Venezuela es el país con más parlamentarios perseguidos

En estos tiempos de redes sociales se suele descalificar a quienes se dedican a la política. Se les identifica como pillos, ladrones, aprovechadores o corruptos. Una fotografía familiar de un dirigente puede ser utilizada como “prueba” de la buena vida y corrupción, según el punto de vista de quien dispara desde el teclado. La descalificación se extiende a periodistas, analistas, economistas y académicos, expuestos como mercenarios a través de las falsas noticias y de voceros de la “nómina” gubernamental.

Desde el año 2014, 15.750 personas han sido encarceladas por motivos políticos y 243 permanecen tras las rejas. De ellos 132 son del sector militar y 95% de los detenidos no han sido sentenciados, según los datos manejados por la ONG Foro Penal.

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que Venezuela es el país con más parlamentarios perseguidos en el mundo. En la 143ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) realizada en Madrid, España, del 26 al 30 de noviembre de 2021, se ratificaron las denuncias y graves violaciones de derechos que afectan a 134 (93 hombres y 41 mujeres) parlamentarios opositores como parte de esfuerzos continuos por parte de las autoridades ejecutivas y judiciales de Venezuela para socavar el funcionamiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Delsa Solórzano, quien fue vicepresidenta de Derechos Humanos de ese organismo por 5 años -hasta abril de 2021-, considera que las investigaciones realizadas por la UIP son muy rigurosas: “El informe es demoledor y muy descriptivo de lo que está sucediendo en el país. Seguimos informando a la UIP de manera permanente de todos los casos”.

El informe señala que “casi todos los parlamentarios han sido atacados o intimidados con impunidad por las fuerzas de seguridad y/o funcionarios progubernamentales y simpatizantes del oficialismo durante manifestaciones, dentro del parlamento o en sus hogares”.

Al menos 11 miembros de la Asamblea Nacional de 2015 fueron arrestados y puestos en libertad más tarde, por procedimientos judiciales motivados en lo político. En todos estos casos, los diputados fueron detenidos sin el debido respeto a las normas constitucionales sobre la inmunidad parlamentaria, el debido proceso y su tratamiento en detención.

“Personas relacionadas con parlamentarios de la oposición también han sido detenidas y hostigadas. Un parlamentario está actualmente bajo arresto domiciliario, 36 están en el exilio, 6 recientemente regresaron a Venezuela, 23 se encuentran con procesos judiciales y 6 tienen inhabilitación política. Los pasaportes de al menos 13 miembros del parlamento han sido confiscados, no renovados o cancelados por las autoridades, como una forma de ejercer presión y evitar que viajen al exterior para denunciar lo que pasa” señala la UIP.

El 31 de agosto de 2020, el presidente Nicolás Maduro indultó a 110 miembros de la oposición que habían sido acusados de cometer hechos delictivos. La decisión significó el cierre de un proceso penal en curso contra 26 parlamentarios y la liberación de 4 de ellos. Sin embargo, la persecución, hostigamiento e intimidación de diputados de oposición elegidos en 2015 continúa reseña la UIP y “estos parlamentarios temen por su vida, libertad e integridad física”.

“Desde 2013, la Unión Interparlamentaria (UIP) planteó enviar una delegación a Venezuela para constatar las denuncias que habían recibido. Del 23 al 27 de agosto de 2021 una delegación conjunta del Comité de Derechos Humanos y el Comité Ejecutivo de la UIP logró reunirse con representantes de las autoridades gubernamentales y con más de 60 de 134 parlamentarios electos en 2015 cuyos casos están siendo examinados por este organismo para obtener información de primera mano sobre sus situaciones individuales”.

La UIP instó a las autoridades a que pongan fin de inmediato a todas las formas de persecución contra parlamentarios de la oposición elegidos en 2015, para garantizar que todas las autoridades estatales respeten sus derechos humanos, investigar a fondo y establecer la rendición de cuentas por las denuncias de violaciones de sus derechos

Una carrera peligrosa

Gran parte de quienes se lanzan a la política han tenido que enfrentar una compleja carrera de obstáculos, cuyas barreras han tenido por delante la cárcel, la tortura, la pérdida de su vida familiar o el exilio. Una carrera que muchas veces termina con la muerte.

