Política

La calle no calla: más protestas y más represión

La inconformidad con la situación país es latente y visible en las calles venezolanas. En 2015 se registraron 5.851 protestas y en el primer trimestre de lo que va de año ya son 1.552, en un contexto donde la represión se mantiene alta. Servicios públicos y alimentación van tomando el protagonismo que tenían los reclamos laborales. Un clamor por una mejor calidad de vida ante autoridades sordas

Fotografía: AP
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“La protesta es un estado de malestar. Es un comportamiento colectivo de gente que se organiza para exigir sus derechos o demandas. Esa demanda se dirige a un ente de autoridad”, define la investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) y psicólogo clínico Yorelis Acosta. La disputa entre los dos actores —colectivo y autoridad— aumenta aceleradamente. En 2015, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 5.851 protestas, lo que equivale a 16 manifestaciones diarias.

El director de la organización, Marco Antonio Ponce, asegura que durante el primer trimestre de 2016 ya se han acumulado 1.552. En enero se contabilizaron 491 casos, en febrero 523 y en marzo un total de 538. Antes del año 2000, el promedio era de 500 manifestaciones anuales según Acosta, mientras que ahora ese número se corresponde con el estándar mensual.

Para el 2016, los datos evidencian que la espiral de descontento asciende, sobre todo en las protestas sociales —vinculadas a servicios de agua potable, electricidad y derecho a la alimentación. Su incidencia podría elevarlas a la cúspide de exigencias por encima de la tendencia histórica de demandas laborales.

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Ponce manifiesta que en tres meses se han contabilizado 363 protestas relacionadas solo con la petición de alimentos, representando 23,39% de los reclamos. “Desafortunadamente en este momento no se ve que el Estado esté tratando de solucionar. Pareciera que está más enfocado en el aspecto electoral que en la situación que están atravesando los venezolanos. El punto de interés está en la permanencia del Presidente en el poder y no en resolver los problemas de la gente”, advierte y señala que hasta marzo se confirmaron 107 saqueos o intentos, de los cuales 81% se produjeron contra transportes que trasladan comidas o bebidas. Ponce sostiene que este fenómeno se debe a que “los locales o sitios donde venden alimentos están en su mayoría militarizados. Por eso, la gente decidió atacar los transportes que no tienen ningún tipo de protección”.

Así, se modifican aceleradamente las tendencias contenidas en el informe de 2015 del OVCS, donde se registra que las protestas por derechos laborales lideraron las movilizaciones con 1.910 sucesos, equivalentes a 33%, ese año. La solicitud de vivienda y servicios básicos le secundó con 1.542 casos. Le siguió el rechazo a la escasez de alimentos que terminó por ocupar la tercera posición con 1.064 demandas (18%). Las peticiones por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad y derecho a la justicia sumaron 656 manifestaciones (11%). Un caso particular se produjo en torno a las protestas por reproches políticos, las cuales disminuyeron de 5.851 en 2014 a 382 en el 2015 (7%). La variación se debe a que la dirigencia política en 2014 se concentró en movilizaciones para exigir el cambio no exitoso de líderes gubernamentales. Las quejas del sector educativo fueron las menos representativas con un registro de 287 manifestaciones (5%).

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Saquear es cruzar la línea hacia la ilegalidad y denota un elemento agresivo. El aumento de la violencia es preocupante, aun para un país como Venezuela con altos índices de criminalidad. En el primer trimestre de 2016, 7% de las protestas fueron violentas. Es un porcentaje alarmante al considerar que el índice histórico es de 2%, lo que supone una triplicación de la cifra. “Eso revela la inconformidad de las personas en cómo se está llevando la gestión pública, falta de paciencia y mucha impunidad”, expresa Ponce.

La investigadora Yorelis Acosta explica que la violencia es una consecuencia a la falta de resolución de demandas. El colectivo se reúne y mientras sus reclamos sean desoídos “la gente va subiendo la intensidad de las manifestaciones”. «La gente no se cansa, no hay un desgaste. El Gobierno ha jugado a no darle respuesta para que se canse de protestar, pero lo que dicen los números es que se mantiene en la calle, con más fuerza, se suman más personas. Los malestares y la violencia se va incrementando”.

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La conflictividad en Venezuela es una olla de presión a la espera de una explosión. Según una reseña del diario El Tiempo, en Maracaibo, entre marzo y abril fueron aprehendidos 35 ciudadanos por alteraciones del orden público durante protestas. Por su parte, en la Gran Caracas, semanalmente las fuerzas de seguridad arrestan a un promedio de 20 personas por la misma razón.

A golpe y porrazo

El derecho a la protesta pacífica está consagrado el artículo 68 de la Constitución Nacional, también en el ordenamiento jurídico internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el Gobierno ha intentado criminalizar el reclamo cívico implementando represiones, a veces de carácter legal, contra los manifestantes. De acuerdo con el informe de septiembre de 2015 del Foro Penal Venezolano, se produjeron 3.770 detenciones relacionadas con las manifestaciones de protesta ocurridas desde febrero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015. “De este grupo de personas, 303 fueron privadas de libertad por orden de un tribunal, es decir que estuvieron o están presos y las demás estuvieron detenidas entre 1 y 4 días y luego liberadas por orden judicial” reza el documento.

