El enemigo de Miraflores: la culpa es de la vaca (primera parte)

Caracteriza a la revolución bolivariana endosar sus yerros a rimbombantes complots internacionales. No obstante, los supuestos aliados criollos de los conspiradores foráneos han devenido en verdaderos chivos expiatorios. Todos somos sospechosos. 

El enemigo de Miraflores: la culpa es de la vaca (primera parte)

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El jueves 6 de agosto de 2015 el país alcanzó el paroxismo de la violencia con el asesinato de Liana Hergueta, de 52 años de edad, quien fue violada, asfixiada y ulteriormente desmembrada por los ciudadanos Carlos Eduardo Trejo, José Pérez Venta y Samuel Ángulo; según versión confirmada públicamente por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López.

El atroz homicidio devino en una rocambolesca trama divulgada a través del hegemónico aparato comunicacional del Estado; relegando el crimen para enfatizar la confesión en video de Pérez Venta y sus supuestos vínculos con políticos de oposición, dueños de medios, líderes estudiantiles, militares exiliados, paramilitares y hasta congresistas norteamericanos y ex presidentes colombianos.

Este nuevo delator estrella y su cómplice Carlos Eduardo Trejo fueron descubiertos como “patriotas cooperantes” infiltrados en las filas de la oposición venezolana, según evidencias difundidas en una investigación periodística publicada por runrun.es y el semanario TalCual. Al final, toda la alharaca de acusaciones políticas volvió a ser un distractor del problema de fondo: el crimen desbordado y la inoperancia del Estado para contenerlo.

Doctrina de la seguridad nacional

Para el defensor de derechos humanos Marino Alvarado, el creciente autoritarismo que viene caracterizando el estilo de gobernar del presidente Nicolás Maduro es preocupante. Más si ello se expresa en asumir progresivamente la doctrina de la Seguridad Nacional, “la misma que sustentó a los regímenes dictatoriales en el Cono Sur del continente y justificó las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile”.

Para Alvarado, la élite política gobernante cuestiona esa doctrina en el discurso, pero en la práctica cada día se acerca más. Explica que una de sus características es la definición de enemigos internos a quienes hay que aniquilar. Las personas no se consideran como portadoras de derechos, incluyendo el derecho a expresar opiniones diversas y disentir, sino como sospechosas habituales ya sea porque son parte directa de los enemigos internos, o son colaboradores o simpatizan con esas “fuerzas del mal”.

“Desde esa perspectiva, el aparato del Estado se organiza para investigar, perseguir y aniquilar ese enemigo interno. En las dictaduras del Cono Sur, ese enemigo eran los comunistas, a quienes se les calificaba de traidores a la patria, agentes de enemigos extranjeros, conspiradores y subversivos. Se convocaba al pueblo a que delatara a esos enemigos y colaborara con las fuerzas de seguridad para identificarlos, neutralizarlos y de ser necesario aniquilarlos. Con esa filosofía, se persiguió, se realizaron detenciones arbitrarias, se torturó y se asesinó”.

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Un ejemplo de esta doctrina sería la Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, aprobada por la bancada oficialista de la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 2015, con el fin de legislar en materia de “defensa y soberanía de la patria” en respuesta al llamado “Decreto Obama”, que el gobierno interpretó la afrenta como un aviso de bloqueo o invasión.

Para el abogado y profesor de derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, el texto habilitante abre la posibilidad de legislar sobre cualquier materia, en la medida en que señala como propósito general, sin precisiones, garantizar la protección contra “cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

El jurista señala que la mención de la actividad interna está asociada a la noción de enemigo interno y a la justificación del derecho penal del enemigo. “En la práctica, precisamente como consecuencia de decretos leyes previos, hemos visto cómo se han utilizado procedimientos penales para perseguir y aniquilar la más mínima expresión de disidencia”. En efecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se pronunció al respecto declarando: “Venezolano que no quiera defender al país deberá ser tratado como enemigo”.

