¿Cómo explicar afuera la tragedia de los asalariados venezolanos?

Pequeños actos cotidianos en cualquier lugar del mundo, como servirle un vaso de leche a un niño, tomarse un café en casa, o prepararse una arepa para el desayuno, se han vuelto poco menos que un lujo en la Venezuela actual, en medio de la creciente escasez de productos básicos y una espantosa inflación que devora el ingreso de los asalariados.

Para muchos trabajadores que cobran semanalmente o quince y último, la situación se ha vuelto insostenible, porque el salario implemente no alcanza para comprar ni siquiera los bienes más esenciales de la canasta alimenticia.

De este modo, uno de los factores más importantes del engranaje económico se encuentra herido de gravedad. El trabajo, dicen los manuales de ciencia económica, es una actividad productora de riquezas, susceptible de remuneración o beneficio para quien lo ejerce.

Pero, en medio del gran desastre de la economía, el valor real de esta remuneración ha sido liquidado, de modo que los asalariados sienten que cobran “con chapitas”, y tienen que vivir con el agua al cuello, endeudados por todos lados y nunca les queda nada para pasar el verano hasta llegar al soñado día de cobro. Y cuando llega, todo se va a en pagar la tarjeta de crédito, al prestamista del barrio o la oficina, al primo pana, o a la caja de ahorros.

Cuando hay procesos inflacionarios como el que vive Venezuela hoy, suelen desatarse luchas fratricidas por ver a quien se le pasa la cuenta.

El Estado la tiene más fácil, pues para conseguir más dinero le basta con devaluar, imprimir toneladas de billetes nuevos y crujientes, con congelar los aumentos reales de la unidad tributaria, UT, para hacernos pagar más impuestos y cobrarnos más caro por las multas y trámites. También atrasa las liquidaciones de prestaciones sociales acumuladas y retrasa las discusiones de contratos colectivos. Cuando accede a negociar, nunca reconoce con los aumentos reales ni de lejos el impacto de la inflación.

Y cuando aumenta el salario mínimo no eleva los escalafones en el mismo porcentaje, de modo que muchos profesionales universitarios y técnicos en la administración pública gana lo mismo que  un barrendero.

En cuanto a las empresas, las que pueden driblar los controles, regulaciones y fiscalizaciones civiles y militares, trasladan a los precios de sus productos parte del impacto inflacionario. Aunque hoy la tienen más difícil, porque por lo general también pagarán los costos más altos, venderán menos unidades, sus flujos de caja no aguantan el trote y tienen dificultades legales para reducir personal porque hay inamovilidad, mientras trabajan muy por debajo de su capacidad instalada.

LOS ÚLTIMOS DE LA FILA

Es la clase trabajadora la que más sufre, y entre ellos los que tienen trabajos fijos, a los que se les dificulta más rebuscarse porque no tienen tiempo suficiente. Tampoco tienen como trasladarle a otros el golpe de los precios desbocados.

Cuando se trabaja por cuenta propia y se tiene la suerte de conseguir materiales y clientes, es más probable pasarle la papa caliente de los precios en alza al comprador, o al que encargó reparar un carro, pintar una casa o arreglarse la uñas.

El caso es que quien vive de su trabajo honesto, formal e informal, es quien sufre más con las largas colas a las puertas de establecimientos comerciales cuando aparecen los productos regulados. Y es que si no muere ahí, simplemente el sueldo no le alcanza para comer a los precios del mercado negro -mal llamado bachaquerismo en Venezuela- que suele prosperar en momentos históricos de gran escasez.

Pero esas colas de hasta medio día para comprar harinas, granos, aceites, productos de higiene personal, son la expresión más visible de una economía colapsada por el fracaso de los controles de precios, de las expropiaciones, confiscaciones de empresas y la persecución contra la iniciativa privada.

En una economía donde la moneda no vale nada.

Pasar horas de pie, bajo el sol o la lluvia, aguantando la grosera humillación de militares que arrean a la gente como al ganado, es un sacrificio inevitable para muchas personas obligadas a conseguir su cuota semanal de bienes regulados.

Cuando uno lo cuenta eso a gente de afuera, no se cree. Explicarle por ejemplo a un español que en Venezuela una simple botella de aceite de oliva puede costar el equivalente al salario de un mes de un profesor universitario es un escándalo. En España por cierto, hasta las papas fritas callejeras son hechas en aceite de oliva.

