Derechos humanos: una oficina con vista al Ávila para la CPI

El pragmatismo sigue siendo el norte del régimen de Nicolás Maduro. Hace apenas medio año lucía impensable que se aviniera a colaborar con la Corte Penal Internacional, mientras que hoy es todo lo contrario. La pregunta de fondo es qué está dispuesto a entregar el chavismo con tal de salvar a sus altos mandos. Allí está el meollo de todo esto.

La primera oficina que abra la Corte Penal Internacional (CPI) en suelo americano estará en Caracas. Se trata de un hecho inédito en el hemisferio en la historia de dos décadas del tribunal de La Haya. Aunque en Venezuela las ONG de derechos humanos aplaudieron esta decisión, han recordado que el chavismo ha evitado castigar las llamadas cadenas de mando, en materia de represión, un asunto que consideran ineludible.

Cuando ocurren violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, tal como han ocurrido en Venezuela y que ampliamente han documentado tanto la CPI, como la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, esto tiene lugar porque existe una suerte de método de trabajo para la represión que tiene el respaldo pleno de la jerarquía.

Como no estamos ante casos aislados, es lógico pensar que todos esos subalternos que torturaron, asesinaron, secuestraron, violaron o aplicaron castigos severos a centenares de detenidos en Venezuela, en los últimos años, finalmente actuaron porque se sabían respaldados por sus superiores, quienes también recibían apoyo del alto mando de sus respectivas instituciones.

En junio de 2021, cuando se despedía de su cargo, la anterior fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), concluyó en su informe final —sin ambages— que existía evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

“La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”.

El documento de Bensouda responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La Misión de Determinación de los Hechos, por su parte, al documentar detalladamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela asoma la tesis de que todo esto debió ocurrir con el conocimiento de los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Néstor Reverol (Interior y Justicia), así como del propio Maduro.

En una nueva visita a Caracas, que no fue anunciada previamente por La Haya, el fiscal de la CPI Karim Khan se reunió con Maduro. La Corte Penal y el chavismo han llegado a un marco de cooperación, en la cual figura la instalación de una oficina y acceso a visas para que el personal de la CPI pueda viajar a Venezuela sin restricciones.

Esta es la segunda visita a Venezuela del fiscal. Se han tratado de visitas muy discretas, sin reuniones con activistas venezolanos o víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Khan se ha empleado a fondo, según conocedores de la materia, en lograr la colaboración del chavismo, un asunto que no parecía posible hasta la primera visita del fiscal en noviembre pasado.

En general las organizaciones venezolanas de derechos humanos saludaron que la CPI vaya a contar con una oficina en Caracas. Este ha sido un asunto en el cual también se empleó Michelle Bachelet en sus intercambios con Maduro hasta lograr que se autorizara una oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU.

El trabajo sobre el terreno, creemos, servirá para documentar de forma directa los hechos, recopilar los testimonios de las víctimas y darle seguimiento al memorando de entendimiento que el chavismo alcanzó con la CPI.

El asunto de fondo es hasta dónde estará dispuesto el chavismo a entregar en este marco de cooperación con Khan. La segunda visita del fiscal de la CPI a Caracas, en un lapso de cuatro meses, deja en evidencia que la fiscalía de La Haya está atenta al desarrollo del caso sobre Venezuela.

La propia CPI, en su conjunto, está señalada de ser lenta, a veces ineficaz y haber estado enfocada, excesivamente, en países de África. En Venezuela tal vez Khan apueste por evitar tales señalamientos. La experticia de Khan por otro lado no permite inferir que estemos ante un ingenuo que podría ser fácilmente engañado por el régimen de Maduro.

El chavismo, entretanto, se ha movido en pocos casos emblemáticos. Ya han ocurrido sanciones, pero éstas han sido menores y han estado enfocadas en quienes ejecutaron las violaciones, pero no hay ni investigación ni sanción, hasta ahora, para quienes dictaron las órdenes.

¿Estará dispuesto el chavismo a entregar a la CPI a quienes comandaban los cuerpos represivos con tal de salvar al alto mando (ministros y presidente)? Este es el meollo de todo esto.