Política

Oposición venezolana: los golpes nos fortalecen

Desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, las opiniones encontradas de una Venezuela polarizada no han sido tímidas. El diálogo cede espacio a los golpes y trifulcas contra representantes opositores mientras las autoridades gubernamentales no manifiestan posición

Redacción El Estímulo
Redacción El Estímulo
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El diputado Tomás Guanipa denunció este jueves 5 de mayo desde la Asamblea Nacional las amenazas que han recibido sus colegas parlamentarios de oposición. “Queremos responsabilizar al gobierno nacional de lo que le pueda ocurrir a cualquiera de nuestros diputados. No lograrán sacarnos del camino de la paz y el camino del cambio democrático», manifestó el secretario general de Primero Justicia. La declaración es alusiva a supuestas amenazas de muerte que han recibido varios miembros de la bancada opositora y también al grupo de personas armadas que en días anteriores ingresaron a las instalaciones del Palacio Legislativo «buscando al diputado Juan Requesens y al diputado Freddy Guevara para ser agredidos» según su relato.

No es la primera vez que, desde que la Unidad logró una importante posición institucional en el país por la vía electoral, se viven, exponen o denuncian agresiones por parte de militantes del oficialismo.

Jalones de mechas

El 4 de mayo de 2016, la exdiputada María Corina Machado rendía declaraciones durante una visita al Hospital Universitario de la ciudad de Mérida cuando de manera intempestiva recibió un jalón de pelo a sus espaldas. Ella continuó con la denuncia de la crisis hospitalaria que vive el recinto donde afirmó que han muerto 160 bebés recién nacidos en lo que va de año. No es la primera, ni la más grave, de las agresiones físicas que ha sufrido la coordinadora del movimiento político Vente Venezuela. En calles, aeropuertos y hasta en la Asamblea, sus disidentes le han propinado demostraciones de intolerancia. Ojos morados y collarín fueron parte de su apariencia mientras ocupaba una curul en el Legislativo.

A puño limpio

El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, fue embestido a golpes cuando participaba en una protesta realizada en las adyacencias de la sede de Corpoelec en San Bernardino, Caracas, el 29 de abril de este año. En el video viral que circuló por redes sociales se ven a al menos cinco atacantes, de los cuales uno repetía “échale plomo” refiriéndose al dirigente opositor.

Torrealba hizo la denuncia ante el Ministerio Público y el organismo la recibió. Hay evidencias fotográficas de que Jorge Navas, uno de los agresores, ha estado presente en previos actos violentos contra representantes de la oposición. El antiguo conductor del programa El radar de los barrios manifestó para los medios de comunicación  que la respuesta de la Fiscalía era “motivadora” porque “si esto en efecto se investiga, si esto en efecto es resuelto, habremos ganado todos los venezolanos, porque estaremos desactivando una célula de agresión, una célula de violencia”.

Reclamo popular Un grupo de adeptos al oficialismo, pertenecientes a un «Tribunal Popular», se mantuvo a las afueras del Parlamento durante la tarde de ayer. La multitud estaba exaltada, aun frente a la presencia de la Guardia Nacional, y acusaban a la bancada opositora de “traicionar a la patria”. El director de Comunicaciones de la AN, Oliver Blanco, denunció que los manifestantes intentaron saltar las rejas del Palacio Federal para exigir un juicio público al Parlamento. En la sesión del 5 de mayo se debatía el informe de la comisión especial de las universidades y la viabilidad de la Ley de Bonos para Jubilados y Pensionados. El debate debió interrumpirse  para que el presidente del recinto legislativo, Henry Ramos Allup, saliera hasta el portón a hablar con un manifestante que logró sobrepasarlo. Recibió un documento consignado por el tribunal de angustia y desesperación”, como calificó. Ni derecho a almuerzo Los diputados de la Mesa de la Unidad Carlos Paparoni, Jorge Millán y Juan Miguel Matheus —junto con el concejal de Caracas Jesús Armas— fueron agredidos el 3 de marzo en la Plaza Bolívar de Caracas por un grupo de supuestos simpatizantes del oficialismo. Aproximadamente 30 personas participaron en la agresión donde Paparoni resultó herido cuando rompieron una botella en su cabeza. «No puede ser que nosotros como ciudadanos no podamos salir a la Plaza Bolívar. A punta de agresiones no van a sacarnos de la Asamblea Nacional», dijo el diputado de Primero Justicia durante su intervención en el Parlamento. En la sesión de ese día, Henry Ramos Allup aseveró que ha conversado sobre las agresiones con la Guardia Nacional —que posee la custodia del Palacio Legislativo— y la Policía Nacional Bolivariana  y no ha obtenido respuestas sobre la seguridad que debe imperar para las instalaciones y sus empleados.

No hay escasez para agredir Pocos días después de la instalación de la Asamblea Nacional, la nueva mayoría opositora, recibió una bienvenida a “tomatazos”. El 13 de enero de 2016, un grupo de adeptos al oficialismo aguardó fuera de las instalaciones y arrojó tomates y huevos contra los representantes parlamentarios y periodistas. El diputado de Primero Justicia, Julio Borges, discutía en la sesión de ese día la promoción de un proyecto de ley para otorgar título de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. Un recibimiento costoso a considerar que el precio de los alimentos aventados superan los 1.000 bolívares. La respuesta de la bancada oficialista estuvo ausente, ni rechazo ni aprobación a la agresión. Dejaron que el silencio otorgara.

Periodistas no se salvan Sin ser políticos, los periodistas también se ven afectados. El reportero comunitario de La Otra Televisión, Maximiliano Guerra —programa que se transmite en el canal estatal Venezolana de Televisión— fue agredido el 5 de mayo en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional por parte de funcionarios de seguridad. El comunicador se encontraba en el Palacio para dar cobertura a la entrega de un documento a Ramos Allup cuando le decomisaron su equipo de trabajo. Guerra denunció el suceso y la Defensoría del Pueblo condenó los hechos violentos, mientras aseguró que la denuncia se elevaría formalmente. En los primeros cuatro meses de 2016, la organización Espacio Público contabilizó 69 casos en los que se vulneró el derecho humano a la libre expresión, en los cuales se registraron un total de 85 violaciones. La violación más reiterada fue la intimidación con 31%, abarcando principalmente casos de retenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad o funcionarios de instituciones públicas para impedir coberturas periodísticas. El hostigamiento verbal alcanzó a acumular el 20% de las violaciones a la libertad de expresión. Los principales victimarios a este derecho fueron los funcionarios del Estado, seguidos de los cuerpos de seguridad y las instituciones del estado con 21, 17 y 13 violaciones respectivamente. De enero a abril se registraron 113 víctimas, de las cuales 64 fueron periodistas, 29 fueron medios de comunicación, 13 fueron reporteros gráficos y 5 fueron otros trabajadores de la prensa. El 25 de abril, un grupo de periodistas consignó ante el Ministerio Público una carta para exigir celeridad en las respuestas de las agresiones contra comunicadores sociales. A la institución acudieron representantes de Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

 

Lejos de ser normal, sí es habitual que haya agresiones violentas en Venezuela. Las acciones para condenarlas por parte de organismos oficiales son ausentes.  Las escasas respuestas son del defensor del pueblo, Tarek William Saab, y se pierden en declaraciones ambiguas en Twitter, donde más que fijar una posición, responde a los usuarios después de reclamos en la plataforma 2.0.

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