UNA SEMANA POR UN KILO DE QUESO

Las obscenas distorsiones que revelan el grado de miseria al que ha llegado la economía personal de la vasta mayoría de venezolanos se ilustra con otros indicadores: un obrero, un oficinista o un maestro, un médico que gane el equivalente al salario mínimo debe trabajar una semana para comprar un kilo de carne.

Un kilo de queso parmesano vale dos semanas de salario mínimo. Cada kilo de pasta, de arroz, de harina, de lentejas, en el mercado negro y hasta en el legal, vale por lo menos dos días de trabajo a tiempo completo. El almuerzo más barato en un restaurante de mala muerte vale dos días de trabajo y para saborear un Big Mac hay que trabajar cuatro días, cuando en cualquier país eso es un almuerzo barato que vale 15 minutos de trabajo.

Esas cosas, se los juro, no son nada normales.

Según admitía el propio ministro y vicepresidente de Planificación, Ricardo Menendez, cuando el gobierno se vio obligado a decretar el más reciente aumento de 30% en el salario, un tercio de los trabajadores del país solo gana el mínimo. Son 5.573.261 asalariados que deben conformarse con Bs 18.585 mensuales. Si sumas los cesta ticket –sin impacto en las prestaciones ni utilidades- se llega a 33.636 bolívares.

Habría que ganar casi cinco veces más, sólo para poder comprar la canasta básica de alimentos, bienes y servicios para una familia de cinco miembros, según lo que calculaba en abril el CENDA (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores).

“Un familia requiere de 14 salarios mínimos para poder cumplir sus necesidades básicas”, señala este organismo privado. La verdad es una cuenta que puede hacer cualquiera cuando regresa de las compras.

Según Menendez, en total el 50% de los trabajadores percibe entre uno y dos salarios mínimos y el otro 20% gana entre dos y tres.

Ese 70% de los trabajadores venezolanos son hoy la primera línea de los que han sido empujados a los calabozos de la pobreza. Cada día ven cómo uno de los atributos fundamentales del factor trabajo y uno de sus derechos constitucionales, el de tener ingresos dignos, son pisoteados por la realidad.
“Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad”, o algo así, dice el artículo 91 de la Carta Magna.

Lo peor es que eso ocurre sin que haya en el horizonte ninguna posibilidad de redención, porque desde el poder nadie está tomando ninguna medida para atacar las causas del descalabro de la economía real. No es con aumentos rutinarios que se resuelve el problema de los hogares: la culebra se mata por la cabeza, y hay que atacar las causas, no las consecuencias de la inflación, y crear condiciones para incentivar la producción interna.

¿Y LOS INFORMALES?

De modo que el trabajo a destajo ha sido una necesidad para redondear el ingreso de los hogares. Según los últimos datos morosos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) antes del naufragio total de la economía, había unos 5,7 millones de trabajadores en la informalidad.

El término no incluye sólo a los buhoneros de siempre, también a esperanzados emprendedores, profesionales liberales, empresas con menos de cinco empleados, hasta jóvenes con destrezas en el mundo de la informática y los artesanos.

Y eso que la mayoría de quienes tienen un trabajo formal, cuando pueden se rebuscan en el informal, ya sea manejando un taxi, limpiando casas, o vendiendo cualquier cosa legal.

Pero todos esos trabajitos también están estrangulados, no sólo por la espantosa parálisis de la economía toda, sino también por la escasez que no termina. Además no hay harina ni azúcar para las reposteras del vecindario, ni telas para las costureras, ni materiales de construcción para los albañiles, o tintes para las peluqueras ni tubos para los herreros.

En todo caso, la prioridad de la gente es comprar comida, donde la consiga. Y en esta carrera interminable los hogares han pasado a sustituir alimentos en la mesa: plátanos verdes en lugar de la emblemática arepa, yuca en vez de arroz y pasta.

Pero estos humildes productos también se han disparado, hasta el punto que hay que trabajar dos días a salario mínimo para poder pagar un kilo de papas, ese tubérculo de origen americano que tanto ayudó a otros países a sofocar el hambre en algunos momentos amargo de la historia.