Han pasado menos de tres años desde la firma del acuerdo de paz que supuestamente terminaba con medio siglo de conflicto armado en Colombia. La figura de alias "Iván Márquez", jefe de las FARC anunciando la vuelta a las armas trajo de vuelta el temor de la violencia en la región
Márquez y el resto de desertores del proceso aseguran que la paz ha sido traicionada y consideran que fueron ingenuos al desarmarse a cambio de nada, mientras acusan al Estado de incumplir y ponen el proceso de paz al borde del fracaso, pero ¿cómo llegó Colombia a este punto?
Todo comenzó cuando Juan Manuel Santos, el mismo presidente que firmó el acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016 frente al mundo y con una decena de jefes de Estado como testigos decidió convocar un plebiscito para ratificarlo.
El 2 de octubre del mismo año perdió su apuesta en una consulta con alta abstención que mostró el escaso interés -o la absoluta confianza de que ganara el sí- que despertaba el plebiscito entre los colombianos.
Tras la derrota, las partes se vieron obligadas a hacer modificaciones al acuerdo que fueron denunciadas hoy por Márquez como una de las primeras traiciones. El acuerdo definitivo fue firmado el 24 de noviembre y aprobado por el Congreso sin necesidad de pasar por ningún tipo de consulta.
Desde la firma del acuerdo, y aún antes, exguerrilleros se sumaron a grupos de disidentes que, en palabras de su último líder en armas y hoy cabeza del partido Frente Alternativo Revolucionario del Común, Rodrigo Londoño, no fueron «lo mejor» de la guerrilla.
Londoño aseguró que lo mejor de las FARC está en el proceso de paz, mientras que quienes se unieron a esas bandas lo hicieron por la plata fácil.
El narcotráfico y la minería ilegal atrajeron a estos exguerrilleros muchos de los cuales reciben jugosas ofertas de bandas criminales para unirse a ellos.
Una vez firmado el acuerdo de paz los incumplimientos del Estado se hicieron manifiestos. El mejor ejemplo fueron las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en que se reunieron los todavía guerrilleros para dejar las armas.
Todavía con Santos como presidente muchas de esas zonas nunca terminaron de ser construidas y, en algunos casos, ni siquiera contaron con los servicios básicos.
Esa falta de compromiso sembró las dudas entre muchos guerrilleros que además han crecido en las zonas más remotas de Colombia donde el Estado es un recuerdo lejano y, en ocasiones, apenas un uniforme asociado a los peores recuerdos.
Pese al apoyo de la comunidad internacional, encabezada por la ONU y la Unión Europea que permanecieron inasequibles al desaliento, pocos proyectos productivos comenzaron a funcionar para dar una alternativa a los guerrilleros.
No obstante, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en que se transformó la antigua guerrilla, asegura que 90% de los excombatientes se mantienen fieles al proceso de paz con Londoño a la cabeza, habrá que ver si efectivamente son ciertos estos números.
El plebiscito convocado por Santos movilizó a los opositores al proceso de paz y polarizó a los colombianos hasta un punto no conocido en el país. En ese caldo de cultivo el expresidente Álvaro Uribe, que nunca perdonó a Santos que se apartara de su alargada sombra, capitalizó el rechazo de los colombianos a las FARC.
Con esa bandera de rechazo a las FARC y al acuerdo de paz consiguió que su pupilo Iván Duque llegara a la Presidencia en 2018. Si bien el actual mandatario representa el ala moderada del uribismo, está unido a los sectores más radicales que dominan en el Congreso su partido, el Centro Democrático.
Desde la firma del acuerdo de paz cerca de 150 exguerrilleros han sido asesinados. Muchos de esos crímenes se achacan a venganzas por casos relacionados con el conflicto, algunos al rechazo a unirse a bandas criminales y otros a la violencia política.
El Estado colombiano no ha sido capaz de proteger de manera efectiva a los excombatientes, lo que acrecienta el miedo que ya tienen los excombatientes.
Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», sin duda el más lenguaraz de la vieja y nueva guerrilla, fue detenido el 9 de abril de 2018, acusado por Estados Unidos de conspirar para el envío de diez toneladas de cocaína a ese país.
La sorpresa fue quien lo delató y estaba presuntamente asociado con él: Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín, nombre de pila de «Iván Márquez».
Las alarmas comenzaron a sonar entonces con fuerza y se inició una odisea penal que incluyó una disputa entre la Justicia Especial para la Paz y la ordinaria.
En esos días, Márquez se marchó a una de las ZVTN, convertidas en espacios territoriales de capacitación y normalización (ETCR) en su natal departamento del Caquetá, al sur del país, en el que se le perdió la pista poco después.
El partido FARC compareció por primera vez a unas elecciones en las legislativas del 11 de marzo de 2018 en las que obtuvo apenas 50.000 votos.
A muchos sorprendió lo intrépido del movimiento y sobre todo la arrogancia de algunos de sus miembros que aseguraron que lo hacían porque conocían bien la forma de pensar del país, pero constataron que no es lo mismo sostener un debate político con una comunidad cuando tienes un fusil en la mano que cuando lo haces con una papeleta electoral.
Hasta ahora los grupos de disidentes estaban en un proceso de «bandolerización», que conformaban grupos criminales dispersos dedicados al narcotráfico y la minería ilegal en un momento en que tanto el oro como la cocaína tienen precios muy altos.
La degeneración de la disidencia la visibilizó Walter Patricio Arízala, alias «Guacho», un exguerrillero que sembró el terror en la frontera entre Colombia y Ecuador, la que más coca tiene sembrada de todo el país.
Según distintas fuentes, estaba al servicio de carteles mexicanos y antes de ser abatido por un francotirador dejó un rastro de sangre y muerte marcado a fuego por el asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio compuesto por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Sin embargo, ahora los cerca de 1.800 excombatientes que integran las disidencias miran al norte que les muestran Márquez y sus acólitos que quieren darle una nueva fachada política y un nuevo impulso.
Buena parte de los disidentes de las FARC se nutren de recursos en el Arco Minero de Venezuela. En ese país también se refugian, según muchas denuncias, los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No faltan las denuncias de que allí también se esconden Márquez, Santrich y los suyos, pero el señalamiento más duro lo hizo uno de los analistas más prestigiosos del conflicto armado, León Valencia.
«El presidente Duque se ha empeñado en la salida de (Nicolás) Maduro y le ha liberado las manos para intervenir en Colombia», aseguró.
Una triple amenaza, Venezuela, ELN y la nueva guerrilla de Márquez, que se cierne sobre el proceso de paz, más débil hoy que nunca.
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