Maduro pierde bases de apoyo en las estructuras de poder

El populismo radical que impuso Hugo Chávez y ha profundizado Nicolás Maduro está llevando al proyecto socialista a un callejón sin salida en un momento en que los tres factores que lo han sostenido están presentando una inevitable quiebra ética, institucional y política y la base electoral es cada vez más reducida

Maduro pierde bases de apoyo en las estructuras de poder

El populismo radical que impuso Hugo Chávez y ha profundizado Nicolás Maduro está llevando al proyecto socialista a un callejón sin salida, en un momento en que los tres factores que lo sostienen están presentando una inevitable quiebra ética, institucional y política.

La primera de ellas ha sido la pérdida de la base electoral que los llevó al poder en 1999. En segundo término, el poder militar y policial sufren la peor crisis ética e institucional de los últimos 60 años;  y en tercer lugar, los grupos colectivos de base, auspiciados desde el poder para sostener a la revolución, han devenido en bandas delictuales que comienzan a independizarse y a controlar territorios y a convivir con los negocios ilícitos del crimen organizado.

Este último elemento se agrega al avance de las bandas criminales y los grupos armados irregulares en el país.

La ideología ya no es un mecanismo suficientemente persuasivo para cohesionar las bases de apoyo y en cada área -militar, gubernamental y política- el tema económico y el lucro personal tienen prioridad sobre su alineación al régimen. Esto sucede en un país llevado a la quiebra económica, la desaparición del salario y las conquistas laborales y sociales labradas en 60 años.

Violencia criminal

Los poderes públicos que perdieron su independencia para convertirse en instrumentos políticos para soportar el poder deben coexistir con las estructuras delictivas, al igual que la institución militar y las policías, en donde algunos de sus miembros terminan formando parte de esa coexistencia.

Sucesos como los ataques en Apure, el avance del “Coqui” que gobierna en la barriada Cota 905 en Caracas; y hechos como el registrado la noche del pasado 1 de junio en Altagracia de Orituco, estado Guárico, son síntomas de que la seguridad del país escapa del control de las autoridades y de las instituciones.

En el estado llanero de Guárico un contingente armado, presuntamente de la banda que dirige “El Malony” en esa región, según reportes de los medios locales, atacó la sede del Comando Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Un factor que ha profundizado la ruptura estructural de la base social es la consolidación de una nueva “élite social”, que junto a las cúpulas del poder no escatima a la hora de exponer sus lujos y privilegios, los vehículos blindados y la toma de las zonas residenciales lujosas de la capital. Sus privilegios visibles contrastan con el deterioro económico y social reflejado en múltiples rostros de personas detrás de camiones de agua, hurgando en la basura o implorando atención médica.

Las bandas armadas y la FANB

Los enfrentamientos armados en el estado Apure en los que un sector disidente de la guerrilla colombiana FARC ha sostenido una disputa contra la FANB por el dominio del territorio durante mas de dos meses, revelan las deficiencias y el deterioro que ha sufrido la institución armada en 20 años de chavismo, tal como lo explican analistas especializados.

El balance de estos enfrentamientos arrojó 20 militares fallecidos, ocho prisioneros -ya liberados-, tres desaparecidos, 32 heridos, más la migración temporal de unos 6.000 mil pobladores venezolanos a tierras colombianas huyendo de los combates. La guerrilla atacó puestos de control, sembró minas antipersonas y los jefes de esta organización armada siguen presentes en la zona.

El origen del conflicto estuvo relacionado con la disputa por el territorio y las rutas en el negocio de la droga a través de esa zona del Alto Apure. El Alto Mando Militar evitó mencionar que se trataba de las FARC disidente que dirige el colombiano Gentil Duarte y quien está enfrentado en esa disputa con las FARC “Nueva Marquetalia” de Iván Márquez, aliado del gobierno de Nicolás Maduro.

Supuesto rescate

La presencia del frente “Gentil Duarte” de las FARC en el Alto Apure se evidenció en los dos videos difundidos por la organización armada donde nuestra a los ocho efectivos secuestrados por la organización. Se presume que los militares fueron liberados mediante una negociación entre el grupo armado y el alto mando militar. Sin embargo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el comunicado oficial de la Fuerza Armada habló de un “rescate” y no se conoció de ninguna operación en la zona ni de daños colaterales por la presunta acción.

