Desobedecer al PSUV, a la cárcel sin pasar por GO

En Bolívar, el conflicto interno del partido rojo desnuda tres tentáculos: la gobernación, la alcaldía y la CVG. El desacato a las órdenes del partido sacó a José Ramón López de su despacho como alcalde para enviarlo directo a un calabozo en Anzoátegui, acusado de corrupción por contratos con más de tres años de haber sido firmados. Justicia, o represalia, con retroactivo

Desobedecer al PSUV, a la cárcel sin pasar por GO

 Los encontronazos siempre estuvieron presentes. La supuesta guerra, pugnas de poder, entre el alcalde de Caroní, José Ramón López, y el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, eran vox populi, pero la diplomacia política los obligaba a encontrarse, a darse la mano e, incluso, a abrazarse para disipar dudas y acoplar al poder popular. Todo hasta hace una semana.

López, upatense de nacimiento pero bautizado como el “hijo de Chirica” por su crianza en ese sector de San Félix, fue el candidato rojo perfecto para fortalecer y hacer crecer el liderazgo desde las bases. Su origen humilde y su trabajo social y político desde los tiempos del MBR-200 le permitieron ganar afecto y más de 100 mil votos en las elecciones municipales de 2008, cuando inició su primer mandato ya en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El apoyo popular creció en las elecciones de 2013, cuando repitió en el cargo, pero en la última contienda presidencial –la de abril de 2013- el PSUV perdió al municipio Caroní, el más importante del estado Bolívar; una derrota que rápidamente le fue cargada.

Rangel, que en algunas protestas de fracciones del oficialismo ha sido dibujado como un gran pulpo con diversos brazos de poder, empezó a tomar control de varias deficiencias del municipio para imponer su control y relegar a la municipalidad, incluso, sin consultarle sobre temas básicos como la coordinación para el proyecto de transporte urbano. El cisma entre ambos gobernantes creció y la disfuncionalidad de la familia pesuvista trepó.

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La cercanía de las elecciones parlamentarias, la notoria impresión de debilidad frente al adversario y el deseo de remontar cocinó en el seno de la tolda oficialista un acuerdo a puerta cerrada. Sus militantes no tienen total certeza de qué fue lo que ocurrió, pero cuentan que el retiro de López de la Alcaldía de Caroní era una línea dictada desde la plana mayor del partido. El hombre alegaba enfermedad, se retiraba a Cuba a resolver sus problemas de salud y, mientras tanto, el partido tomaba las riendas del municipio; sin más, saltando los 115 mil votos del pueblo, cuyo empoderamiento fue una de las principales banderas en los tiempos de Hugo Chávez.

Con la orden dictada, el alcalde López solicitó un permiso médico por 90 días por supuestos problemas de salud, que desencadenaron en una patología múltiple que requirió operaciones y terapias, según alegó la junta médica. El salvoconducto lo solicitó el 27 de agosto y las primeras intervenciones quirúrgicas se realizaron a finales de ese mes.

Ya se había oficializado la creación de la Corporación de Desarrollo del municipio Caroní, Eje San Félix (Corpo-San Félix), presidida por el mayor general Justo Noguera Pietri –ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana-, una especie de protector paralelo del sector popular similar al rol designado a Elías Jaua en el estado Miranda. Los rumores, cada vez más intensos, ubicaban a Noguera, también presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, como elegido para hacerse del control del despacho municipal.

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Pero López, aparentemente enterado de la jugada y obligado a responder, volvió a su escritorio, desafiando la orden de ceder el paso en la municipalidad. Así, el alcalde reelecto anunció su recuperación récord y su regreso al cargo el 16 de septiembre pero, sorpresivamente, 10 minutos después de la celebración por tal retorno, anunció desde la misma mesa la solicitud de un nuevo permiso por 90 días: un ardid para evitar la declaratoria de ausencia absoluta y con ello el llamado a elecciones antes de cumplirse los dos años de su segundo mandato.

Tanto en el primero como en el segundo permiso, López designó como alcalde encargado a quien hasta entonces era su aliado: Eriberto Aguilera, quien se desempeñó en años previos como Coordinador General de la municipalidad. Todo parecía funcionarle hasta el 25 de septiembre cuando, en medio de una nueva protesta por la supuesta designación de Noguera Pietri como coordinador general de la Alcaldía, decide volver y revocar la resolución con la que designaba al alcalde (e). No pasaron ni 24 horas, cuando el Tribunal Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del estado Bolívar resolvió anular el regreso de López y dejar sin efecto la resolución que defenestraba a Aguilera, ahora incondicional del Gobernador.

El desacato a la instrucción central de la tolda roja al regresar a su cargo, aseguran, precipitó la detención de López en la tarde del domingo 27 de septiembre cuando se presentó en la sede del Sebin en San Félix, atendiendo a una orden de detención en su contra emanada del Juzgado Quinto de Control de la jurisdicción y solicitada por el Ministerio Público. Se le relacionó con irregularidades en la contratación de empresas como Sisvencorp para el área tributaria, que operó durante más de tres años sin ser investigada.

