Human Rights Watch acusa al gobierno de Maduro de ejecutar campesinos en Apure

Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes 26 de abril a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales a por lo menos cuatro civiles, en Apure. Además, denunció detenciones arbitrarias y torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población de ese estado fronterizo con Colombia.

La organización enmarcó sus acusaciones en la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado. Human Right Watch pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».

«Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados. Son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro», dijo el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, citado en el informe.

Atroces irregularidades

El 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.

El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.

La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve «terroristas» fallecidos. También más de 40 detenidos.

Human Right Watch alega en su informe que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados», sino de la población local. Llegaron a la conclusión después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Asesinato de una familia de campesinos

Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia. Las FAES se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.

«Encontraron los cuerpos a kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que movieron los cuerpos y que sembraron las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos», señala el texto.

Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío. Y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, «sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años».

Las poblaciones afectadas fueron La Victoria, El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. En esas zonas rurales, los agentes «ingresaron por la fuerza en varias viviendas». Nunca mostraron orden de allanamiento. Detuvieron a los residentes, en su mayoría campesinos. Esas son prácticas comunes que aplican, en todo el país, esas fuerzas de seguridad que siguen órdenes de Maduro.

«Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas. Luego los golpearon, arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos», señala el informe de Human Rights Watch.

Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que «estuvieron retenidos en instalaciones militares». Y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de «efectos personales, comida y enseres del hogar».