Opinión

En Nicaragua ocurrió una coronación autoritaria

Una reciente encuesta de la firma Gallup dejó en evidencia que, si las elecciones en Nicaragua fueran entre Daniel Ortega y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario sandinista solo obtendría una cuarta parte de los votos, en comparación con los votos de cualquiera de estos siete dirigentes apresados

Archivo
Publicidad

La jornada de este 7 de noviembre evidencia no sólo la vocación autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pareja presidencial y pareja sentimental, en su afán de perpetuarse en el poder. Lo ocurrido en Nicaragua, desnuda en realidad la limitada o nula capacidad que tiene la comunidad internacional democrática para impedir que una dictadura se consagre.

Con una escasa participación del 19 por ciento de los votantes, según fuentes independientes y una versión oficial de que votó el 65 por ciento de los nicaragüenses, la narrativa autoritaria del país centroamericano asevera que la dupla Ortega-Murillo obtuvo el 65 por ciento de los votos. Ha sido la crónica de un fraude anunciado. Más que anunciado, ejecutado de forma impúdica.

Nicaragua vivió la coronación del autoritarismo. La tendencia de restricciones y represión que rodeó a la campaña electoral, con siete candidatos opositores en prisión, selló en las urnas la senda autoritaria que tomó el sandinismo. La elección estaba decidida de antemano. Todo se había preparado para reelegir a la pareja presidencial formada por el mandatario Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

El sandinismo se perpetúa

Aunque una mayoría de ciudadanos decidió no prestarse a la farsa de este 7 de noviembre, el sandinismo se ha jugado el todo por el todo. Ha emergido una dictadura, sin ambages.

Con pocos votantes, sin adversarios en la carrera electoral, sin veeduría internacional y con advertencias de que se desconocerán tales resultados por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la tendencia observada es un sandinismo que se cierra sobre sí mismo para perpetuarse en el poder.

Lo ocurrido en Nicaragua no tuvo lugar ni por azar ni fue ni fue una política improvisada. Los países democráticos de la comunidad internacional, con casi ningún margen de acción en el contexto global actual, sacaron sus gastadas cartas: sanciones. Venezuela y ya desde mucho antes, Cuba, dejan en evidencia que una dictadura no se vuelve democracia bajo la política de sanciones.

El punto de inflexión en este capítulo de la deriva autoritaria de Nicaragua, que viene registrándose desde 2018, fue la detención el 2 de junio de la periodista y pre candidata presidencial Cristiana Chamorro.

La periodista es hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro y del emblemático periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978). Al momento de ser detenida, según las encuestas, podría haber derrotado con facilidad a Daniel Ortega.

Tras esta detención, vino una seguidilla de otras aprensiones. Siguiendo más o menos un mismo guion. Cristiana Chamorro, por ejemplo, fue detenida por “traición a la patria” y presunto lavado de dinero. Cumple arresto domiciliario, en su vivienda, pero sin comunicación alguna con el exterior.

Una reciente encuesta de la firma Gallup dejó en evidencia que, si las elecciones en Nicaragua fueran entre Daniel Ortega y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario sandinista solo obtendría una cuarta parte de los votos, en comparación con los votos de cualquiera de estos siete dirigentes apresados.

Un plan para acabar con la democracia

En un informe presentado recientemente por cuatro organizaciones regionales dedicadas a la defensa de la democracia y la promoción del voto, se registran las acciones que desde distintos ámbitos se pusieron en marcha prácticamente en el último año. Las votaciones del 7 de noviembre, en realidad, han sido blindadas por Ortega y Murillo para garantizar su permanencia en el poder.

El informe se ha titulado “Nicaragua Elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia”. El documento enumera, entre otras irregularidades ocurridas en el último año, la manipulación por parte del Consejo Supremo Electoral, sumiso del gobierno, de los registros de votación; la exclusión de candidatos opositores que fueron sencillamente encarcelados; el despojo de la personería jurídica a los únicos dos partidos de oposición; así como el uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales.

Ortega, quien fue una emblemática figura de la Revolución Sandinista también estuvo al frente del gobierno revolucionario entre 1985 y 1990. En la actualidad, sin el halo romántico de décadas atrás, se mantiene en el poder por la fuerza.

De acuerdo con el portal informativo Confidencial, dirigido por el laureado periodista Carlos Fernando Chamorro, en Nicaragua existen más de 150 presos políticos. 40 de ellos son líderes cívicos, políticos y empresarios apresados en los últimos cinco meses, es decir en medio de la campaña electoral.

Un conjunto de líderes sociales y políticos consultados por Confidencial, a propósito del escenario post-electoral, coincidieron en señalar que la democracia tuvo acta de defunción este 7 de noviembre con estas votaciones, y que el desafío que enfrentan es re-articular el movimiento cívico para un país en el que no habrá libertades y aumentará la represión, según sus pronósticos.

Publicidad
Publicidad