Expertos piensan que el petróleo, el gas y la electricidad deberían ser privatizados en todas sus fases, producción, transporte, distribución y comercialización | Texto de Erika Hidalgo López
La energía en Venezuela y su destino son temas protagónicos en los últimos tiempos. Las disputas sobre cómo debe conducirse el sector conforma uno los tantos enfrentamientos, que lejos de congeniar, ahondan cada vez más la brecha política e ideológica entre el gobierno y la oposición. La privatización
Entretanto, el ejecutivo nacional busca oxígeno en medio de la peor crisis energética que ha atravesado el país. Sin éxito. Y sin planes claros.
El energista, Nelson Hernández, realizó una encuesta con la idea de pulsar varios aspectos sobre lo que piensan políticos, economistas, ingenieros, periodistas y otros profesionales relacionados directa o indirectamente con el área sobre la privatización de varios sectores.
Los resultados muestran una tendencia clara. La solución a la debacle energética que atraviesa Venezuela, hoy sin respuestas, pasa necesariamente por la privatización de la triada: petróleo, gas y electricidad.
Según la consulta, 74,2% de los encuestados estima que los tres sectores deben colocarse en manos de privados para ser reflotados. Es más, una gran mayoría, sostiene que la entrega del control a privados debe incluir las cuatro fases de la cadena: producción, transporte, distribución y comercialización. La privatización es la vía clara, según las encuestas.
En el estudio, que procesó 178 respuestas, se señala que 145 (81%) de ellas ven conveniente que la privatización petrolera abarque la etapa de producción. Mientras que 138 (77,5%) considera que también debe privatizarse la producción de gas y 138 (77,5%) la de electricidad.
En torno al transporte, 140 (78,6%) encuestados señalan que los privados también deben tener el control en materia petrolera; 140 (78,6%) estima que también el del gas y 129 (72,4%) el del sector eléctrico.
En materia de distribución 132 (74,1%) respuestas señalan que la privatización del petróleo también debe incluir este segmento del negocio. Además, 136 (76,4%) especialistas entrevistados consideran que debe hacerse lo propio con el gas y 149 (83,7%) con la electricidad.
El último eslabón de la cadena, la comercialización, muestra que 83,7% de los encuestados consideran necesario que el control del servicio eléctrico esté en manos privadas. En materia petrolera 135 (75,8%) encuestados privatizarían la comercialización y 135 (75,8%) opinan que también el gas.
La investigación registra que los consultados tienen serias dudas de que Venezuela sea una potencia energética. De hecho, el 73% de las respuestas señala que no lo es. Inclusive, 35,4% no cree que Venezuela sea el primer reservorio de petróleo del planeta.
Para mayores argumentos, la encuesta revela que 97,8% de los participantes asegura que Venezuela no tiene una política clara ni coherente y mucho menos integral en materia energética. Mientras que el 87,6% sostiene que la seguridad energética es baja.
“Las políticas energéticas en Venezuela, están al servicio del control social de la dictadura, aparte de hay un plan deliberado para la destrucción sistemática del aparato energético del país”, señaló uno de los encuestados, cuya identidad no se revela en el documento.
Otra opinión es que: “Venezuela tiene un gran potencial energético tanto en el uso de energía, mediante el consumo de materia prima fósil como hidráulica y renovable. Sin embargo, su desarrollo actual no la clasifica como potencia energética”.
Las respuestas en términos generales apuntan a que el discurso gubernamental, durante estos últimos 20 años, ha sido dirigido a la creación de un marketing que ha ubicado a Venezuela en el top como potencia energética planetaria.
Pero la realidad no tiene relación con esa venta de imagen, dicen. La caída de la producción, el deterioro generalizado de la infraestructura de extracción y refinación, la pérdida incalculable de recursos humanos, la falta de inversión en todas las áreas, y por ende de mantenimiento, así como al saqueo del que ha sido objeto cada uno de los sectores de la triada energética, evidencian que no existe ningún plan y tampoco un “país potencia”, en nada.
Entre los aspectos resaltantes del sondeo, titulado “La energía en Venezuela”, sobresale el hecho de que no hay un consenso en lo atinente al precio de la gasolina. Sin embargo, priva un valor por debajo de 1 dólar por litro, y el argumento principal es porque Venezuela es una nación petrolera y el mayor reservorio de petróleo del mundo.
El 32% asegura a estar dispuesto a pagar un importe al consumo final de 0,5 centavos de dólar por litro. Mientras que 20,2% considera que podría sufragar 1 dólar. Por su parte, 13,5% de los encuestados piensa que es justo cancelar 0,1 centavos. El 11,2% estaría en disposición de cancelar un valor en torno a 0,3 centavos; 7,9% pagaría 0,2 centavos de dólar y 5,6% considera que el precio debería ser de 0,7 centavos.
Los consultados señalan que en la actualidad es extremadamente complejo definir un precio para los combustibles. La opacidad de las cifras y la crisis de la producción impiden hacer cálculos razonables, verdaderos, reales y duraderos. Resulta absurdo pretender hacerlo, ante un cuadro de escasez, un mercado negro inclemente que se extiende a lo largo de la geografía nacional, con la excepción de la consentida Región Capital.
Otro argumento que esbozan algunos encuestados es que “el valor del litro de gasolina debe estar relacionado con el desarrollo de la producción, el poder adquisitivo del venezolano, el desarrollo y diversificación del transporte público y el cambio de paradigmas de la sociedad”.
Análisis señalan además que el subsidio a los combustibles debiera eliminarse y ajustar su valor conforme a los costos de producción o al juego de la oferta y la demanda.
“Los subsidios a la energía dejan cuantiosas pérdidas al Estado y son regresivos”.
Para otros, “el precio de la gasolina no debe depender del costo de producirla. Debe estar basado en el costo de oportunidad de colocarlo en el mercado mundial”.
Otro grupo de ideas apunta a que debe definirse un precio que impida el contrabando de extracción y que sea rentable para la industria y al mismo tiempo que sea razonable para los conductores. “En Colombia el litro vale cerca de 1 dólar por lo que 0,40 centavos es un precio que puede evitar el contrabando que a los zulianos nos tiene contra la pared”.
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