Conindustria rechaza amenazas al presidente de Fedecámaras-Zulia

Las confederación condena que el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y del secretario de la gobernación del estado Zulia, Lisandro Cabello, trataran de intimidar al líder empresarial Franco Cafoncelli por expresar el desacuerdo del gremio que representa en relación con la manera en la que fue aprobada la citada disposición municipal, y el impacto negativo de la aplicación de estas medidas fiscales para el sector industrial de la zona.

La organización aseveró que en ningún momento se puede atentar contra las libertades ciudadanas garantizadas en la Constitución.

La Ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio es rechazada, no sólo por los empresarios de la entidad sino por los empresarios del país y argumentaron:

a)            El incremento de impuestos, en razón de la voracidad fiscal de alcaldías y gobernaciones, obliga al traslado de estos costos al producto final, con lo cual el mayor afectado termina siendo el consumidor. Ello es contrario a lo que el país necesita y más si se quiere combatir el fenómeno hiperinflacionario.

b)           No debe haber incrementos de impuestos sin planes específicos de aplicación en mejoras de servicios públicos o creación de infraestructura para mejorar los niveles de productividad y empleo de las empresas.  El uso de los impuestos actuales, o futuros, debe ser auditado y expuesto de manera pública y transparente para la información de los ciudadanos.

c)            Venezuela requiere de políticas fiscales que apoyen el desarrollo y recuperación del aparato productivo, y que éste vuelva a ser el principal generador de empleo y riquezas para la población.

d)           Ordenanzas como la aprobada por la Alcaldía de Maracaibo, en nada ayudan a generar el clima de confianza necesario, para invitar a inversionistas locales y foráneos a establecerse en Venezuela. Requerimos de un equilibrio monetario, fiscal y cambiario cónsonos con la tendencia mundial de promover la inversión en condiciones favorables para empresarios y emprendedores.

Conindustria aseveró que el país necesita de políticas públicas acertadas que rescaten la productividad de las empresas venezolanas. Afirmaron que medidas como estas sin coherencia y sin medir las consecuencias de su aplicación, no corresponden la realidad de lo que se requiere para rescatar a las industrias de la crisis nacional.

La confederación de industriales puso a la orden su propuesta llamada “La Ruta” un documento de políticas públicas para la recuperación y desarrollo de la industria nacional, que está circunscrito dentro del Plan País, y que fue presentado al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Juan Guaidó.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas también se pronunció en el mismo sentido y señaló que es inconstitucional y un abuso del ejercicio del poder las acciones de Casanova y Cabello.

“El análisis y discusión de leyes, normas y dictámenes vinculados a cualquier actividad económica o productiva debe realizarse de manera institucional y pública, garantizando la participación de los actores políticos, sociales y económicos involucrados, reconociendo así la vigencia de nuestra Constitución y el Estado de Derecho”, manifestó el gremio.

La Cámara de Caracas indicó que no es con amenazas de cárcel o impidiendo el desarrollo de la iniciativa privada como se retomará la creación y fortalecimiento de las iniciativas privadas para generar convivencia, bienestar y prosperidad.

“Nuestro tejido industrial y la estructura de suministros de servicios y bienes a la población sufre en los actuales momentos un histórico proceso de paralización. Las amenazas, actuaciones abusivas del poder y el desconocimiento de las grandes fortalezas de la actividad empresarial privada solo conducen a un mayor deterioro de la situación actual, profundiza el desabastecimiento, la inflación y el sufrimiento en todos los estratos de la población venezolana”, concluyó.