La ONG Una Ventana a la Libertad confirmó la muerte de 192 reclusos en los Centros de Detención Preventiva durante 2019. 46 de esos privados de libertad perdieron la vida por enfermedades (entre ellos 22 por tuberculosis); 40 por violencia entre reclusos, 35 por causas desconocidas, 34 en fugas, 21 por varias causas y 16 por abuso policial.
Las condiciones de hacinamiento y el estado deplorable de los centros de detención vulneran los derechos de los privados de libertad, denunció Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, quien este miércoles presentó en la biblioteca Francisco Herrera Luque de Caracas su informe anual 2019 sobre la situación de los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela.
Para elaborar el documento, la ONG monitoreó 238 Centros de Detención Preventiva (de los más de 500 que existen) en 15 estados del país. Las cinco entidades con mayor número de detenidos son Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta.
Una Ventana a la Libertad precisó que la capacidad de los CDP es de 1.176 reclusos. No obstante, actualmente albergan a 6.151 personas, lo que supone un importante problema de hacinamiento.
Para finales de 2019 estaban detenidas 19.268 personas, “es decir 50,3% de las 38.318 personas que fueron capturadas ese año», según precisó Carlos Nieto Palma.
17.800 de esos reclusos eran hombres; 1.305 mujeres, 140 adolescente, 12 indígenas y 11 miembros de la comunidad lgbti.
También se registraron 358 reclusos fugados. Solo 109 fueron recapturados, 442 están por encarcelamiento político y 146 acusados de vandalismo.
Asimismo, en el transcurso de 2019 se registraron en los Centros de Detención Preventiva (CDP) 140 protestas de reclusos en huelga de hambre. Igualmente, Una Ventana a la Libertad 88 casos de tortura hacia mujeres y 144 de torturas a hombres.
Los CDP son espacios de detención transitorios previos al traslado de un preso a una cárcel o su liberación. Estos recintos, no están capacitados para estadías prolongadas. Sin embargo, esta premisa no se cumple en Venezuela, donde estas instancias temporales se convirtieron en las nuevas cárceles del país.
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