Antiguos jefes del grupo guerrillero reconocieron este viernes, por escrito, haber cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del proceso legal llevado a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz. Se enfrentan a posibles penas de prisión
Líderes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia aceptaron este viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les imputó el tribunal surgido del acuerdo de paz.
«Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto» de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes rebeldes que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.
«Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares», añadieron.
En un comunicado, la jurisdicción informó que revisará el documento entregado por los exguerrilleros y las observaciones de las víctimas para evaluar si hay «un reconocimiento pleno de las delitos imputados y aportes a la verdad».
De ser así, impondrá sanciones que «pueden incluir restricciones efectivas de la libertad» de entre dos y cinco años. De lo contrario, los imputados se exponen a penas de hasta 20 años en prisión.
«Hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (…), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias», declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada.
Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.
Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero.
Se trata de la primera imputación de la JEP desde su creación en 2017. El tribunal juzga los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la justicia transicional por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.
Desde entonces, pidieron perdón en distintas ocasiones a las víctimas, además de comprometerse a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido y obtener penas alternativas a la prisión.
Al mando del país cuando se firmó la paz, el expresidente Juan Manuel Santos saludó en Twitter «la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros», que «es un paso muy importante hacia la reconciliación».
La ONU, encargada de vigilar la implementación del acuerdo, se sumó a las felicitaciones.
Es «un avance importante en derechos de las víctimas» y una muestra del «compromiso continuo» de los excombatientes con el acuerdo, valoró el jefe de la misión local de paz, Carlos Ruiz Massieu, en la misma red social.
Pero sigue siendo «fundamental proveer todas las garantías y proteger la vida de todos los y las excombatientes comprometidos con aportar la verdad y reconocer responsabilidad» para seguir avanzando en el proceso, recordó.
De los 13.000 exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz, 272 fueron asesinados en cuatro años, en medio del repunte de la violencia que vive el país, alimentado por la expansión de grupos armados en regiones alejadas.
Otros se rearmaron y forman parte de las disidencias, que suman unos 2.500 hombres armados y se nutren principalmente del narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar.
En un comunicado reciente, la JEP denunció que las agresiones contra excombatientes eran parte de una «tragedia humanitaria» y pidió al Estado actuar para impedirlas.
Opuesto desde un inicio a los acuerdos que considera indulgentes con los rebeldes, el gobierno de Iván Duque aún no se ha pronunciado sobre el reconocimiento de los secuestros por parte de Comunes.
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