La disputa en las elecciones regionales del 21N es entre opositores

El enfrentamiento y la polarización política ahora son protagonizados por opositores y nuevas organizaciones, mientras los candidatos oficialistas se concentran en mantener cohesionados a sus seguidores históricos

La disputa en las elecciones regionales del 21N es entre opositores

La crisis que de la oposición venezolana se refleja con claridad en la diversidad de aspirantes a la Alcaldía de Caracas y la acciones del chavismo para impedir su ascenso a ese territorio tomado desde 1999. Un bastión que es considerado “exclusivo” de la revolución y cuya importancia geopolítica es tan determinante para el gobierno que no permite que ningún opositor dirija la gestión gubernamental allí, así como tampoco “tolera” manifestaciones o eventos de organizaciones opositoras.

El municipio Libertador ha sido siempre escenario de enfrentamientos entre oficialismo y oposición; pero para este 21 de noviembre la tradicional polarización tiene nuevos protagonistas y quienes ahora se enfrentan son los que esgrimen las banderas del cambio; mientras que el candidato oficialista parece estar fuera de la diatriba. Y este escenario se repite en la mayoría de las regiones del país.

Preso y exiliado

En noviembre de 2008 el dirigente opositor y exalcalde de Caracas en los años de la democracia, Antonio Ledezma, sorprendió al chavismo cuando resultó ganador en las elecciones para la Alcaldía Mayor que agrupaba los cinco municipios del área Metropolitana de Caracas, incluyendo la Alcaldía de Libertador. Vale destacar que aquel triunfo, en la sede del gobierno central de la revolución, se logró con el apoyo de 21 partidos opositores, luego de hacer una selección entre varios precandidatos y finalmente lograr un acuerdo. A pesar de que las encuestas daban como favorito a Leopoldo López, sobre él pesaba una inhabilitación, por lo cual la alianza optó por apoyar a Ledezma, el segundo en las preferencias.

Ledezma ganó con 52,42% de los votos, derrotando al candidato oficialista, el también exalcalde de Libertador, Aristóbulo Istúriz.

Desde el gobierno chavista no se quedaron de manos cruzadas. Le limitaron los recursos financieros al nuevo Alcalde Mayor a tal punto de que no contaba con fondos ni para pagar la nómina.

Para manejar el Distrito Capital desde el gobierno central fue creado un organismo paralelo, la “Autoridad Única del Distrito Capital”, por decreto del gobierno de Hugo Chávez, el cual asumió competencias que le fueron quitadas a Ledezma, a quien además sacaron de su sede en el centro de Caracas. Una práctica que se extendió a gobernaciones y municipios en los que ganase la oposición.

El 8 de diciembre de 2013 Ledezma fue reelecto Alcalde Metropolitano de Caracas, apoyado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), frente al contrincante oficialista Ernesto Villegas. En esta ocasión no se limitaron a asfixiar su gestión.

El 19 de febrero de 2015 fue detenido por el Servicio de Inteligencia Policial (Sebin) en su oficina en la Torre EXA, ubicada en Chacao, Caracas. Fue acusado de ser partícipe en la llamada “Operación Jericó” que pretendía derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y enviado a la prisión militar de Ramo Verde. En febrero de 2016 le dieron casa por cárcel, de donde huyó en noviembre de 2017 y ahora reside en España como refugiado.

elecciones regionales

El 18 de noviembre de 2017 llegó a Madrid Antonio Ledezma (AFP)

La historia de esa Alcaldía Mayor terminó el 20 de diciembre de 2017 cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Maduro aprobó la supresión y liquidación de la entidad jurídica del Área Metropolitana y la del Alto Apure.

De esta historia podemos destacar dos hechos. Uno es la importancia geopolítica y simbólica que para el chavismo tiene el área Metropolitana de Caracas, al punto de liquidar esa entidad y perseguir a un alcalde electo por el voto universal.

Y en segundo lugar, la capacidad que mostró aquella oposición para ponerse de acuerdo en función de los principios democráticos por encima de los egos particulares; sobre todo en tiempos cuando el chavismo aun tenía fuerza electoral, en especial en esa entidad clave.

Se trata de un escenario que hoy vemos a la inversa, no solo en el Distrito Capital sino en casi todo el país. El chavismo carece de apoyo popular y solo tiene una base cautiva del aparato gubernamental y la plataforma Patria que difícilmente pudiera llegar a 30% del electorado. Pero, en el plano electoral al frente lo que hay es una oposición dividida, dispersa, con limitada organización, a pesar del efecto en el voto que puede tener el malestar social por la crisis económica que ha llevado a la pobreza a 94% de la población (Encuesta Encovi 2021).

