Las claves del informe de Michelle Bachelet

El 21 de junio de este mismo año, la alta comisionada para los derechos humanos salió del país dejando un ambiente de tensión e incertidumbre. Este jueves fue publicado el tan esperado informe.

El reporte ofrece cifras de las violaciones, arrestos y muertes que han ocurrido en Venezuela y hace recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro.

Estas son las claves a saber del informe de Bachelet:

• «Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos», indica.
• «Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población. La velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales», señala.

• «Se documentaron varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales. 24 de ellos en 2018», expresa.

• «Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al gobierno», manifiesta.

• «Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones», detalla.

• «A medida que la crisis política, social y económica se fue agudizando, las manifestaciones contra el gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019. Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones», reporta el informe .

• «La GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves», indica.

• «Según el gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas fueron asesinadas entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el ACNUDH registró 66 decesos entre enero y mayo 2019. Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes», señala.

• «Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un juez. El temor a volver a ser detenidas ha llevado a varias de ellas a dejar el país», expresa.

• «135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019.  El ACNUDH también encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos. Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente», manifiesta.
• «El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas», reporta.

• «Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas», indica. 

• «Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65 por ciento desde 2015. Aumento en la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras», detalla.

• «La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales», expresa. 

• «El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del gobierno», indica.
• «Las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense», relata.

• «En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos trabajadores que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que protestaron por el estado en que se encontraba la atención de salud en el país fueron despedidos y amenazados por sus superiores y algunos fueron detenidos arbitrariamente», expresa.

• «En la mayoría de las detenciones, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas», informa.

• «Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas», indica.

• «El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas», detalla.
• «Desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil», manifiesta.

• «Las situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia», reporta.

Recomendaciones

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (Acnudh) realizó algunas recomendaciones que exhorta emprenda el régimen de Nicolás Maduro:

• «Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud».
• «Medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales».
• «Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad»
• «Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones»
• «Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas».

• «Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis».
• «Autorice el libre acceso a la información de interés público»
• «Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos».