Chamorro y otros gerentes y trabajadores de la entidad se enriquecieron de forma ilegítima, haciendo uso de los recursos de las donaciones para fines personales.

Y, además, se les señala de haber destinado recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, para crear una “operación mediática opositora” que pretendía desestabilizar al país centroamericano. En la lista de medios señalados por la fiscalía figura Confidencial.

En el caso de la decisión del parlamento, tal como ha sido en casos similares reportados el año pasado, todos los bienes (incluyendo sedes físicas) de las ONG ilegalizadas pueden pasar a manos del Estado nicaragüense.

En febrero de 2021, la Fundación Chamorro como otras organizaciones, se negó a registrarse como “agente extranjero”, una nueva categoría que se impuso tras la aprobación de una polémica ley de 2020 enfocada en regular la cooperación internacional por parte del régimen de Ortega y Murillo.

En diversos encuentros internacionales dedicados a debatir sobre el periodismo independiente y la libertad de expresión conocí y tuve contactos directos tanto con Cristiana como con Carlos Fernando. A ellos dos, así como al resto de la familia Chamorro, en Nicaragua, vaya mi palabra de respeto y solidaridad.