Lo sustancial es que en esta zona siguen asentados el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sectores del frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la fracción disidente de las FARC de Iván Márquez y Jesús Santrich y el Frente Bolivariano de Liberación (FBL).

FundaRedes, la ONG que preside Alejandro Tarazona, ha venido registrando el avance de los grupos armados en los estados fronterizos. También denunció la existencia de una serie de propiedades en territorio nacional, donde se reúnen y se resguardan los cabecillas de las FARC y el ELN, en los estados Táchira, Barinas, Guárico y Miranda.

La ONG aseguró que los principales dirigentes guerrilleros que usan estos sitios de protección son: Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”; Eliecer Herlinto Chamorro, alias “Antonio García”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias “Pablito”, del ELN. Mientras que por las FARC se movilizan Iván Márquez y alias “Villa, Chalo, y Richard”. Este último capturado recientemente en Colombia y -según medios colombianos- habría llevado 160.000 dólares para financiar las protestas violentas en el vecino país, enviados por Iván Márquez.

Bandas armadas

De acuerdo a estimaciones oficiales en Venezuela actúan cerca de 110 bandas y megabandas armadas. Estas organizaciones se han ido apoderado del crimen organizado, extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Una característica común es el dominio de territorios, la imposibilidad de las fuerzas públicas de acceder a las zonas en donde operan y el sometimiento de la población que comienzan a aceptarlos como autoridad local.

A diferencia de organizaciones como las FARC, el ELN y el FBL, estas organizaciones no tienen ideología solo fines económicos. Suelen tener cerca de 60 miembros aunque hay bandas como la de “El Coqui”, en la Cota 905, Caracas, que cuenta con cerca de 120 miembros, control sobre la comunidad y se ha extendido a La Vega, otra populosa barriada del oeste de Caracas.

La megabanda de Aragua identificada como “Tren de Aragua” es quizás la más grande del país con cerca de 300 miembros. Se ha extendido a seis estados del país y ahora tiene presencia en Colombia, Perú y Brasil. Las fuerzas policiales y militares venezolanas no han podido neutralizarlas y cada día son más poderosas y suman territorios. Poseen alto poder de fuego con armas como fusiles, explosivos y granadas y hasta sistemas de vigilancia a través de drones.

CUPAZ y colectivos

Otras organizaciones que han tenido actuaciones delictivas y han sido promovidas desde el gobierno chavista están compuestas por colectivos armados (civiles afiliados al partido de gobierno) como las que se encuentran en la barriada 23 de Enero de Caracas que trabajan con las comunas y están alineadas políticamente.

Estas bandas que tienen presencia en todo el país, se han ido diversificando. Algunos miembros de estos grupos incursionan en actividades delictivas y disputan territorio a las bandas “no ideológicas”. También ha ocurrido que algunas se independizan de la tutela oficial para expandir sus negocios ilegales.

Así ha ocurrido en algunas regiones como en los estados Sucre, Delta Amacuro y Bolívar. La organización llamada “Cuadrillas de Paz” (CUPAZ) utiliza uniformes negros y tienen apariencia de policía formal. Algunos de estos grupos han entrado en conflicto en algunas comunidades con las autoridades locales por apoderarse de territorios, cerrar vías y negociar con la distribución de gasolina y otros beneficios de las comunidades.

Violencia policial

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) desde el año 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial. Cada año hay más víctimas supuestamente por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo.

En el año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en actuaciones policiales calificadas como muertes por haberse “resistido a la autoridad”. En 2017 fueron 34 por cada cien; en 2018 fueron 72 por cada cien; en 2019 fueron 88 por cada cien y en este año 2020, por primera vez, fueron más los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por cada cien homicidios delincuenciales.

La letalidad policial se ha extendido por todo el país; parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En doce estados del país la policía mató más que los delincuentes, es decir, que en la mitad de entidades federales fue superior a la de los delincuentes.

