«No es nada personal, son sólo negocios» Decía Michael Corleone en El Padrino, para significar que es mejor separar las emociones del dinero para evitar complicar más las cosas.Algo parecido podrían alegar respecto al gobierno de Venezuela la treintena de empresas extranjeras que mantienen demandas contra nuestro país por expropiaciones en inversiones de miles de millones de dólares
La mayoría de estos procesos fueron llevados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un departamento, del Banco Mundial, creado en 1965.
Esa especie de cuerpo arbitral en la cancha de los negocios internacionales fue formado justo cuando el mundo estaba convulsionado por guerras contra el neocolonialismo, nacionalismos y revoluciones (de las de antes) y feroces dictaduras de derecha e izquierda.
También estaba en boga la colocación masiva de dinero desde empresas y gobiernos de naciones desarrolladas hacia el llamado «mundo en desarrollo», como América Latina.
El Ciadi fue creado justamente para proteger inversiones de los caprichos de gobiernos de turno, de los tribunales bananeros, de expropiaciones «porque me da la gana» y de los cambios en los modelos políticos y proyectos económicos.
Hoy en día, Venezuela ostenta el récord de mantener el mayor número de casos individuales pendientes de una decisión de este tribunal. Solamente en 2013 fueron 9 nuevos conflictos. Para tener una idea, contra todos los países de Europa Oriental y Asia Central se sumaron 14.
El Ciadi es como el tribunal del municipio al que acuden dos socios en una fabrica de tostones, cuando no están de acuerdo con la forma en que terminó la relación comercial. Es también como una demanda de divorcio -visto el matrimonio también como un asunto de negocios más allá del principio y el fin de la ilusión.
El demandante reclama una indemnización porque no está de acuerdo en la forma en la que lo sacaron de la casa construida al abrigo de un acuerdo firmado entre las partes, pide pues que le paguen daños y perjuicios.
El asunto es que Venezuela ha venido rompiendo al estilo Jalisco -que si no gana arrebata- con una serie de empresas internacionales y nacionales en estos 15 años de gobierno chavista.
Las empresas venezolanas que han sido expropiadas o confiscadas han quedado como un perro bajo un aguacero, han ido a llorar al valle, pues ya sabemos que no hay tribunal en el país que se atreva a contrariar un «¡Exprópiese!» pronunciado por un uniformado militar o sus descendientes tapa amarilla.
Pero los inversionistas extranjeros, también barridos por la marea de expropiaciones de dudosos resultados, sí tenían para donde correr. Es que cuando se trata de esa millonada en inversiones existen cláusulas previas que establecen opciones como el Ciadi para dirimir y negociar.
Solo que en este caso no eran simples diferencias.
Algunos cálculos de especialistas, como los del banco Scotiabank, indican que los 27 casos contra Venezuela pendientes de decisiones en este tribunal sumarían unos $ 24.000 millones, por la medida bajita.
Esa cifra supera en mucho al total de las reservas internacionales del menguado Banco Central de Venezuela y equivale a más de la cuarta parte de todas las exportaciones de Pdvsa en un año.
Claro, sería muy difícil que todas esas decisiones salieran juntas en contra de Venezuela, pero la sola cifra de espanto revela mucho del tamaño del problema en que está metido ya este país.
La semana pasada salió un fallo que, según algunos, sería apenas el primer chaparrón de una larga temporada de huracanes.
La empresa canadiense Gold Reserve logró que el Ciadi le ordenara a Venezuela pagarle $740 millones por la expropiación de sus bienechurías y concesiones en Las Brisas, en Guayana, uno de los cinco yacimientos de oro más ricos del mundo.
Cuando comenzó esa serie de penaltis de demandas contra la portería de Venezuela ante la Ciadi, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó en 2012 sacar a su país de ese organismo.
Los nacionalismos de izquierda y de derecha han acusado a entidades como el Banco Mundial y al FMI de ser los brazos financieros del imperialismo capitalista mundial.
En total son hoy 158 los países signatorios de la Convención del Ciad. Muchos de ellos por cierto emergieron de sangrientas confrontaciones intestinas o coloniales. También hay algunos de capitalismo salvaje y gobierno comunista, como China.
Pero, la salida no es retroactiva, por lo que los contratos de inversión firmados en su momento tienen plena validez, justamente para evitar que un país demandado voltee la mesa y se vaya de la cancha llevándose el balón y la portería.
Como en los negocios nada queda sin consecuencias, ahora Venezuela está ante la disyuntiva de cumplir o no con estos fallos. Si lo hace verá comprometida aún más su agotada caja de petrodólares. También será mancillada la retórica chavista que habla de soberanías, glorias patrias y héroes independentistas, antiguos y reencarnados.
