Derechos Humanos bajo fuego ceden por autoritarismo en América
En Venezuela, "el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para aumentar su control sobre la población. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos", señala el informe de 2022.
América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, señaló hoy Human Rights Watch al presentar su Informe Mundial 2022 desde Nueva York.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch.
“Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”, señala en el resumen divulgado este 13 de enero.
ONG reconocida
Human Rights Watch se define como una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro de fuerte proyección internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo.
«Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades. Fundada en 1978, Human Rights Watch es reconocida por la investigación precisa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación, y la defensa de objetivos», afirma en su declaración oficial de motivos.
En este documento sobre el panorama mundial de los derechos humanos, la ONG recorre la situación por países, y además del estado de cosas en el mundo recoge recomendaciones y llamados a la acción.
América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves de DDHH en décadas.
En 2021 vimos retrocesos en las libertades básicas, el impacto de la pandemia, ataques al Estado de derecho y crisis migratorias.
En América, el capítulo aparte sobre Estados Unidos destaca aspectos críticos sobre este país que suele erigirse como supuesto primer defensor mundial de los derechos humanos.
«Sin embargo, EE.UU. sigue sin cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la justicia racial, tal y como se refleja en la incapacidad del país para acabar con el racismo sistémico vinculado a los legados de la esclavitud; las estructuras abusivas de encarcelamiento, aplicación de la ley de inmigración y control social que afectan a muchas minorías raciales y étnicas; así como la brecha de riqueza entre personas blancas y negras que persiste junto a un ligero incremento general de la desigualdad económica», dice.
«El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno», señala el informe sobre la situación en la isla de gobierno comunista que presenció las protestas más intensas contra el régimen desde la llegada de la revolución castrista.
«Las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses».
«Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018», dice sobre el régimen de Nicaragua, un aliado del chavismo.
Una fuerte represión se desató este año contra opositores en Cuba. Agentes del gobierno de Díaz-Canel llegaron en autobuses, armados con palos, para disolver protestas. Foto YAMIL LAGE / AFP.
«Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes. La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones».
Human Rights Watch ha denunciado la arremetida contra opositores y la desigualdad de condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente.
«También hubo intentos reiterados de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente», agrega.
Brasil y México
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.
México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, resalta en el informe. Los expertos señalan los esfuerzos de AMLO por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.
El Salvador, otro autoritarismo
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe.
El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
Excesos policiales
En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales. La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos.
Colombia —al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años— aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos.
En Brasil, la policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras.
El coronavirus como patente
Algunos gobiernos han usado la pandemia de Covid-19 como pretexto para violar derechos. El gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. En Brasil, el presidente Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada.
En muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
La emergencia humanitaria en Venezuela, que precede a la pandemia, dejó al país en una situación desastrosa para enfrentarla. Millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, pero la respuesta internacional no ha recibido el financiamiento necesario. El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.
La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población.
Desplazados por las crisis
A pesar del cierre de fronteras, millones de personas han huido forzosamente de sus hogares. Más de seis millones de venezolanos han huido del país. Muchos de ellos tienen dificultades para obtener estatus legal en los países de acogida y enfrentan deportaciones arbitrarias, xenofobia y abusos por parte de funcionarios de migración. Más de 110.000 nicaragüenses han huido de su país desde 2018. Cientos de miles de personas huyen del triángulo norte de Centroamérica cada año. Muchos de los que huyen en busca de protección transitan por México, donde sufren violencia, discriminación y abusos por parte de grupos criminales y autoridades mexicanos.
Algunas buenas señales
Ha habido unos pocos acontecimientos alentadores. En diciembre de 2020, Argentina aprobó un proyecto para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y en 2021 cuatro estados de México despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas. La Corte Constitucional del Ecuador y la Suprema Corte de México dieron un paso para flexibilizar las restricciones al aborto, lo cual podría impulsar más avances.
El Senado mexicano aprobó una reforma histórica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los albergues y Centros de Justicia para las Mujeres sean accesibles para las mujeres con discapacidad. El Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer las identidades de género no binarias en los documentos de identidad oficiales.
El Tribunal Supremo de Brasil ha bloqueado algunas de las políticas más perniciosas del presidente Bolsonaro y ha defendido los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha seguido alertando sobre los intentos para cercenar derechos fundamentales en el país, a pesar de enfrentar varios esfuerzos del Congreso para remover al procurador de su cargo y una posible investigación penal por promover los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos.
“Muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”, expresó Taraciuk Broner.
“Es fundamental que se sigan apoyando los esfuerzos cruciales que realizan estas personas para proteger el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en un período de graves riesgos para la región”, agregó.
El proceso migratorio venezolano, que se agudizó a partir de 2015, afecta de manera directa a las culturas indígenas. En el caso de los wayuu, el hecho de que la madre abandone el hogar significa un cambio en la estructura familiar, pues la madre es la encargada de transmitir la tradición oral. Para los jivi, dejar su hogar es un quiebre que llevan en silencio, porque para los pueblos originarios el territorio lo es todo y en ocasiones, ese arraigo los obliga a regresar a sus raíces.
Este trabajo explora la situación particular de dos pueblos indígenas venezolanos afectados por la migración venezolana actual.
Rafael Uzcátegui, reconocido activista, recibió a nombre de Provea en la embajada de Francia en Caracas, el premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
"Hoy 9 de octubre se cumplen 100 días desde la detención arbitraria de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin", escribió Fundaredes. No han tenido audiencia preliminar ni han podido designar sus propios abogados