A última hora

Después de casi seis años promoviendo una salida fuera de los procesos electorales, dada la ausencia de condiciones y ventajismo oficialista, los principales partidos opositores, aliados en el G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) llaman a participar abiertamente en los comicios del 21N.

La MUD inscribió el pasado 5 de septiembre al líder de Primero Justicia, Tomás Guanipa, como su candidato para la Alcaldía de Libertador.

El regreso del G4 al terreno electoral ha dejado en evidencia la división entre los sectores opositores. Una parte de esta división ha sido promovida desde el gobierno chavista a través de campañas sucias, informaciones falsas y según se ha denunciado, por la compra de dirigentes opositores, algunos de los cuales han mostrado sin tapujos la repentina opulencia adquirida.

Otro factor de la división es la aparición de nuevos grupos, partidos y líderes que aspiran a conquistar espacios en la escena política. Son grupos que se distanciaron del sector que lidera Juan Guaidó. Cerca de 50 partidos políticos y un número similar de movimientos regionales abarcan el espectro opositor en donde cada líder impone un punto de vista. Como lo señala el politólogo Benigno Alarcón: “En la oposición hay una lucha por liderar el cambio y no por hacer el cambio político”.

Es decir, la prioridad en este proceso es disputar el liderazgo para más adelante –si es que tal cosa es posible- ocuparse de una ruta para el cambio.

Todos hablan de unidad

A Tomás Guanipa, el candidato seleccionado por la Mesa de la Unidad, le ha tocado aclarar una y otra vez que su candidatura fue producto de consensos, encuestas y acuerdos con otros precandidatos que ya se encontraban movilizados, como el caso de Roberto Patiño, un joven líder con un gran trabajo en Caracas, quien desistió de su aspiración para respaldar a Guanipa, a pesar del amplio trabajo que había desplegado y de la interesante proyección de su figura en la arena política.

Antonio Ecarri, de la Alianza del Lápiz, por el contrario, mantiene en pie su aspiración, logrando –además- nuevos apoyos como el de Puente y Fuerza Vecinal. Esta última organización es un nuevo partido fundado por el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, junto a alcaldes electos en varias regiones del país quienes lograron sus puestos sin el apoyo de los partidos políticos que no participaron en elecciones. En el caso de las alcaldías capitalinas Fuerza Vecinal tiene el respaldo de la Unidad salvo en el municipio Sucre. Pero no hay acuerdo con respecto a la gobernación de Miranda y se dividirán el voto David Uzcátegui y Carlos Ocariz.

Ecarri cuestionó la tardanza de la MUD en participar en esta convocatoria y elegir candidatos y habla de “imposición de candidatos” por parte de esa alianza opositora, tal como argumentan otros que se han lanzado como aspirantes en casi todas las gobernaciones y alcaldías del país.

Alianza Democrática -que reúne escisiones de los partidos principales que sufrieron la usurpación de sus siglas, asignadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a sectores disidentes de los mismos partidos- es una organización que marcó una separación definitiva con respecto a la Unidad y también cuenta con candidatos en casi todas las alcaldías y gobernaciones. En Caracas presentaron a Pedro José Rojas, miembro del Comité Ejecutivo de Acción Democrática del sector de Bernabé Gutiérrez y diputado electo en la llamada Asamblea de Maduro, del 6 de diciembre. Por su parte, Leocenis García mantiene su aspiración a esta alcaldía a pesar de su inhabilitación y asegura contar con apoyo de varios partidos.

En este escenario el PSUV inscribió a la exministra del Interior de Venezuela, Carmen Meléndez, como candidata a la Alcaldía de Caracas. El mecanismo de primarias del PSUV, más la imposición de candidatos para algunas regiones, le permitió al partido oficialista minimizar las pugnas internas frente a una severa crisis en todo el país y presentar una sola opción en gobernaciones y alcaldías. De manera que frente a la pérdida de sus bases electorales, promoviendo la abstención y la división opositora, el PSUV aspira a mantener su mayoría en las entidades en disputa para el 21N.

Seis años de abstención

En las elecciones parlamentarias de 2015 una oposición unida logró la mayoría parlamentaria. En aquella oportunidad la abstención apenas llegó a 26%. La arremetida del gobierno contra el Poder Legislativo no se hizo esperar, fue declarado en desacato y el Tribunal Supremo de Justicia dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional dándole mayor poder a Maduro.

Esto generó una ola de protestas masivas y la cadena de eventos y represión que profundizó la crisis nacional.

La percepción de una solución democrática y electoral comenzó a ser desestimada por la dirigencia, concentrándose el objetivo de cambio en la consigna “La salida” a través de las movilizaciones de calle, especialmente cuando fue suspendido el referendo revocatorio por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por órdenes de los tribunales, que estaba previsto para 2016 de acuerdo a la Constitución.

