En cuanto a los honorarios, Ilocad asegura que no los cobró de PDVSA, sino de Squire Patton Boggs, y que su importe es "muy inferior a la cantidad falsamente asignada" en el documento.
El despacho de abogados del ex juez español Baltasar Garzón, Ilocad, niega tener vínculos directos con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, tras la publicación en exclusiva por THE OBJECTIVE de una solicitud de contratación al despacho cercano al régimen de Nicolás Maduro.
Según un comunicado de prensa difundido este jueves en Madrid, «Ilocad, SL no fue contratada por PDVSA».
Solo admite que «fue contratada por el despacho (norte) americano Squire Patton Boggs, LLP que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven», para labores relacionadas con estas dos empresas.
«Y lo hizo —ahonda el bufete— habida cuenta del prestigio nacional e internacional de Ilocad».
Squire Patton Boggs, LLP es el despacho de abogados, con 44 oficinas en 21 países, defendió en su momento de manera directa a unos de los implicados en el caso de «los narcosobrinos». Se trata del venezolano Efraín Antonio Campos Flores, condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, junto a su primo Francisco Flores de Freitas.
Ambos son sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro.
El despacho de Garzón asegura que el encargo del bufete americano fue, en primer lugar, «la realización de un informe sobre la viabilidad de la interposición de acciones legales en España contra varios empresarios así como exfuncionarios de PDVSA y de su filial Bariven»; en segundo, «la realización y presentación de una querella contra dichas personas por delitos de organización criminal y blanqueo», y, en tercero, «la defensa técnica de los intereses de la mercantil PDVSA y su filial Bariven, SA en el marco del procedimiento judicial incoado, incluyendo la instrucción del procedimiento y la fase de juicio».
En el documento publicado por The Objective en exclusiva «se solicita la autorización para proceder a la contratación de los servicios de la firma de abogados Ilocad, SL para adelantar acción legal tanto civil como penal en España, por un monto de 8.835.000,00 euros».
Ilocad, no obstante, asegura que dicho documento «es falso en lo que se refiere a Ilocad».
Y ahonda: «Este despacho no solo es ajeno al mismo, no solo desconocía su existencia y, con ello, su contenido, sino que los encargos y minuta fijados en dicho documento jamás se han negociado, perfeccionado ni ejecutado con este despacho, siendo falso que Ilocad haya propuesto, facturado o cobrado la cantidad de 9 millones de euros».
En cuanto a los honorarios, Ilocad asegura que no los cobró de PDVSA, sino de Squire Patton Boggs, y que su importe es «muy inferior a la cantidad falsamente asignada».
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En medio de la crisis humanitaria que vive el país, la ausencia de apoyo popular y el creciente avance de grupos armados irregulares y del crimen organizado, Nicolás Maduro deberá enfrentar a partir de la próxima semana una nueva fase de las investigaciones de la Corte Penal Internacional que lo podrían comprometer en un juicio por violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Ahora el alto tribunal debe emitir un veredicto sobre la suerte del supuesto testaferro, vinculado a los negocios de importación de comida racionada por el régimen de Maduro a precios subsidiados entre los venezolanos más pobres.
