Acusaciones de EE UU cierran cualquier negociación con Maduro
En plena crisis del Covid-19 Estados Unidos radicaliza su postura frente a Venezuela y tras acusaciones de narcotráfico, pide elecciones libres con nuevo poder electoral
No solo se trata de una medida de Estados Unidos para presionar la salida de Nicolás Maduro. El jefe del chavismo forma parte de una alianza internacional de países que busca desplazar a Estados Unidos como líder mundial. Pero, según los señalamientos de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro, el juego geopolítico estaría asociado a vínculos con grupos terroristas, crimen organizado y narcotráfico, con lo cual, Maduro y sus aliados habrían traspasado una línea sin retorno, por lo que los consideran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El pasado 5 de marzo, Estados Unidos renovó el decreto que dictara el ex presidente Barak Obama que declaró a Venezuela como “una amenaza inusual”; decreto que sentó las bases para las posteriores sanciones aplicadas por la administración de Donald Trump. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro repudió que Washington haya elegido el aniversario del fallecimiento del líder Hugo Chávez (5 de marzo) para extender, por quinto año consecutivo «el decreto infame de Barack Obama». «Se nos han venido mil imperios encima y estamos de pie», sostuvo Maduro, quien recalcó que en ese período «no hubo traición, hubo lealtad y habrá victoria».
La rueda de prensa protagonizada, este jueves, por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en la que presentó cargos criminales contra el jefe del gobierno venezolano, Nicolás Maduro y los más importantes representantes de la cúpula del chavismo, en la que destacan: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello y el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, entre otros, le dan una estocada a cualquier tipo de negociaciones con las que el gobierno de Maduro buscaba retirar o aliviar las medidas individuales y financieras que pesan sobre ellos.
El mensaje de las autoridades de Estados Unidos también pone en sobreaviso a los diferentes sectores opositores que en los últimos días han estado analizando la posibilidad de encontrar acuerdos con Maduro para recibir ayuda del exterior; en un momento en que las industrias y servicios públicos de Venezuela están deteriorados, con los recursos financieros agotándose, comenzando por la principal fuente de ingresos que es el petróleo.
Esta vez la acusación formal de EEUU conlleva una condena en prisión de al menos 30 años; con una orden de captura internacional que tiene una recompensa entre 15 y 10 millones de dólares.
Maduro intenta reforzar su poder político utilizando la necesaria ayuda humanitaria como un elemento para demostrar quién controla los poderes del Estado y la Fuerza Armada; y sin su aval no sería posible que ésta llegara a los sectores más necesitados. Así apela a factores opositores como Henrique Capriles, Manuel Rosales y Henry Ramos Allup; pero deja de lado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo internacional.
Pero no solo está en juego la continuidad de Maduro en el poder. Con la nueva guerra fría encabezada por China, Rusia e Irán, frente a EEUU y la Unión Europea, se abre un nuevo escenario que ha cobrado fuerza a partir de la crisis generada por el Covid-19 y los efectos económicos que seguramente van a cambiar el escenario mundial. De allí que líderes del Grupo de los 20 (G-20), encabezados por Donald Trump, se reunieron vía videoconferencia para analizar medidas frente a la crisis provocada por el coronavirus y se anuncia un fondo de 4,5 billones de euros.
En esa nueva “guerra” Venezuela ha jugado un importante rol por su posición geopolítica en Latinoamérica y el fenómeno Hugo Chávez que tanto influyó en las últimas dos décadas. De allí que en la batalla contra el coronavirus, el chavismo ha exaltado el apoyo de estas dos potencias aliadas Rusia y China.
Las acusaciones que ya venían
Las acusaciones de altos funcionarios y jefes militares del gobierno de Maduro ya venían haciéndose desde el Departamento de Estado. El 8 de marzo de 2019 la Corte Federal de Manhattan emitió una sentencia contra El Aissami y Samark López, empresario a quien se señala de ser uno su allegados.
El Departamento del Tesoro denunció que el Vicepresidente del área económica habría protegido grandes cargamentos de droga provenientes de Venezuela a México y EEUU. De allí que el Servicio y Control de Aduanas e Inmigración de EEUU (ICE) el 31 de julio de 2019 lo incluyó en la lista de los más buscados emitiendo una orden de captura en su contra.
En mayo de 2018 Diosdado Cabello fue sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar involucrado en una “red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico”, en asociación con otros funcionarios.
