Desde la corrupción, el lavado de dinero, pasando por el tráfico de drogas, de oro y minerales, la importación de alimentos y medicinas, la venta paralela de petróleo, oro y productos industriales, hasta llegar a las bandas armadas, colectivos y la extorsión generalizada, en Venezuela conviven al menos ocho grandes grupos de delincuencia organizada que controlan territorio, comercio y parte de la economía del país.
Según el criminólogo y especialista Fermín Mármol García, todos ellos tienen, en mayor y menor grado, vínculos con el Gobierno y autoridades locales y nacionales. Algunos parten de vínculos ideológicos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Popular de Liberación (FPL), y los colectivos (bandas parapoliciales) armados, que tienen adicionalmente funciones de protección a la llamada revolución bolivariana; mientras otros se mueven con más autonomía en delitos como el tráfico de drogas, el secuestro o la extorsión.
Dos hechos criminales
Dos hechos destacan en las últimas semanas que describen con crudeza las nuevas y no tan nuevas modalidades del crimen organizado que operan en Venezuela.
La madrugada del 4 de mayo fueron asesinados en emboscada el general de brigada de la Aviación, Jakson Silva Zapata, de la Base Aérea de Palo Negro, de Maracay, junto a otros dos oficiales militares y dos funcionarios policiales.
Investigaciones del CICPC identificaron como responsables de la acción criminal a miembros de la megabanda “El Tren de Aragua”. Extraoficialmente se conoció que una vez cometidos los asesinatos los autores se refugiaron en el penal de Tocorón, desde donde había partido la orden de ejecución. Igualmente se conoció que posterior a los hechos los jefes de la mafia carcelaria, conocidos como “pranes” celebraron con una “megafiesta” la orden cumplida por la banda.
Ya resulta “normal” que delincuentes en penales salgan de las cárceles bajo la protección de los pranes o colectivos armados para cometer crímenes por encargo. Según los testimonios ofrecidos en distintos portales de información, suelen verse entrar, salir y ser protegidos y resguardados por las propias autoridades uniformadas al servicio del Estado, y por los llamados colectivos armados.
Otro hecho resaltante fueron las declaraciones del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y documentos clasificados, según los cuales presuntamente el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la FANB emitiría órdenes a las unidades militares para que colaboren con los grupos del ELN establecidos en territorio venezolano.
La denuncia presentada por el canciller colombiano ante el Grupo de Lima, el pasado 3 de mayo, está basada en documentos militares filtrados desde el sector militar. En uno de los documentos, con fecha del 11 de agosto de 2018, se ratifica la exigencia de colaboración que deben tener las unidades militares con el ELN; así como con otros grupos revolucionarios que hacen vida en territorio venezolano.
El documento está firmado por el A/J Remigio Ceballos, jefe del CEO. La orden especifica la colaboración que debe mantenerse con el ELN y otros grupos revolucionarios que son fuerzas aliadas y desaprueban cualquier operación militar contra el ELN sin la autorización u órdenes expresas de este comando operacional. Además se ordena la mayor colaboración logística o de inteligencia con esta organización. La alianza del chavismo con el ELN y las FARC ha sido abierta. Desde Hugo Chávez hasta Maduro, los jefes de políticos han mostrado públicamente ese apoyo.
Los grupos delictivos
Entre ocho grandes bloques del crimen organizado destacan los colectivos armados o paramilitares que son organizaciones promovidas desde el régimen. En los últimos 20 años han ido extendiéndose en todo el país, evolucionando en sus tareas, en las que combinan las acciones armadas contra la disidencia política, el manejo y la distribución de alimentos y sus vínculos con el delito común.
Segú detalla Mármol García, los colectivos urbanos responden a autoridades locales como el alcalde, el gobernador de estado o a determinados ministros. Es decir que el apalancamiento de los colectivos armados y violentos responde a la estructura de gobierno ejecutivo, y en muchos casos dependen de la nómina del gobierno.
La fachada social más próxima ha sido la distribución de alimentos sobre todo en las regiones de la capital y centro del país. Pero también tienen dentro de sus competencias la extorsión velada a empresarios y comerciantes; la distribución de licores y alimentos del sector privado; como parte de ese control territorial en el cual estos empresarios se ven obligados a pagar esa vacuna permanente (extorsión) para poder operar.
Estos grupos han recibido abiertamente entrenamiento paramilitar auspiciado por autoridades del gobierno bolivariano, en los que se destaca “la defensa de la patria” y la revolución. Esos entrenamientos han sido mostrados en televisión, en especial desde el programa de TV del capitán Diosdado Cabello “Con el mazo Dando”, donde el número 2 del régimen chavista exhibe imágenes donde las bandas exhiben armas de guerra.
También destaca el caso de Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, de la parroquia 23 de Enero, quien a pesar de ser un prófugo de la justicia venezolana, en sus apariciones ostenta fusiles de guerra llamando a la defensa de la revolución, rodeado de sus seguidores, igualmente armados. Irónicamente, Nicolás Maduro los ha llamado ¨Cuadrillas de paz”.
Pero resalta el criminólogo Mármol García que otras de las actividades ilícitas de los colectivos son el control de la distribución de drogas. De allí que estos grupos “armados y violentos” tienen un enemigo que son las bandas armadas y las megabandas delictivas no ideologizadas.
Por esa razón los colectivos armados fueron parte fundamental en las denominadas Operación Liberación del Pueblo (OLP) que fueron acciones de las fuerzas regulares policiales y militares para reducir la influencia de estas bandas en determinados territorios, porque tenían que sacar del juego a la competencia.
