Un informe del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos reveló este 27 de junio que cada día un promedio de diez personas que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega son secuestradas en Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.
«Se han reportado durante el último cuatrimestre un promedio de 10 secuestros por día», especificó el Comité en su «Informe y listas de personas presas políticas», que incluye datos de esas detenciones actualizados al 25 de junio. Según el monitoreo del Comité, los secuestros son ejecutados por Policías y paramilitares en todas las ciudades de Nicaragua donde hay expresiones contra Ortega.
El Comité los llama secuestros y no detenciones, porque en Nicaragua protestar no es delito, y las leyes prohíben a la Policía arrestar a alguien sin haber cometido faltas, mientras que los civiles no pueden detener a una persona contra su voluntad.
Con base en el dato suministrado por el Comité, más de un millar de personas han sido secuestradas entre marzo pasado y junio, sin embargo, la mayoría son liberadas horas o días después. La estrategia de los arrestos efímeros, según el Comité, es desmontar las protestas contra Ortega, intimidar a los opositores, y evitar que se dispare nuevamente el número de «presos políticos», que hasta marzo pasado superó los 800, según las listas divulgadas en ese mes.
El Comité destacó que las listas de los encarcelados y las personas con paradero desconocido, que algunos consideran desaparecidos, son preliminares, ya que cada día las autoridades detienen y excarcelan a manifestantes de manera arbitraria.
Las capturas de opositores se dan en el marco de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas, que desde el 18 de abril de 2018 ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de decenas de miles en el exilio.
El caso de Nicaragua es estudiado en la ciudad colombiana de Medellín en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el país, por la violación al orden constitucional, que de ejecutarse le dejaría fuera del organismo.
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