Además de presentar una cruda radiografía sobre la crisis humanitaria en Venezuela, en donde un tercio de la población sufre de “inseguridad alimentaria”, una encuesta hecha por la ONU en nuestro país puso de relieve también las carencias generalizadas de servicios básicos como gas, energía eléctrica y agua.
Este 25 de febrero, el Programa Mundial de Alimentos (una agencia especializada de Naciones Unidas) confirmó las dimensiones de la crisis venezolana: una de cada tres personas en el país tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios.
Tras un giro que se hizo evidente en septiembre de 2019, cuando el gobierno manifestó interés en colaborar incluso con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el régimen de Nicolás Maduro le dio plena libertad de movimiento a los encuestadores de la ONU que entrevistaron a más de 8.000 personas a lo largo y ancho del país. Es el estudio más completo a la fecha. La ONU antes de divulgarlo dijo haber compartido los datos con el gobierno venezolano.
“A diferencia del monitoreo que llevamos las organizaciones nacionales desde 2016, esta encuesta es nacional y aleatoria, es decir, todos los venezolanos tuvimos el mismo chance de ser encuestados, no solo lo más vulnerables”, comentó Susana Raffalli, experta en nutrición y premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en 2018.
En total, 9,3 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, sufren lo que técnicamente se denomina “inseguridad alimentaria” moderada o grave. El Programa Mundial de Alimentos define esta condición como la “insuficiente ingesta de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo)”.
“A diferencia de los 6,8 millones de subalimentados que proyectó Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en 2018, los de esta encuesta no son proyecciones. Se dialogó con cada familia, que contaron sus privaciones”, precisó Raffalli, para resaltar la significación de estos resultados.
Además de la falta de comida, la encuesta estudia las interrupciones en los servicios de electricidad y agua, y concluye que cuatro de cada diez hogares sufren interrupciones diarias de electricidad, mientras que 72% recibe un suministro irregular de gas.
Aproximadamente 40% de los hogares registra interrupciones recurrentes en el servicio hídrico, por lo que las familias tienen que usar estrategias alternativas, como la compra de agua embotellada o el uso de camiones cisterna, para acceder a agua potable. Asimismo, uno de cada cuatro hogares venezolanos carece de acceso a agua potable.
La activista de derechos humanos Lexys Rondón asevera que las cifras de la encuesta son “demoledoras”. Del total de venezolanos que están en inseguridad alimentaria, 2,3 millones están en situación de inseguridad alimentaria severa. Los otros 7 millones viven inseguridad alimentaria moderada.
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), la ONG de su campo con más trayectoria en el país, reaccionó a los datos de la ONU y ratificó lo que ha venido siendo su posición: “La emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela requiere una amplia ayuda humanitaria”.
El estudio asegura que la falta de alimentos es un problema que afecta a todo el país, aunque en algunos estados, como Delta Amacuro, Amazonas y Falcón alcanza niveles más altos. Incluso en las regiones con menores índices, como Lara, Cojedes y Mérida, se calcula que aproximadamente una de cada cinco personas está en inseguridad alimentaria.
“El PMA espera poder continuar el diálogo con el Gobierno de Venezuela y mantener conversaciones que se centren en la forma de llevar ayuda a aquellos que no tienen garantizada la alimentación”, dijo la agencia de la ONU en un comunicado.
Hasta ahora no se ha logrado canalizar de forma masiva el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Las noticias que se reportan sobre el ingreso de este tipo de ayuda al país señalan que se trata de acciones de la Cruz Roja Internacional. Pero este organismo ha aclarado que su alcance es modesto, ya que abarca a unas 700 mil personas, menos de 10% del total de venezolanos que padecen las secuelas de la crisis.
La encuesta muestra que 74% de las familias han tenido que adoptar “estrategias de sobrevivencia” para tener comida. Indica también que 60% han tenido que recortar las porciones que comen, 33% ha aceptado trabajar a cambio de alimentos y 20% ha tenido que vender bienes de su propiedad para poder comer.
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