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Dos días después, el Tribunal lo imputó por los presuntos delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio y ordenó su reclusión en la sede del Sebin en El Tigre, estado Anzoátegui, en donde está detenido desde entonces, lejos del pueblo que lo eligió y lo reafirmó como Alcalde.

Con López tras las rejas, la vida del PSUV continúa y el gobernador Rangel Gómez ha celebrado la unidad perfecta y la “impresionante” integración de los entes de gobierno regional. “Es un equipo como nunca habíamos funcionado, con un nivel de integración impresionante, todos nos damos la mano, nos apoyamos unos con otros. Todos juntos que es lo que espera este pueblo y fue el sueño del gigante Hugo Chávez”, confesó recientemente a través de su programa radial.

Alcaldía acéfala

La judicialización de la política interna del PSUV, los conflictos de poder y el quiebre en las bases, a pesar de la “unidad como el macizo guayanés” que pregonan algunos voceros, resienten el estamento legal. La situación ha socavado la institucionalidad y la autonomía municipal de Puerto Ordaz y San Félix.

El abogado y ex síndico del municipio Caroní, Luis Antonio Anaya, asegura que la Alcaldía se encuentra acéfala y, cuanto antes, la Cámara Municipal debe designar un suplente para recuperar la institucionalidad. Según el especialista, los lapsos judiciales harían “imposible” que en un par de horas se produjera una resolución de un Tribunal que anulara el regreso de López a su despacho. Pero ocurrió y además la Cámara Municipal de Caroní reconoce a Eriberto Aguilera como encargado de la municipalidad.

Anaya asegura que a López solo se le debería considerar en ausencia absoluta “cuando se produzca una sentencia condenatoria y definitivamente firme, que no admita recurso alguno, bien porque se haya producido en última instancia o bien porque no hayan sido ejercidos oportunamente los recursos de apelación y de casación”. Hasta tanto, el encarcelado debe seguir considerado como Alcalde electo, similar al caso de Antonio Ledezma en Caracas,

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Espiral de silencio

El viernes 2 de octubre, el Partido Socialista convocó una marcha para “dar una demostración de fuerza, de unidad férrea del proceso revolucionario”, según explicó desde la actividad el propio Rangel Gómez, quien estuvo acompañado por los candidatos a la Asamblea Nacional (AN) Ángel Marcano y Nancy Ascencio. El alcalde encargado de Caroní, Eriberto Aguilera, estuvo a su lado como ha ocurrido desde el 25 de septiembre, cuando comenzó a ser llamado “ciudadano alcalde” por el gobernador del Estado; pero a la concentración no asistió Diosdado Cabello, aun cuando era esperado para conocer su postura, como Vicepresidente de la tolda roja, sobre la salida -vía enjuciamiento judicial- del alcalde José Ramón López.

Los oficialistas disidentes convocaron para el día siguiente, el sábado 3 de octubre, una marcha en respaldo a José Ramón López y una rueda de prensa, en respuesta a la movilización organizada por Rangel Gómez. Pero las actividades de los no alineados fueron suspendidas. No hubo explicación.

Hasta ahora, pocos atreven a exponer el pescuezo. A través de un comunicado, las asociaciones provivienda, comunidades y trabajadores de las empresas básicas emplazaron a la Cámara Municipal a reconocer las decisiones de José Ramón López y reconocer a Gregoria González, coordinadora general nombrada el 2 de septiembre, como alcalde encargada. Advierten que se está usurpando “el poder constituyente originario del pueblo que votó el 8 de diciembre del 2013 por López Rondón, (…) está roto el hilo constitucional y técnicamente eso es un golpe de Estado”.

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No es la primera vez que movimientos sociales simpatizantes del oficialismo van en contra de la línea del partido. En 2012, tras la remoción de Elio Sayago de la presidencia de CVG Alcasa por supuestas imposiciones del gobernador Rangel Gómez, los colectivos revolucionarios criticaron a través de un remitido nacional lo que llamaron una “ofensiva contrarrevolucionaria”, rechazando que Bolívar se convirtiera en un feudo del gobernador Francisco Rangel Gómez.

Casos pendientes

La detención de José Ramón López se anuncia como parte de la campaña del presidente Nicolás Maduro contra la corrupción. Pero la cartera de investigaciones pendientes en Guayana es extensa. Destacan el caso de la mafia de las cabillas que tenía como foco Sidor y que motivó la detención del entonces gerente de comercialización de la acería y coordinador de finanzas del PSUV, Luis Velásquez, y su posterior liberación en 2013. No ha habido resolución judicial.

Las contrataciones de la Gobernación de Bolívar, encabezada por Francisco Rangel Gómez, con empresas aliadas, supuestamente saltando los pasos legales de licitación, también han sido denunciadas en múltiples ocasiones por el diputado a la Asamblea Nacional Andrés Velásquez sin hasta ahora ser investigadas.