El Gobierno va a alegar que es víctima de «una agresión contrarevolucionaria internacional», desde los centros de poder capitalistas.
Pero si no paga, tendría ciertos problemas, justamente porque el Gobierno anda corto de plata y se ve muy mal internacionalmente que un perdedor no honre su derrota.
Asuntos como el Ciad son justamente una especie de garantía a esa buena fe y confianza en la que se basan los negocios, grandes o pequeños.
La crisis por la que atraviesa Venezuela es tan grande y el país necesita tantas inversiones que no bastarán los petrodólares de Pdvsa, ni los yuanes y dólares que entrega China, ni las nuevas alianzas con Rusia e Irán.
Llegará un día en el que el país, aun defendiendo sus decisiones soberanas, tenga que aceptar que toda expropiación o nacionalización debe cumplir un debido proceso y pagos de indemnizaciones.
Algo por cierto consagrado en la Constitución Nacional pero poco otorgado para los jugadores locales.
Tendría pues que reconocer que a esos grandes jugadores internacionales no se dejan tratar como los joyeros de la playa Bolívar de Caracas, o como los empresarios locales del hierro y el acero, ni los dueños de fincas arroceras o los comerciantes de Catia.
COSAS PENDIENTES
Corta lista de casos contra Venezuela pendientes en el CIAD, recopilada por la agencia Reuters:
* ConocoPhillips: Es el arbitraje más oneroso que enfrenta Venezuela, con una aspiración de indemnización de $31.000 millones por la nacionalización de dos proyectos en el Orinoco y dos convenios de exploración en oriente
Se espera una decisión final pronto, por un monto mucho menor
* Exxon Mobil: En el 2012, un fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ordenó a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pagar $907,58 millones a Exxon por la culminación abrupta en el 2007 de un contrato para explotación petrolera en la Faja del Orinoco.
Venezuela consideró el fallo como un triunfo, pero el litigio ante el Ciadi -donde la petrolera demanda otros $10.000 millones sigue pendiente de resolución.
* Cemex y Holcim: Entre el 2008 y el 2009, luego de que la mexicana Cemex y la suiza Holcim no lograran acuerdos con Venezuela, solicitaron arbitrajes ante el Ciadi por la expropiación de la industria cementera.
Sus reclamos involucran unos $2.000 millones en conjunto. Aunque Holcim y Venezuela dijeron que llegaron a un arreglo amistoso, el caso no ha sido retirado de la corte.
En diciembre del 2011, Cemex dijo que Venezuela le pagó $600 millones por la nacionalización de sus activos.
* Gold Reserve: En el 2009 la minera canadiense solicitó arbitraje por la revocatoria de dos proyectos auríferos.
Esta semana, el Ciadi determinó que Venezuela debe pagarle a la minera $740 millones en compensación.
Uno de los últimos litigios mineros en ventilarse corresponde a la canadiense Crystallex, que solicitó $3.800 millones por el proyecto aurífero Las Cristinas.
* Anglo American: La minera Anglo American, con sede en Londres, demandó a Venezuela a principios de este año por la cancelación de unas concesiones.
Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, fue propietaria del 91,4 % de la mina Loma de Níquel en Tejerías, Aragua, hasta el año 2012 cuando el Gobierno de Chávez le canceló 13 concesiones y se negó a renovarle otras tres.
* Rusoro: En el 2012 la minera ruso-canadiense Rusoro solicitó un arbitraje ante el Ciadi al no lograr un acuerdo con el Gobierno por la nacionalización de sus activos.
La firma reclama una compensación de $3000 millones.
* Tidewater: Tras esperar por meses a que Venezuela compensara a las 76 empresas de servicios petroleros que expropió en mayo del 2009, la estadounidense Tidewater solicitó un arbitraje para recuperar el valor de sus embarcaciones, estimado en unos 45 millones de dólares.
* Universal Compression Holdings: La firma, adquirida por la estadounidense Exterran, fue otra afectada por las expropiaciones del 2009. Introdujo arbitraje en el 2010 por sus activos valuados en $400 millones.
* OPIC Karimun: Introducido en el 2010 por una filial de la estatal taiwanesa CPC Corp [CHIP.UL], que tenía una porción minoritaria en los proyectos petroleros Golfo de Paria Este y Oeste.
* Owens-Illinois: La fabricante estadounidense de envases de vidrio solicitó arbitraje en septiembre del 2011 por la expropiación de sus dos plantas en Venezuela, que representaban un 5 por ciento de sus operaciones mundiales.