Así fue el caso del dirigente político venezolano Fernando Albán, por su dramático homicidio estando bajo custodia del Estado venezolano el 8 de octubre de 2018 cuando se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Según los registros del Foro Penal han fallecido 10 presos políticos en los últimos 10 años; el más reciente fue el exministro de Defensa, general Raúl Isaías Baduel, quien se encontraba recluido en El Helicoide y falleció el 12 de octubre de 2021. Igualmente destaca el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo quien falleció el 29 junio de 2019 luego de ser presentado ante un tribunal militar con síntomas evidentes de torturas.

Junto a Albán, Baduel y Acosta Arévalo, existen casos de políticos, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, o simplemente ciudadanos que han actuado a favor de su comunidad y han quedado tras las rejas, en el exilio y hasta olvidados en las noticias.

Hay tarifados

Ciertamente en la política figuran toda suerte de exponentes de la sociedad en la que no faltan intereses particulares, ambiciones personales, mercenarios que utilizan el acceso al poder para enriquecerse y toda clase de pillos que encontraron en la política una vía rápida para el ascenso y el manejo del poder.

La guerra de egos forma parte de ese componente que en Venezuela hemos visto en casi todas la etapas de la historia. Pero la propia dinámica de los sucesos siempre termina por identificar y poner al descubierto ese tipo de personajes.

El ejemplo de Albán

Recientemente fue publicado por Editorial Dahbar un libro con diez historias de presos torturados o fallecidos durante el chavismo: Ahora van a conocer al diablo, editado por el periodista Oscar Medina. Cada historia –narrada por un autor diferente- muestra la consecuencia extrema que puede sufrir una persona que se oponga al régimen.

Una de ellas recoge las penurias y el dolor que sufrió el concejal de Primero Justicia Fernando Albán -y su familia- solo por el hecho de haber asumido la política como una forma de ayudar a su comunidad y de trabajar a favor de llevar al país hacia un modelo democrático, de libertad e institucionalidad, en donde el sacrificio de la muerte no estaba contemplado.

La reseña de ese drama escrito por el periodista Erick Lezama, ofrece la visión de un político cuya esposa e hijos dieron prioridad sobre sus vidas personales, a la reconstrucción de esa Venezuela posible cuya destrucción económica, ética e institucional se aceleraba, con los años.

Albán salió electo concejal del municipio Libertador de Caracas por Primero Justicia en 2013 para continuar con su trabajo comunitario que solía hacer desde muy joven ya que le gustaba la política. En la Universidad Central de Venezuela (UCV), en donde estudió Derecho, se ligó a Primero Justicia y desde su actividad como concejal se vinculó a las iglesias y uno de sus proyectos fue organizar “las ollas solidarias” que comenzaron desde la pequeña iglesia de la UCV y se extendieron a otras parroquias de Caracas.

A partir de las protestas de 2014 y 2017, se comenzaron a complicar las cosas para él, su esposa y sus dos hijos, estudiantes universitarios. Algunos dirigentes comenzaron a ser encarcelados y la familia recibió amenazas directas de los colectivos armados. Ello los obligó a emigrar a Estados Unidos. Se instalaron en un pequeño apartamento en Nueva York, a partir de una beca obtenida por su hija María Fernanda y el trabajo en una biblioteca de una iglesia católica.

En agosto de 2018, dos meses antes de su asesinato, Albán viajó a Nueva York para reencontrarse con su familia. Llevaba años sin poder estar con ellos. Según narra el periodista Lezama, para ayudar a su familia aceptó un puesto como personal de mantenimiento en el edificio de cinco pisos en el que vivía su familia: “Barría, coleteaba los pasillos, pasaba la aspiradora y recogía la basura”.