En 18 municipios del país no hubo homicidios cometidos por delincuentes; pero sí fueron víctimas de la violencia policial. En 112 de 335 municipios del país, es decir, en un tercio de los municipios, las muertes por la supuesta resistencia a la autoridad superaron a los homicidios ocasionados por cualquier otro delito: robo, venganza, pasionales, etc.

Diáspora en la FANB

La diáspora venezolana estimada en casi 6 millones de personas no sólo está compuesta por estudiantes y familias de clase media opositora. A esos contingentes que fueron los primeros en abandonar el país, se les sumaron sectores populares y cientos de empleados, profesionales y técnicos del sector público. Detrás de figuras de la cúpula chavista que huyeron con millones de dólares en sus cuentas en paraíso fiscales han salido un contingente de empleados medios, profesionales, técnicos y militantes del partido oficial.

De esos grupos no se escapan miembros de la Fuerza Armada Nacional (FANB) que han tenido que emigrar huyendo de la situación económica. Se estima que son 5.000 efectivos militares los que han abandonado el país, más cientos de deserciones reconocidas por la propia institución, y las detenciones políticas se acercan a 200 casos.

La corrupción es otro de los detonantes que ha afectado a la institución, dada la gran cantidad de oficiales a quienes se les han asignado responsabilidades en la administración pública y el manejo de áreas económicas, incluyendo las principales industrias estatales del país.

Como el resto de los venezolanos, el sector militar se encuentra afectado en su nivel de vida y cada día este descontento es expresado públicamente. Esto muestra que los bonos, prebendas y facilidades a las que tienen acceso los militares ya no es suficiente para mantener cohesionada la base y la moral de la institución armada.

La sobrevivencia ha promovido la extorsión en vías y alcabalas manejadas por militares y policías. Variadas denuncias se hacen diariamente en las redes sociales de esa práctica de la cual no se escapan quienes deben transitar por las vías nacionales o ser retenido en alguna alcabala improvisada en los centros urbanos. Un productor agropecuario de Táchira denunciaba que para trasladar sus productos a la capital debía pasar unas 40 alcabalas en donde obligatoriamente debía dejar un porcentaje de sus productos.

Sin base electoral

El otro factor importante del que carece el gobierno de Nicolás Maduro es la base electoral. La quiebra comenzó en el ultimo año de vida de Hugo Chávez con su última elección en 2012 en donde el gobierno utilizó extraordinarios recursos económicos y ardides electorales para imponerse frente a Henrique Capriles. Un proceso lleno de irregularidades que fue cuestionado por la oposición y observadores internacionales.

La pérdida de la Asamblea Nacional por parte de Maduro en 2015 completó el ciclo de deterioro del voto chavista que le tocaba mantener a Maduro. De allí en adelante la práctica fue crear organismos paralelos de poder como el Tribunal Supremo de Justicia, electo a última hora antes de entregar la Asamblea; para posteriormente inhabilitarla y crear una Constituyente que anuló las funciones legislativas.

La inhabilitación de dirigentes, parlamentarios y líderes de comunidades completó el cuadro hegemónico del chavismo sin base de apoyo. Sus políticas hacia la oposición se completaron con la compra de dirigentes y la promoción de la división en la filas opositoras.

Malas notas

Sin embargo, todo ese escenario, aparentemente exitoso en lo político, se complica para el gobierno con un desastre económico que pone a Venezuela en los últimos lugares en el ranking mundial de pobreza y ausencia de democracia. A ello se le suma el deterioro institucional y el avance del crimen organizado.

Las puertas se cierran aún más con el desconocimiento de su legitimidad por la mayoría de los países democráticos y las severas medidas financieras, tanto individuales como globales, que han fortalecido una economía paralela manejada por las mafias ilegales.

Ese proceso ha ido fortaleciendo a los grupos que operan dentro y fuera de la legalidad y complican las vías para una futura reconstrucción del país. Todos estos factores tendrán que ser evaluados en las tentativas mesas de negociación que se están promoviendo con observadores internacionales. Mientras, Nicolás Maduro y voceros como Diosdado Cabello siguen jugando a la burla de un posible proceso de reconstrucción, y promoviendo mayor división y polarización entre quienes aspiran a recuperar la democracia para Venezuela.

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