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El coronavirus es un aliado inesperado para la represión del chavismo

La pandemia que agobia al mundo entero parece ser la máscara perfecta para que Nicolás Maduro y su régimen acosen, aun más, a la oposición venezolana. Para ello, no solo persiguen a políticos y activistas, sino que también hostigan a la prensa

El coronavirus es un aliado inesperado para la represión del chavismo

El chavismo tiene dos enemigos claramente identificados: el coronavirus y todo lo que no sea rojo. Maduro aprovecha esta emergencia global para cercar, acosar y atacar a la oposición y a la prensa libre.

En Venezuela, al igual que en China, se censura toda la información relacionada al virus que no venga por parte de fuentes oficiales. Tal como sucedió en el país asiático, el régimen de Nicolás Maduro persigue y hostiga a todos los que revelen datos que ellos no manejen.

La primera muestra del control que busca tener el régimen chavista sobre lo que ocurre con la pandemia fue el secuestro del periodista Darvinson Rojas. Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) raptaron al comunicador social por compartir en redes sociales estadísticas que ponían en duda lo expresado por el gabinete de Maduro.

Días después ocurrió la detención arbitraria de Beatriz Rodríguez, directora de La Verdad de Vargas, por una publicación que cuenta la historia de una enfermera infectada con Covid-19 en el litoral central. Rodríguez fue forzada a declarar en la sede de la Fiscalía en Catia La Mar sobre sus fuentes y cómo llegó a la información. Esto atenta contra la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista.

El artículo 8 de la Ley del Periodismo reza: «El secreto profesional es derecho y responsabilidad del periodista. Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión».

Un caso más reciente fue la detención del periodista Yarnaldo Tovar cuando hacía un reportaje desde el Hospital Periférico de Coche, uno de los centros centinela para atender los casos de coronavirus en Venezuela.

Son muestras de cómo el régimen de Nicolás Maduro pretende controlar y politizar la pandemia del coronavirus.

A su vez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un informe donde reseñaba cómo el coronavirus pudo ser controlado de forma más eficaz si el gobierno de China no hubiese censurado a la prensa. Algo similar sucede en Venezuela.

Las incongruencias alimentan la incertidumbre

La mayoría de los medios de comunicación del país están controlados por el régimen de Nicolás Maduro, bien sea de forma directa o indirecta. El resto, los independientes, viven bajo constantes amenazas, cumpliendo controles y restricciones arbitrarias para sobrevivir.

Una de las principales dudas que tienen los venezolanos es cuál fue, verdaderamente, el primer caso de Covid-19 registrado en el país.

En el reporte que ofreció el régimen de Maduro la tarde del 13 de marzo aseguraba que los primeros dos casos de coronavirus recién llegaban al país. Pero, por otro lado, Jorge Rodríguez dijo este lunes que una persona estaba contagiada desde el 29 de febrero con el virus que ha causado más de 47.000 muertes en el mundo.

Médicos, enfermeros y el personal en los centros de atención médica, tanto públicos como privados, temen informar a la prensa sobre los casos por represalias del régimen.

Al mismo tiempo, esto limita las posibilidades de contrastar la información oficial con la que puedan ofrecer otras fuentes, como la Comisión de Expertos de la Salud creada por la Asamblea Nacional.

Conformada por miembros de las distintas sociedades médicas y científicas del país, esta comisión ha quedado relegada a un segundo plano, por el peligro que representa emitir información extraoficial sobre lo que está pasando en los hospitales del país.

Si uno de los miembros de esta comisión ofreciera información sobre algún caso que no registró el régimen, probablemente sería perseguido como los periodistas que sí lo han hecho. Un escenario casi calcado al que hubo en China cuando empezó la propagación del coronavirus.

De hecho la página de la comisión en internet fue bloqueada por el chavismo prácticamente al mismo momento que se presentó.

Los políticos de oposición tampoco escapan de esta ola de represión que busca silenciar a todo aquel que contradiga a Maduro y sus funcionarios.

La persecución como método de control

El domingo pasado, presuntos funcionarios de seguridad del régimen se presentaron en la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo de despacho de Juan Guaidó, y detuvieron a dos trabajadores.

El Centro Comunicacional de la Presidencia Encargada afirmó en redes sociales que los presuntos funcionarios trataron de irrumpir ilegalmente en la vivienda. Al igual que denunciaron en el caso del diputado Tony Geara, secuestrado hace unas semanas por el régimen, la intención sería sembrar falsas pruebas sin la presencia de testigos.

El lunes 30 de marzo, la diputada Delsa Solórzano ofreció un informe sobre el acoso por parte del régimen a los opositores. Señaló que 13 miembros del parlamento y otros 20 dirigentes políticos están bajo constante amenaza del chavismo, sobre todo en las últimas horas.

Estas acciones parecieran responder a la «furia bolivariana» invocada por Maduro tras las acusaciones que Estados Unidos hizo en su contra, por presunta corrupción y narcotráfico.

«Se está haciendo uso de la represión en el marco de la crisis humanitaria y la pandemia del coronavirus; persiguen a la disidencia política, pretenden hacer callar las voces que se alzan contra el régimen represor», denunció Solórzano en rueda de prensa.

Ese mismo día también se informó sobre la agresión contra Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, asistente del presidente encargado Juan Guaidó.

Bianchi fue liberada rápidamente, pero antes se le maltrató física y verbalmente, incluso con violencia sexual. Solórzano presumió que se trataba de funcionarios de las FAES, pero Bianchi no pudo identificarlos porque no tenían uniforme ni credenciales.

Horas más tarde, en cadena nacional de radio y televisión, Maduro aseguró: «La justicia les va a llegar a todos los terroristas».

Ese mismo día, activistas, diputados y miembros de partidos de oposición recibieron amenazas por parte de personas ligadas al chavismo.

La represión como distracción

Maduro amenazó también con que una «operación tun-tun» -allanamiento del hogar- viene en camino contra todos los violentos y conspiradores, refiriéndose a sus opositores. Durante estas operaciones, que fueron recurrentes en las protestas de 2017, funcionarios de los cuerpos represores allanaban las residencias de políticos de oposición.

El diputado Armando Armas y el concejal de Los Salias Tirso Flores fueron algunos de los opositores que denunciaron el hostigamiento por parte de adeptos al oficialismo.

Esto representa una nueva escalada en el conflicto político que atraviesa Venezuela, al que se le suman los anuncios del gobierno estadounidense. La administración de Donald Trump dedica la mayoría de sus esfuerzos a atender los estragos que causa el coronavirus. Pero, a pesar de eso, no cede ante Nicolás Maduro y sus aliados.

Al mismo tiempo, Maduro pareciera utilizar todos estos temas para desviar el foco de la complicada situación que atraviesa Venezuela. En el país ya fallecieron 3 personas y existen 144 casos confirmados de Covid-19, según los registros oficiales.

El régimen insiste en que, a través del sistema Patria, hacen un seguimiento más preciso a nuevos casos y sospechosos. Sin embargo, pareciera que esta otra herramienta para controlar la información sobre el coronavirus y atacar rápidamente casos que puedan filtrarse a la luz pública.

El oficialismo aumenta su persecución y muestra su carácter autoritario en un momento crítico para Venezuela, que vive con incertidumbre. Alrededor del mundo hay más de 900.000 contagiados y más de 47.000 personas muertas por la Covid-19; sin embargo, para el gobierno de Maduro esta crisis es otra oportunidad para atornillarse en el poder.