La oposición golpista

De acuerdo a cifras suministradas por runrun.es y TalCual, publicadas el 27 de agosto de 2015, los acusados predilectos en el discurso de Maduro son la oposición política (16 menciones), el gobierno de Estados Unidos y sus funcionarios en el país (14 menciones) y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (4 menciones). El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig; Consecomercio, Venancham, el gobierno guyanés, los empresarios del país, las cadenas de supermercados y la Conferencia Episcopal Venezolana completarían el cuadro de eternos sospechosos vinculados a hechos de violencia política, golpes de estado, corrupción, carteles de narcotráfico, planes secesionistas, guerra económica, guarimbas, incentivo de saqueos, asesinatos selectivos y magnicidios. Sin embargo, menciona el informe, “extraña vez las pruebas de Maduro salen a la luz”.

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Ilustrativo de lo anterior fue la declaración del Presidente el día 16 de mayo de 2015 desde un evento en la ciudad de Los Teques y que fue transmitido en cadena de radio y televisión: “Tenemos pruebas de la articulación de líderes principales de la derecha extrema venezolana, de la derecha extrema de Colombia con bandas criminales a las cuales les pagan con droga y dólares (…) para que salgan a matar gente, seleccionada por ellos, y crear una situación de caos en el país”.

Enmarcado en este tipo de acusaciones difusas se ha encarcelado a políticos de oposición como Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Leopoldo López; este último condenado el pasado 10 de septiembre a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de asociación para delinquir, instigación pública, daños e incendio; en un juicio asimétrico donde fueron admitidas y evacuadas 138 pruebas de la fiscalía, parte acusadora, y 0 pruebas de la defensa de López, según trabajo especial de El Nacional de fecha 04/11/2015. Al respecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch ha dicho: “Este caso es una farsa ¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?”.

Las organizaciones no gubernamentales

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El gobierno ha desplegado en los últimos dos años una escalada de ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014, que incluyó a Venezuela en el Capítulo IV -conocido como la lista negra-, la intolerancia política ha conducido al debilitamiento de las instituciones democráticas, y las represalias al disenso han dejado a ciertos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer su rol fiscalizador dentro del sistema democrático. “Estas prácticas recrudecen el delicado ambiente de polarización que es favorecido por las represalias al disenso político”.

La más reciente arremetida contra una ONG ocurrió en una alocución del Presidente de la República el día 21 de agosto de 2015, contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y su antiguo coordinador general –y actual miembro de la asamblea general de esa ONG- Marino Alvarado, luego de una serie de críticas sobre el impacto negativo de la acción militar-policial conocida como “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP). El presidente Maduro dijo: “Una organización política financiada por el gobierno de Estados Unidos llamada Provea, de la derecha venezolana, dirigida por un señor que yo conozco, Marino Alvarado, nacido en Colombia, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, tenemos las pruebas de su financiamiento por parte de la NED, es una organización política que le ponen ONG para financiarlos y ponerlos a hablar en el mundo y en Venezuela. Marino Alvarado, quien trabajó para los servicios policiales de la cuarta república como infiltrado en Bandera Roja y el partido político DEA, aquí están, acusándome de lo mismo que me acusa Uribe de que soy anticolombiano, comparándome con el pelucón racista oligarca de Donald Trump. Aquí no me para nadie, que lo sepa el pueblo de Venezuela, no me va a parar nadie”.

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No es la primera vez que se emplea el sistema nacional de medios públicos para criminalizar y hostigar a las organizaciones y activistas de derechos humanos. Desde noviembre de 2014 el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello ha dirigido una campaña de descrédito contra las ONG venezolanas a través de su programa “Con el Mazo Dando”.

En julio pasado expertos de las Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) lamentaron “los intentos por desacreditar e intimidar a defensores de derechos humanos” a través del sistema nacional de medios públicos. “Es hora de poner fin a este vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela”, dijeron los expertos.