De cómo EEUU escogió las sanciones y no el camino militar contra Maduro

No fue la opción militar la que terminó aplicado la administración de Donald Trump, cuando hace tres años lanzó un paquete de sanciones contra las actividades principalmente comerciales de Petróleos de Venezuela.

La tesis de Washington, entonces, apuntaba a que las sanciones podrían irse ampliando en el tiempo y que finalmente buscan la asfixia financiera y comercial del gobierno de Nicolás Maduro. Se esperaba que desencadenasen la transición democrática. Tres años después, claramente, podemos decir que tal cosa no ocurrió, tampoco la asfixia económica del chavismo, que finalmente logró reinventarse.

Cuando se anunciaron las sanciones, en 2019, Estados Unidos para disgusto de un sector opositor dejaba en claro que no tomaría una ruta militar o de intervención contra Maduro. En aquel momento, un sector opositor en Venezuela había estado clamando por una intervención militar, pero esa opción no es la que estuvo finalmente sobre la mesa.

Tres años después de que se optara por la política de sanciones, desde la Casa Blanca se confirma el giro en la política hacia Venezuela. Desde que Joe Biden llegó al poder se buscaba cómo trazar una política distinta a la que se heredó de Trump, que en su momento fue definida como de “presión máxima”.

En este mes de mayo, entretanto, se ha iniciado un proceso, que a nuestro juicio podría ser sin retorno, de por un lado flexibilizar las sanciones contra PDVSA y por el otro de quitar estas medidas punitivas sobre algunas figuras del régimen de Maduro. El objetivo, sostiene ahora Washington, es lograr que haya una negociación.

Tanto en 2019 como en este 2022 nos seguimos preguntando sobre qué debería ocurrir para que Maduro negocie su salida del poder, y especialmente cómo y con quiénes podría construirse un gobierno de transición en Venezuela.

Junto con la decisión de relajar las sanciones, desde la Casa Blanca han reafirmado su compromiso con Juan Guaidó, como referente principal de la oposición, sin embargo, a todas luces su posición de “presidente encargado” luce a estas alturas como una ficción y su propia figura está bastante mellada, según diversos sondeos de opinión pública.

Consultado por DIARIO DE CUBA, desde Washington el abogado venezolano Mariano de Alba, especializado en derecho internacional, explica que la nueva decisión del gobierno de Donald Trump, anunciada este lunes 5 de agosto, tiene dos puntos principales.

Por allá por agosto de 2019 hubo una vuelta de tuerca en las sanciones, que ya no sólo incluía a PDVSA y sus operaciones comerciales, sino que se extendió a cualquier empresa estadounidense que hiciese negocios con el gobierno de Maduro. Por la vía de los hechos aquello alcanzó también a las empresas de otros países con intereses en EEUU.

A diferencia de sanciones de este tipo aprobadas contra Irán, Cuba o Siria, en el caso de Venezuela se han establecido tres grandes excepciones y luego se han difundido una serie de excepciones específicas. Las excepciones principales están relacionadas con alimentos, medicinas e insumos médicos y vestimenta.

Se creía, en 2019, que el impacto sería limitado para el ciudadano común. También se dibujaba una ruta sancionatoria que iría en alza, hasta lograr desalojar a Maduro del poder. Ninguna de las dos cosas fueron lo que en realidad ocurrió. El chavismo logró trasladar el peso de las sanciones, como antes con la crisis económica, a los más pobres; tomó el tema de las sanciones como parte central de su narrativa para explicar la crisis y encontró a un Trump, simbólicamente, como enemigo.

En el tiempo de Trump se superó el centenar de altos funcionarios, colaboradores de Maduro y sus familias, que recibieron sanciones personales de Washington. En enero de 2019, la administración Trump emitió una orden ejecutiva contra Petróleos de Venezuela, junto al reconocimiento que le dio a Guaidó como presidente interino.

Biden se ha colocado en la senda de ir flexibilizando las sanciones, de estar dispuesto a ello para que se vaya a una mesa de negociación (de cara a garantizar unas elecciones presidenciales en 2024, básicamente) y ha manifestado su interés en que se diversifique la coalición opositora, donde hasta ahora sigue mandando el llamado G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo).

El tablero diplomático se mueve. Y lo ha hecho en sentido contrario de lo que algunos esperaban. Sucedió en 2019, cuando se descartó una acción militar, y en este 2022, cuando se apuesta a la negociación.