Albán tenía en mente emigrar junto a su familia y desde allá continuar con su trabajo político. Tenía dudas por la responsabilidad que tenía con su partido y la comunidad a la que servía. Pero la represión se hacía cada vez más fuerte.

Días antes de su viaje fue detenido su compañero de partido Juan Requesens por el Sebin, por un supuesto atentado contra Nicolás Maduro con un drone el 4 de agosto de 2018, mientras daba un discurso en un acto en la avenida Bolívar de Caracas.

El 4 de octubre, cuatro días antes de ser asesinado, regresó a Venezuela soñando con su retorno al lado de su esposa y sus dos hijos. La despedida con su esposa e hijos fue dolorosa; había temor y malos presentimientos. Para tranquilizar a su esposa él le dijo: “Pero por Dios ¿qué me puede pasar a mí si yo soy un pendejo?”, destaca el relato de Lezama. Para ese momento, con 56 años, ya tenían 34 años juntos y les costaba estar separados.

El final de esta historia todos en Venezuela la conocen. Fue detenido e incomunicado desde que pisó el aeropuerto de Maiquetía, le hicieron la misma acusación que le atribuyeron a Requesens. Al parecer buscaban que señalara como cabeza de la conspiración a su amigo Julio Borges. Un día antes de su muerte fue visitado por familiares. Lo encontraron relativamente tranquilo y con la esperanza de salir pronto.

Su lucha no termina

Pero la historia no se detuvo con la muerte. El pasado 22 de octubre de 2021, dos años después de su muerte, su caso pasó a ser uno de los más importantes que se procesan en la Corte Penal Internacional. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), designó como asesor especial de su oficina al abogado chileno Claudio Grossman, quien ha tenido estrecha vinculación con la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Grossman, el único latinoamericano entre los 20 asesores que ha designado el fiscal de la CPI, también ha integrado el equipo de abogados que asesora a la familia de Albán.

El gobierno de Maduro procesó a dos de los funcionarios que custodiaban a Albán el día de su homicidio. Ello cambiaría la versión oficial que se había sostenido hasta ese momento en la que se alegó que Albán se había suicidado lanzándose desde el piso 10 por una ventana del baño.

Los funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio del concejal. Detalló el fiscal Tarek William Saab que los agentes fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada. «Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron en tal sentido una pena de 5 años y 10 meses de prisión», declaró.

Historias para reflexionar

Las agresiones contra los parlamentarios electos en 2015 llegaron a situaciones extremas con acciones violentas como la ocurrida en junio de 2017 cuando grupos colectivos, protegidos por los militares, irrumpieron en la propia sede de la Asamblea Nacional, atacaron e hirieron a los diputados en sesión.

A partir de allí, las detenciones, inhabilitaciones y el exilio fue el destino de dirigentes de los partidos opositores con representación en la mayoría parlamentaria.

La presunta compra de parlamentarios opositores y de supuestas figuras de opinión completó el cuadro que condujo a la división opositora y la desintegración de gran parte de su dirigencia promovida; además, por campañas de falsas noticias.

Es cierto que hubo errores desde la dirigencia opositora que no supo contrarrestar con eficacia las arremetidas del gobierno contra el parlamento de 2015 y sus partidos políticos. Pero el ejemplo de dirigentes como Albán y muchos otros que siguen trabajando, a pesar de las agresiones, constituyen una mayoría de activistas quienes han optado por la política como la única vía para el cambio hacia la democracia.

El triunfo opositor en Barinas es un punto de partida para una nueva etapa en donde las diferencias deben manejarse dentro de un concepto de democracia y no de destrucción.

El escenario de lucha es un país donde gobierna una cúpula autocrática que controla todos los poderes públicos y opera sin contrapeso. Pero, aun en las dictaduras más férreas, el poder no es un bloque monolítico y siempre hay fisuras por donde un pueblo descontento, pero organizado, puede promover los cambios. Si bien el triunfo opositor en Barinas no cambia la relación de fuerzas entre gobierno y oposición, la derrota en el territorio donde nació la revolución es un mensaje de que los cambios son posibles con unidad y objetivos precisos.