Cariaco: Entierros a escondidas y de madrugada conmocionan a todo un pueblo

Se suponía que había una cuarentena, calificada como radical por la administración de Nicolás Maduro, en la que todos debían estar dentro de sus casas, sin excepción. Pero eso no importaba en el pueblo de Cariaco. El dolor y la indignación eran tan grandes que mantenía a los ciudadanos en las calles, a altas horas de la noche, reclamando un cadáver.

Sí, un cadáver.

La tarde del jueves 6 de agosto, la muerte de Aníbal Vásquez conmocionó a Cariaco, un pueblo del costero estado Sucre, al este de Venezuela. Comerciante de 45 años de edad, casado y padre de tres, amigo de casi todos en el pueblo y bromista hasta en momentos difíciles: así era Aníbal. Ese día, más temprano, buscó atención médica en el Hospital Dr. Diego Carbonell.

Desde allí fue remitido al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Bolívar y Martí, uno de los 18 centros sanitarios en el estado Sucre, calificados como centinelas para la atención a pacientes con covid-19 en el poblado capital del municipio Ribero, al oeste de la entidad.

Aníbal era un hombre alto, robusto y moreno. Era saludable, según afirman sus familiares. Unos días antes de su muerte se sentía mal: tenía fiebre y fuertes dolores de cabeza. Ese jueves el malestar fue muy grande y decidió ir al médico. Quedó internado de inmediato, postrado en una camilla junto a otros pacientes. Su estado empeoraba.

Le llegó la muerte a las 6:30 de la tarde. Un infarto. Su tío Jesús y dos de sus primas explicaron que ese fue el diagnóstico de la médico que lo atendió. También les dijo que padecía una hepatitis que lo colapsó internamente.

Eso, aseguran ellos, les dijeron: no hubo autopsia que certificara las patologías.

Al cadáver de Aníbal le aplicaron una prueba rápida de detección de covid-19 y su resultado fue positivo. Y allí empezó la agonía para sus dolientes. A los familiares les negaron la entrega del cadáver y eso generó conmoción en el pueblo. Decenas de ciudadanos se agolparon en las adyacencias del CDI para reclamar el cuerpo de Aníbal.

Después de una intensa negociación con funcionarios de la Guardia Nacional, el cadáver de Aníbal Vásquez fue envuelto en un plástico y se lo dieron a sus familiares con una condición: debía ser sepultado de inmediato, no habría funeral para él.

El caso de Aníbal Vásquez no es único en Cariaco. Días después, en el pueblo, familiares y allegados reportaron algo similar con un dirigente social identificado como William Yarit, de 63 años de edad, cuya muerte no contó entre las estadísticas. Falleció la noche del domingo 9 de agosto en el CDI Bolívar y Martí y fue sepultado a la 1 de la madrugada del lunes.

Sin protocolos

A los familiares de Aníbal no les quedó más opción que buscar una urna esa misma noche, depositar allí el cuerpo y llevarlo hasta el cementerio en la parte trasera de un camión tipo cava. A las 11 de la noche fue llevado al camposanto de Cariaco para ser sepultado mientras amigos, familiares y vecinos lloraban afuera, en la entrada, manteniendo la distancia.

Con solo una prueba rápida, Aníbal Vásquez fue calificado como portador de covid-19 y esta fue la razón por la cual su familia no pudo despedirlo de forma adecuada. Pero el proceso que envolvió su hospitalización y posterior muerte estuvo plagado de irregularidades que dan cuenta de la ausencia de los protocolos sanitarios para tratar pacientes durante la pandemia.

Una prima del fallecido, quien solicitó declarar bajo anonimato, indicó que la médico que lo atendió no tenía traje de bioseguridad, una bata o tan siquiera unos guantes: «Estaba vestida con ropa normal y solo tenía un tapabocas».

Fue la médico que les informó que Aníbal había muerto de un ataque cardíaco.

«Solo unos médicos cubanos tenían trajes de bioseguridad. Más nadie», dijo.

Tampoco había protocolos sanitarios más allá de la imposibilidad de que los familiares pudieran tener el cadáver para darle sepultura. «Todo lo manejaban los guardias nacionales, pero ellos solo tenían un tapaboca. Durante el entierro tampoco hubo ningún protocolo sanitario. Los policías que estaban ahí apenas tenían un tapaboca en la cara», dijo.

La rapidez con la que los funcionarios militares exigieron la sepultura del comerciante obedeció al resultado de la prueba rápida para detección de covid-19. Pero su muerte no fue registrada en el balance nacional que ofrece diariamente la administración de Nicolás Maduro con los casos positivos de contagio y decesos a causa del coronavirus.

Su familia no tiene certezas acerca de las causas que provocaron su muerte. Días después de lo ocurrido, tampoco saben detalles sobre la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) cuyos resultados se procesan solo en el Instituto Nacional de Higiene (INH) en Caracas.

Diagnósticos fantasmas

Los fallecidos por coronavirus de Cariaco, ni de todo el estado Sucre, no aparecen en los registros nacionales de covid-19. En el reporte del jueves 6 de agosto, día que murió Aníbal, Sucre sumó nueve casos a la estadística nacional y ningún deceso. Tampoco fue registrado al día siguiente. Solo el viernes 8 de agosto la cifra fue de 18 nuevos casos y una muerte, un hombre de 68 años de edad, habitante de Cumaná. Aníbal nunca apareció. Tampoco William.

En declaraciones públicas, la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carúpano, municipio Bermúdez, Jumisamarly Franco, denunció la manipulación de resultados de las pruebas por parte de la alcaldesa de la localidad, la oficialista Nircia Villegas.

En un audio, Jumisamarly contó que, sin la certeza de una prueba oficial que certificara la presencia de covid-19, fue obligada a incinerar los restos de su padre, quien había fallecido por complicaciones pulmonares.

La dirigente aseguró que su padre, antes de morir, fue llevado a una clínica y allí el diagnóstico indicó «que tenía los pulmones muy comprometidos».

«Me estabas obligando a quemar, no a cremar, sino a quemar a mi padre», se le escucha decir.

Advirtió que la falta de protocolos sanitarios es una práctica común desde la Alcaldía de Carúpano.

«Tú, sin una confirmación de Ministerio de Salud (…) haces bullying en las comunidades hacia aquellas personas que perdieron a sus familiares», dice.

La escalada oculta

En Cariaco existe la sospecha de un subregistro con los casos de covid-19. Una farmaceuta, que solicitó omitir su nombre, aseguró que el expendio de medicinas relacionadas con el tratamiento para el virus se incrementó hasta en 70% entre las dos últimas semanas de julio y la primera semana de agosto.

«Hay muchísima más demanda de fármacos analgésicos y antibiótico azitromicina, indicada para tratar el virus. Son personas que optan por no ir al hospital de Cariaco o al CDI, por temor», explicó.

Desde que inició el proceso de cuarentena, el 15 de marzo, y hasta el lunes 11 de agosto, la administración de Nicolás Maduro contabilizó 26.800 casos confirmados de covid-19. De ellos 1.154casos, incluidos 15 decesos, se registraron en Sucre. La entidad ocupa el séptimo puesto en relación a la cantidad de casos a nivel nacional.