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Frente a las trabas, la sociedad no se adormece, no se amilana. El miedo la empuja y no la paraliza. Los números lo demuestran. Ponce sostiene que “esto se ha convertido en un búmeran para el Gobierno. En la medida en que ha implementado más mecanismos represivos para criminalizar, la gente ha tomado las calles cada vez más de manera espontánea”.

El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, comenta que “uno lo que espera es que el Gobierno tenga mecanismos para dar respuesta a la ciudadanía de las diferentes demandas. La gente va a intensificar los mecanismos de protestas en medida que no consiga respuesta de las autoridades. En la medida en que haya canales esa conflictividad va a ser canalizada de manera democrática”, repite.

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En el informe anual de Manifestar.org, una plataforma de difusión de las ONG Provea y Espacio Público, solo el 13,49% de las manifestaciones que se sucedieron en 2015 recibieron respuesta positiva de las autoridades correspondientes. En contraste, y aunque el 3% de las protestas registradas en ese informe fueron de carácter violento, el número de manifestaciones reprimidas superó el de las calificadas como violentas. “Un total de 91 protestas pacíficas fueron reprimidas”, dice el estudio.

En los últimos seis años, y según registros de Espacio Público y Provea, en 2009 la represión fue de 6%, en 2010 fue 4,34%, en 2011 fue 3% y en 2012 apenas 1,43%. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013 la acción de la fuerza pública contra la gente aumentó a 7% de un solo golpe, aún más en 2014 (16,4%) para registrar 6,49% en 2015.

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El coordinador de Provea asegura que hay un “aprendizaje ciudadano” en el cual la insatisfacción se ha ratificado con la vía electoral. “Mientras exista la posibilidad de activar los mecanismos constitucionales la gente va a alternar la protesta de calle con el voto”. En la actualidad ambos fenómenos confluyen. La activación del referendo está encaminada —lentamente— y la calle no para de rugir. Lo que ha sucedido es una sustitución de la marcha tradicional por las concentraciones. “La gente entiende que con una movilización de un punto a otro puede exponerse a una confrontación con los organismos de seguridad. Con la concentración, el nivel de exposición es menor y se logra la misma visibilidad, dice Acosta quien sostiene que la presencia de quejas públicas inevitablemente se mezcla con lo político porque los dirigentes se suman a las acciones ciudadanas para incentivar un cambio del Ejecutivo. “Como la gente está muy descontenta con la acción de gobierno, pues habrá que cambiar de Gobierno”, indica.

La protesta oculta

En la Venezuela “socialista” del siglo XXI las problemáticas se reparten por igual para todos los sectores. Uno de los más palpables está referido a la crisis de salud aunque en papel no haya cifras exorbitantes de protestas de calle por esta causa. Ponce comenta que “no quiere decir que no sea un problema grave. En el índice no tiene una representación de envergadura porque las personas que están sufriendo la crisis de salud están más enfocadas en su problema, en ver cómo resuelven, en buscar las medicinas o esperando respuesta en los hospitales”. Siendo los más afectados, porque del cumplimiento de su derecho depende su vida, los venezolanos que padecen enfermedades no siempre tienen tiempo para luchar dos batallas al unísono.

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La ausencia de cobertura mediática de las protestas lleva a algunos a incurrir en la falacia de que el país es conformista y no sucede nada. Pero Uzcátegui comenta que ha habido rupturas en la cultura de protesta venezolana y una de las más significativas sería que la capital ha dejado de ser centro del conflicto desde 2014.

En 2015, según el informe conjunto de Provea y Espacio Público, el 86,35% de los reclamos ocurrió fuera del Distrito Capital. “El Gobierno ha sido particularmente precavido en que no se generen movilizaciones importantes en Caracas, pero el resto del país sigue movilizado. Esas movilizaciones en el interior lograron el resultado del 6 de diciembre”. El sociólogo prevé que, si el Estado no vira hacia la resolución de las disputas, la conflictividad se incrementará en el interior hasta expandirse a la capital, hasta ahora privilegiada por concentrar los poderes públicos.

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Ponce expresa que el Gobierno ha tratado de excusarse de todas las fallas culpando a terceros. Por ejemplo, el problema eléctrico se lo adjudica al fenómeno El Niño. “Es un gobierno que tiene un discurso social, que dice que trabaja por los pobres y trabajadores, pero la realidad demuestra lo contrario. En los últimos cinco años se han producido más de 30.000 protestas” y, pese a que los desacuerdos son normales en una sociedad democrática, la conflictividad funciona como barómetro para medir las demandas insatisfechas de una gestión gubernamental, lo que coloca la efectividad del presidente Nicolás Maduro y todo su gabinete en tela de juicio.

Por su parte, Uzcátegui, considera que, aunque hay un indiscutible clamor por una mejor calidad de vida, no se están concretando acciones que conlleven a una solución definitiva porque “la gente está saliendo a protestar sin articulación y sin construir un tejido social que pase de la protesta a la propuesta. La falta de estos vínculos con otros permite que permanezcamos en una situación de protesta permanente sin construcción de alternativas”. Ese “estira y encoge” sin pausa entre la sociedad y las autoridades promueve la anomia social en un país donde lo único asegurado es la incertidumbre.

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