En medio de la crisis humanitaria profunda que vive Venezuela, la labor de las ONG internacionales y nacionales ayuda a millones de familias a sobrellevar el drama diario de subsistir. Ahora el régimen de Maduro controlará esta labor social usando excusas prudenciales sobre el financiamiento.
El 2021 comenzó con una acción de las fuerzas de seguridad del Estado contra la ONG Azul Positivo. Cinco de sus directivos fueron detenidos bajo cargos penales. A pesar de que fueron liberados quedaron con medidas cautelares. Ahora nuevamente una medida de mayor alcance tiene en alerta a las ONG defensoras de Derechos Humanos que trabajan en Venezuela.
Según una nueva normativa, las ONG venezolanas deberán inscribirse en el registro de la «Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo«. Allí tendrán que entregar data correspondiente a los cooperantes y una lista de beneficiarios.
Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria, explicó que la medida carece de sentido porque no facilita el trabajo de las organizaciones.
“Hacerlo como algo obligatorio busca obstaculizar y criminalizar el uso de los recursos de la cooperación internacional. Es como una presunción de que estamos involucrados en la legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo”.
El defensor de Derechos Humanos aseguró que en los próximos días, un grupo de organizaciones emitirá un comunicado rechazando la medida.
“Es como una especie de autocensura. Parece que piensan que como se supone que van a utilizar mal los recursos entonces los traemos para que prueben lo que están haciendo. Eso solo busca someter a las ONG e incluso a los beneficiarios. No se puede obstaculizar las libertades que benefician a la población”.
La medida no es novedosa en el mundo. Reyna acotó que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, prevé medidas para combatir situaciones que ponen en riesgo los recursos. Busca evitar que estos sirvan para financiar al terrorismo, pero sospecha que esta no es la intención de las autoridades venezolanas.
“Entre las recomendaciones del grupo, GAFI, está, en su artículo 8, la de preservar a las organizaciones sin fines de lucro ante cualquier acción contraria, discrecional, que implique además a todo el universo de las demás organizaciones, porque esto se presta más bien a daños a las personas que se benefician de la labor de las organizaciones sin fines de lucro de toda naturaleza”.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, recordó que en lo que va de 2021 se han presentado casos de persecución y judicialización de activistas de Derechos Humanos. Los primeros fueron los de Azul Positivo a quienes no se les han retirado los cargos.
“El tema del financiamiento no parece ser más que una excusa para restringir el trabajo de la sociedad civil en la defensa de los Derechos Humanos. Las ONG están del lado de las víctimas, algunas de ellas de las mismas fuerzas de seguridad del Estado como lo detalla el informe de Michelle Bachelet. Es una manera de intentar callar voces que señalan problemas de desnutrición, falta de salud y pobreza”.
Reyna reiteró que lo que se busca es criminalizar a las ONG. Lo que colocaría a Venezuela en una posición peligrosa. “Recientemente a Serbia se le señaló de querer limitar y afectar las acciones de las ONG con la misma excusa”.
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