La crisis por el coronavirus ha golpeado muy fuerte a los migrantes venezolanos. Un informe del Observatorio Venezolano de Migración reveló que 42 % perdió su empleo, 25 % no tiene dinero para comer, 66 % requiere de ayudas para vivir, 15 % se quedó sin casa, a 11 % le cortaron los servicios básicos por falta de pago
La crisis pandémica golpea a todos, pero a los migrantes venezolanos más. Según un muy reciente estudio del Observatorio Venezolano de Migración (OVM), 90 % sufre caída de sus ingresos, 42 % perdió su empleo y 66 % depende de donaciones para comer.
El informe Situación de migrantes venezolanos recientes en el contexto del COVID-19 lo realizó el Observatorio entre el 15 de marzo y el 15 de abril. El OVM es un organismo de la Universidad Católica Andrés Bello y sondeó la situación de migrantes venezolanos, la mayoría en Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Ocho de cada 10 de ellos tiene cargas familiares, en el mismo país o en Venezuela.
«Los pronósticos apuntan a que quienes tienen responsabilidades por cargas familiares en Venezuela enfrentarán dificultades para el envío de ayudas económicas o transferencias. Ello hará recular de nuevo la capacidad de consumo en Venezuela, que había experimentado cierta reactivación en 2019”, alerta el documento del OVM.
Los analistas del OVM estiman en dos millones los hogares que actualmente reciben remesas. También recuerdan que el Banco Mundial estima en 20% la caída de las remesas en todo el planeta por la pandemia.
El grueso de los migrantes venezolanos, 66 % confesó necesitar auxilio para alimentarse. No todos han podido acceder a esos donativos: 25 % no tiene dinero para comer y 33 % ha pedido la ayuda pero casi la mitad, 46 %, no la ha recibido.
Los venezolanos también padecen el desalojo de sus viviendas. 15 % se quedaron sin techo y 11 % sin servicios por falta de pago. Otro 20 % entró en irregularidad migratoria por suspensión de los trámites legales. 15 % ha necesitado atención médica y no han sido atendidos.
Aunque la mayoría, 61 %, apoya las medidas de los países de acogida para detener el coronavirus, 52 % no se sintieron incluidos en ellas. Para el momento de la encuesta, 61% manifestó no reportar síntomas de la enfermedad.
Un gran grueso de los migrantes venezolanos que salieron de su país entre 2017 y 2019 pasaban hambre. No había alimentos ni medicinas. Y el sistema de salud público era, y sigue siendo, paupérrimo. Ahora muchos de ellos están sufriendo condiciones parecidas en los países que escogieron para vivir.
Por eso, un tercio piensa en regresar. Otros, un poco más, prefieren aguantar y quedarse.
A la pregunta “¿ha pensado retornar a Venezuela debido a las adversidades que enfrenta por la aparición del COVID-19?”, 31 % admitió que sí lo considera. 16% no sabe y otro 20% no respondió. 34 % lo descartó. La mitad no cree que Venezuela garantice la atención de su salud.
La cantidad de quienes han regresado sigue siendo «discreta», según el informe, en comparación con el volumen que salió en los últimos dos años.
Atribuyen ese comportamiento a las restricciones a la movilidad impuestas por diferentes gobiernos, en particular el de Colombia, que busca evitar un retorno “desordenado” por sus fronteras.
A la incertidumbre sobre la situación de Venezuela se suma que persisten los factores que provocaron esa migración forzada, con tendencia a agravarse.
Retornar tampoco es fácil para quienes desean hacerlo. Además del retorno, difícil en condiciones de cierres de fronteras, esperan un recibimiento agreste en su país.
“Regresar a Venezuela puede suponer contar, al menos, con un techo y recibir algún apoyo familiar», expresa el informe. Pero alerta: «En este contexto de la pandemia, los migrantes retornados pueden enfrentar dificultades en sus comunidades de origen por estereotipos negativos y estigmatización al culparlos de traer la COVID-19. En Venezuela se constata que el Gobierno contribuye a exacerbar esos sentimientos al incorporar en su discurso elementos recriminatorios».
El informe refiere que a diario, en sus reportes sobre el COVID-19, el gobierno de Nicolás Maduro permanentemente remarca que los casos son traídos por los migrantes que retornan. En otras ocasiones, acusa de traidores a los que migraron, expresa su magnanimidad por recibirlos de vuelta, o les dice que en su país sí van a recibir la atención en salud que (aparentemente) les han negado.
«Toda esa carga negativa en el discurso oficial puede acarrear serias dificultades en la reintegración social de los migrantes retornados”, reflexionan en el informe.
La investigación Situación de migrantes venezolanos recientes en el contexto del COVID-19 se basó en un cuestionario de 27 preguntas. La encuesta se enfocó en identificar condición migratoria actual, situación laboral, efectos sobre ingresos, carga familiar, recursos para manutención, solicitud de ayuda, aprobación de las medidas de los gobiernos contra la pandemia y predisposición a retornar a Venezuela.
En la ficha técnica se especifica que “la muestra seleccionada se basó en la lista de 9.320 correos electrónicos compilados a partir de las 12.957 entrevistas efectuadas a emigrantes venezolanos que dejaron el país, del 8 de abril al 5 de mayo de 2019, cumpliendo las formalidades de control migratorio en la oficina de Migración Colombia, en el marco del segundo estudio sobre movilidad humana venezolana titulado Realidades y perspectivas de quienes emigran’.
De ese total se aplicó el cuestionario a 20%, que arrojó al final 390 respuestas. Un 9% de los que respondieron reportaron estar de regreso en Venezuela, aunque en 2019 intentaron un proyecto migratorio.
La casi totalidad de los participantes del estudio vive en Perú (29%), Colombia (23%), Ecuador (19%) y Chile (16%), con una fracción reducida de respuestas enviadas desde Argentina, España, Brasil y Panamá.
En el análisis de los datos se tiene en cuenta que la contención del coronavirus “ha generado pérdidas de millones de empleos y la consecuente caída de los ingresos por trabajo de las personas y en los hogares, siendo las personas migrantes un grupo de mayor vulnerabilidad por las condiciones de informalidad y precariedad de su inserción laboral”.
Este estudio estuvo a cargo de los investigadores Anitza Freitez, Rina Mazuera, Manuel Delgado y Bárbara Nava. El OVM es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES UCAB), que dirige la profesora Freitez, también coordinadora de la encuesta Encovi.
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