El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social identifica 565 bandas vinculadas a los llamados colectivos en el país. En su Informe de 2015 titulado ‟Venezuela: Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares″, destaca que estas agrupaciones paramilitares delictivas se han mezclado y mimetizado con expresiones de organización y participación popular como las comunas, consejos comunales y colectivos sociales, con presencia mayoritaria en el oeste de Caracas.
Los colectivos han mostrado su poder e influencia en el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente se observó en la fuerte represión en las zonas populares ante las recientes protestas por la falta de electricidad, agua potable y alimentos.
El ELN y el FPL
El ELN proveniente de Colombia está operando en Venezuela con mayor fuerza desde que se instaló Maduro en el poder. Junto al ELN también operan en Venezuela la disidencia de las FARC colombianas que no se acogió a la política de pacificación que inició el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sus vínculos en el país se establecieron desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez con apoyo económico, venta de armas y facilidades en las rutas del narcotráfico, tal como lo señalan los informes y acusaciones de tribunales internacionales.
Según explica Mármol García, aparte del vínculo ideológico como organizaciones que han apoyado al régimen bolivariano en Venezuela, tienen intereses en la zona donde operan y existen roces entre el ELN y la disidencia de las FARC y algunas estructuras paramilitares colombianas. Así mismo estas organizaciones han incursionado en el tráfico de oro a la par que mantienen las rutas del narcotráfico. Estas dos organizaciones tienen conexiones directas con gobernadores y alcaldes, con estructuras de inteligencia y algunos de sus líderes habrían recibido documentos de identidad venezolanos, de acuerdo con revelaciones del ex jefe de contrainteligencia militar, el mayor general Hugo Carvajal quien hoy se encuentra en el exilio.
El especialista estima que se podría estar hablando de unas 7.000 personas en armas que pertenecen a estos grupos rurales armados. A ellos se agrega el Frente Popular de Liberación (FPL) que públicamente ha declarado su respaldo armado a la revolución chavista y opera en Apure, Barinas, Táchira, y en menor intensidad en Mérida y en la zona sur del Lago.
No ideologizados
Otra estructura delictiva que destaca Mármol García por sus actuaciones recientes es el “pranato” carcelario. Según estima, la dirigen unos 200 pranes desde varios penales y considera que el Estado ha perdido control sobre este tipo de organización. A pesar de no tener ideología, mantienen un vínculo muy cercano con autoridades locales y nacionales. Eso les ha permitido operar con cierto margen de permisividad, y lograr facilidades como lo relacionado con pernocta de familiares y amigos, salir los fines de semana y hacer grandes fiestas que duran hasta tres días y en las que han participado hasta autoridades locales.
En este grupo no ideologizado se encuentran también las bandas y megabandas que según estima Mármol García concentran a unos 60 mil delincuentes. Son organizaciones muy flexibles que eventualmente pueden cambiar su actividad dependiendo de las circunstancias.
Estos grupos han logrado controles territoriales al igual que los colectivos y organizaciones armadas rurales, en este caso, a pesar de no tener soporte político. Sin embargo hay jefes de bandas, como el caso de “El Coqui”, de la megabanda de la Cota 905 en Caracas, que tiene contacto con las principales autoridades de la capital y expone su poder en las redes sociales.
Holding de cuello blanco
En este grupo puede incluirse al bloque criminal de la corrupción, del tráfico de drogas y el lavado de dinero, por el origen de su capital. Mármol García destaca que allí operan unas 12 mil personas.
Un informe de 2018, difundido por la cadena CNN y citado por The Washington Post, señala que los vuelos con droga desde Venezuela habían aumentado desde aproximadamente dos por semana en 2017 a casi todos los días en 2018. Citando a un funcionario de EEUU informaba que se habían detectado hasta 5 vuelos en una noche. En 2018 se estima que se traficaron desde Venezuela 265 toneladas de cocaína colombiana con un valor de 39 mil millones de dólares, según el informe.
Otro estudio, preparado para la Universidad de Defensa Nacional por Douglas Farach y Caitlyn Yates, citado en dicho trabajo, indica que que incluso mientras el régimen de Maduro vendió 73 toneladas de oro en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos el año pasado para recaudar efectivo, sus reservas crecieron en 11 toneladas, como resultado probable de la minería ilegal de oro, generada incluso por grupos rebeldes colombianos con sede en Venezuela. Esas ventas podrían haber recaudado cerca de $ 3 mil millones, más que suficiente para financiar las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares aún leales a Maduro.
Estas organizaciones del crimen organizado, con fuertes vínculos en el poder político, mueven grandes capitales, cuyas fortunas de miles de millones de dólares han sido denunciadas en tribunales internacionales y detectadas en paraísos fiscales. Componen estructuras de sociedades anónimas para comprar bienes inmuebles, rurales y urbanos, para permear el sistema financiero venezolano, y poder darle fachada legal. Estas inversiones en torres de oficinas, centros comerciales, etc. se realizan con dinero que no puede salir de Venezuela por las sanciones internacionales, destaca Mármol García.
Farah y Yates describen, en el trabajo publicado por The Washington Post, al régimen venezolano como parte de una red regional que denominan Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Se trataría de un «consorcio de estados criminalizados y actores no estatales». Identificaron a 181 individuos y 176 empresas en 26 países vinculados a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, “el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no durante un período de tiempo significativo (. . .) La capacidad de la red para adaptarse y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo hacia las arcas del régimen”.