Elecciones de 2017

A pesar de la crisis institucional y la ola de protestas, el gobierno de Maduro convocó a elecciones regionales en octubre de 2017. Para esa fecha la oposición estaba a fondo con las protestas y no había condiciones para abordar un proceso electoral tan complejo frente a un gobierno con todas las ventajas a su favor.

Para ese proceso los partidos más importantes, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, no llamaron a participar abiertamente, aunque algunos líderes de esos partidos lanzaron sus respectivas candidaturas. Los aparatos políticos no estaban engranados para atender y vigilar el proceso electoral. De allí que la abstención alcanzó 39% y la oposición logró solamente cinco gobernaciones frente a 18 del oficialismo.

El resultado fue cuestionado por las abiertas trasgresiones del gobierno de Maduro y el desconocimiento del triunfo de Andrés Velázquez en la gobernación de Bolívar, un triunfo que fue emitido por el CNE; pero desconocido unas horas más tarde por el ente electoral, a pesar de que las actas de los escrutinios le daban la victoria al opositor. Este hecho propició que el desconocimiento del organismo electoral y la búsqueda de vías alternas para el cambio cobraran fuerza en los opositores.

Y frente al actual proceso del 21 de noviembre, Andrés Velázquez, líder de La Causa R, está llamando a la abstención, mientras que uno de los principales dirigentes de ese partido, Américo De Grazia, lanzó su candidatura, separada también del candidato de la Unidad.

Maduro se adelanta

Para las elecciones presidenciales con fecha adelantada por Nicolás Maduro de mayo de 2018, la mayoría de la oposición llamó a la abstención. Solo se presentaron un sector opositor encabezado por Henri Falcón, exgobernador de Lara y un candidato independiente, Javier Bertucci. La abstención fue de 69% en un proceso desconocido por la oposición y la mayoría de los gobiernos democráticos, la OEA y la Unión Europea.

Es de destacar que la elección a la Asamblea Constituyente de 2017 para redactar una nueva Constitución (que nunca se redactó) fue utilizada para sustituir a la legítima Asamblea Nacional de 2015. Según el CNE votaron 8 millones de electores, una cifra que fue desconocida incluso por la empresa Smartmatic, que fue la que le diseñó y vendió el sistema electoral al gobierno chavista. La verdadera cifra apenas llegaría a 3 millones de electores.

Luego de que el Ejecutivo anulara al Poder Legislativo y a su vez la Asamblea Nacional decidiera desconocer las elecciones presidenciales de 2018, en enero del año siguiente fue juramentado el presidente de la AN, Juan Guaidó, como presidente interino de la República, acogiéndose al artículo 233 de la Constitución.

A partir del llamado “interinato” se profundizaron las sanciones internacionales, 30 parlamentarios terminaron detenidos o en el exilio, y se hicieron acciones radicales como el pronunciamiento de sectores militares y civiles del 30 de abril y el intento de ingreso de la ayuda humanitaria desde Cúcuta. La confrontación entre gobierno y oposición tomó un lugar en primera fila que culmina con la desarticulación del liderazgo opositor.

Cambiar o desaparecer

¿Qué pasará con este nuevo proceso electoral? Algunos analistas vislumbran un nuevo encuentro en el liderazgo opositor y una reagrupación de fuerzas. Una nueva generación de jóvenes líderes podrían comenzar a abrirse paso en las organizaciones. Esto sería un punto a favor de la diversidad de candidaturas y la aparición de nuevas organizaciones.

Es poco probable que el sector agrupado en la Alianza Democrática, especialmente aquellos promovidos por el TSJ, logre algún éxito electoral. Sus organizaciones –que se perciben más próximas al gobierno central que a la oposición- mantendrán cierta presencia en la política mientras mantengan representantes en el parlamento madurista del 6D.

Los partidos principales se verán obligados –seguramente tras resultados adversos el 21N- a debatir internamente, recuperar la democracia interna, elegir dirigentes desde la base y fortalecer las alianzas con las nuevas organizaciones políticas con influencia en la población que han aparecido en el escenario.

La gran cantidad de partidos y dirigentes deberán intentar la construcción de organizaciones sólidas y amplias, con acuerdos concertados y políticas que promuevan el avance del sector democrático, frente a un aparato gubernamental que a pesar de no contar con los enormes recursos que tuvo hasta 2012, sigue cohesionado en su propósito de mantenerse en el poder. Frente a ese poder, los minipartidos no tienen contundencia para llevar al país a un cambio político, tal como lo señalan importantes académicos y analistas de la política venezolana.

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