La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza un "examen preliminar" de una denuncia sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, presentadas por parlamentarios de varios países, informó hoy el legislador boliviano Adrián Oliva.
Oliva, diputado de la opositora Convergencia Nacional, declaró a Efe que hace unos días, en su rol de presidente de la plataforma Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), recibió una comunicación de la CPI en ese sentido, en respuesta a la demanda de investigación presentada en abril pasado.
Sostuvo que se trata de una «buena noticia» y los parlamentarios de la APDA «se encuentran muy motivados» porque han realizado un trabajo con seriedad en la preparación de la documentación presentada ante la CPI sobre los violentos sucesos ocurridos en Venezuela en manifestaciones antigubernamentales en febrero pasado, reseñó la agencia de noticias Efe.
La Fiscalía de la CPI determinará si de acuerdo con el Estatuto de Roma existen bases para ver si los hechos denunciados conciernen a la jurisdicción del alto tribunal, según un comunicado de la APDA.
Oliva agregó que la denuncia tenía inicialmente 198 firmas, pero en este momento ya ha sido suscrita por más de 300 adhesiones de legisladores de varios países de América Latina y de España.
Además del informe sobre los sucesos de febrero en Venezuela, los denunciantes elaboran otros dos más para presentar ante la CPI sobre «grupos armados irregulares en Venezuela» y «la ausencia de garantías y de independencia del sistema penal», sostuvo Oliva.
Según el legislador, al término del análisis de los documentos, la Fiscalía, a cargo de la fiscal Fatou Bensouda, determinará la apertura o un rechazo de la petición de investigación, si bien los legisladores de APDA confían en una respuesta positiva.
La APDA, creada en Caracas en julio de 2011, es una plataforma que se plantea defender la democracia y los derechos humanos y hace hincapié en denunciar la situación de aquellos opositores que se consideran «presos políticos» en la región.
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