“Vamos a debatir sobre la democracia”

¡Claro que sí! Se abre el debate, entendiendo que “democracia” no es solo el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, sino también la “norma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley” (RAE).

En democracia están explícitamente prohibidas y se considera una violación de la ley las detenciones arbitrarias y las faltas contra el debido proceso. En la Venezuela de hoy proliferan, contraviniendo abiertamente lo estipulado tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en el Código Penal y el Derecho Internacional. El Sebin, la Dgcim y la FAES -en particular- se han convertido en fuerzas de represión, detenciones revestidas de todas las ilegalidades posibles, torturas y asesinatos. La tortura también está prohibida en democracia, pero se ha vuelto una práctica común. El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto bajo custodia en el Sebin según su esposa y abogados, por las múltiples torturas que le infligieron, sigue pendiente. Fue presentado en silla de ruedas, visiblemente golpeado en muchas partes de su cuerpo, con la mirada perdida, tanto, que la jueza ordenó trasladarlo al Hospitalito de Fuerte Tiuna donde falleció. El régimen -a través del Ministerio Público- prometió una “investigación exhaustiva y científica” cuyo resultado seguimos esperando.

En democracia existe libertad de expresión y de prensa. Nuestra Constitución, en su artículo 57 establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Sin embargo, quienes trabajan en periodismo de investigación han sido sistemáticamente perseguidos, hostigados de muchas maneras, apresados u obligados a huir del país. Expresar libremente una opinión en público es un riesgo que asumimos quienes lo hacemos. No hay garantía alguna de que se nos vaya a respetar ese derecho.

El informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas, sobre Venezuela, es explícito sobre el tema: «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes… En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales –24 de ellos en 2018». En 2019, 2020 y 2021 han continuado y todo indica que seguirán en esa línea.

En democracia no hay represión selectiva ni persecución por motivos políticos. En nuestro país, es todo lo contrario. Vuelvo al informe de Bachelet: «Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional». Ni hablar del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y todo el sistema judicial, adaptados para satisfacer las necesidades del régimen.

Human Rights Watch refiere en su página: “En abril de 2017, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional… El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”.

En democracia no hay ejecuciones extrajudiciales. Pero en Venezuela, donde según la Constitución no existe la pena de muerte, hay una pena de muerte sumaria que se ha llevado a un número de opositores al régimen, como los casos del diputado Fernando Albán y del capitán Acosta Arévalo. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano alteraron la escena de los crímenes con pruebas falsas.

Thairi Moya Sánchez y Simón Gómez-Guaimara en el informe: Amarga realidad: las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela del 10 de mayo de este año, dicen: “en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado que coincide con un plan para cometer crímenes de lesa humanidad, disfrazada como una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas que se perciben como delincuentes”.

En democracia hay acceso a la justicia. De acuerdo a World Project Justice, desde el 2016 Venezuela ocupa el último puesto en el índice de estado de derecho, justicia penal y en límites al poder gubernamental. Nos siguen Camboya y la República “Democrática” del Congo.

¿Hay democracia en Venezuela? ¡No me hagan reír… para no ponerme a llorar!