Asimismo, el general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, fue acusado en EEUU en agosto de 2016 por cargos de tráfico de cocaína, junto con el ex subdirector del mismo ente, Edylberto José Molina, a quienes, fiscales estadounidenses llevaron el caso ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn, por haber recibido, cuando ostentaban los cargos de director y subdirector –respectivamente- de la Oficina Nacional Antidrogas, supuestos pagos provenientes del narcotráfico.
InSigth Crime detalla que los vínculos entre Walid Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más evidentes luego de la detención del empresario sirio-venezolano en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, en agosto de 2010. En ese momento, Makled era probablemente el narcotraficante venezolano más poderoso de su país, su nombre se agregó a la Lista Clinton en 2009. En entrevistas con los medios luego de su arresto, Makled declaraba: “todos mis socios comerciales son generales”.
Informe de la JIEF
El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIEF) de 2019 señaló la existencia del llamado “Cartel de los soles” que definieron como una organización compuesta por altos militares venezolanos dedicados al narcotráfico. Desde hace años se viene hablando en Venezuela de la existencia de militares que han participado en ese delito en alianza con las FARC. Sin embargo, es la primera vez que un organismo internacional reconoce su existencia como grupo organizado.
Según reseña el periodista especializado en el tema de seguridad, Javier Ignacio Mayorca, en su blog: “Crimen sin castigo”, el JIEF es un órgano de extraordinario prestigio y sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de estos miembros son propuestos por gobiernos de sus respectivos país, provenientes del mundo académico y de investigación.
Alianza con las FARC
Se ha denunciado asimismo que parte del grupo disidente de las FARC, encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich se encontraría refugiado en Venezuela. Es de recordar que durante la clausura del Foro de Sao Paulo, el 28 de julio de 2019, Nicolás Maduro declaró que los dos líderes de las FARC, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández Solarte alias “Jesús Santrich”, quienes ya para esa fecha eran prófugos de la justicia colombiana, “son bienvenidos al país cuando quieran y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir”; agregando que “son líderes de la paz” y “Timochenko, Catatumbo, y las FARC son bienvenidos a Venezuela cuando quieran venir porque son líderes de la paz”. Ha sido pues una alianza abierta y declarada públicamente por los líderes del chavismo.
Lo que exige EEUU
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este jueves, luego de conocerse las acusaciones a Maduro, el fin de la crisis política que afecta a Venezuela y dijo que los líderes venezolanos deberían despejar el camino para elecciones libres y justas en 2020.
En un comunicado también refirió que el primer paso sería un gobierno de transición negociado y con amplia aceptación que supervisaría las elecciones, las cuales estarían organizadas por autoridades independientes.
Esa negociación incluiría:
Un nuevo y balanceado Consejo Electoral Independiente seleccionado por la Asamblea Nacional, como determina la Constitución. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia justo e independiente para asegurar los principios de la justicia y proteger la integridad de la elección y el valor de cada voto.
Las elecciones tienen que estar abiertas a todos los partidos de la siguiente forma; restablecimiento de todos los poderes y autoridades de la Asamblea Nacional, la única autoridad parlamentaria constitucional de Venezuela.
Levantar todas las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en elecciones presidenciales y legislativas. Esto incluye protecciones para los que han salido del país por temores de seguridad y la liberación de todas las personas arbitrariamente detenidas y prisioneros políticos.
Acceso sin restricciones a los medios, las telecomunicaciones e Internet a las fuentes de noticias independientes y tiempo disponible para todos los candidatos, partidos y el electorado. “El régimen en disputa de Maduro no puede dictar el contenido de los medios de prensa independientes. Esto incluye el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión sin represión, represalias o interrupciones de servicio por motivos políticos” y observación electoral por partes independientes, domésticas e internacionales, sin restricciones.
Sin embargo, el Secretario de Estado de EEUU no dijo qué ocurriría con las acusaciones de narcotráfico contra Maduro y los jefes políticos del gobierno chavista.
Las exigencias propuestas por Pompeo implicarían la entrega del poder, dar paso a un gobierno de transición que lleve adelante el plan de elecciones libres y una garantía de refugio en algún país aliado para los jefes del chavismo acusados de narcotráfico.
Esta última opción ha sido rechazada por Maduro y Diosdado Cabello, quien en sus últimas intervenciones ha rescatado el lema “patria o muerte”.
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